La posibilidad de una amnistía para militares y guerrilleros involucrados en el conflicto armado interno en Guatemala fue rechazada esta semana por organizaciones de derechos humanos.
El gobierno y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se encuentran en la etapa final de un diálogo de paz iniciado en 1991 para poner fin a un conflicto armado interno que lleva más de 35 años.
Carlos Aldana, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), dijo a IPS que en sectores cercanos a las negociaciones de paz se está manejando extraoficialmente la posibilidad de una amnistía, por lo que es preciso que la sociedad civil discuta este tema antes que sea un hecho.
Aldana indicó que la ODHA se opone a esta amnistía, ya que podría ser la puerta abierta para que se haga "borrón y cuenta nueva" y hechos muy graves queden impunes.
"No puede haber perdón y reconciliación si no hay una aceptación de las responsabilidades", declaró el dirigente católico.
La gubernamental Comisión de Paz (COPAZ) negó que se esté discutiendo ya sobre una figura de amnistía, pero evitó opinar sobre el particular hasta que exista una postura oficial sobre el tema.
El Ministro de la Defensa, general Julio Balconi, abogó en cambio por que se decrete una amnistía general que incluya a militares e insurgentes involucrados en hechos relacionados con el enfrentamiento armado.
Balconi aclaró que no estarían incluídos en la medida las masacres, o asesinatos en que se haya comprobado la participación de autoridades.
Gaspar Ilom, miembro de la comandancia general de la URNG, señaló que la guerrilla mantiene invariable el principio de no aceptar una amnistía.
"Aceptarla es admitir que se ha cometido un delito y nosotros lo que hemos hecho es recurrir al legítimo derecho de rebelión", dijo el surgente a la prensa en México.
Ilom aceptó que en reuniones con el gobierno "en alguna oportunidad se han barajado posibilidades de figuras jurídicas, pero no hay una propuesta definida aún sobre la reincorporación de la guerrilla a la vida civil cuando sea firmada la paz.
Dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos como Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack y Juan Quiñónez, del Centro de Atención Legal de Derechos Humanos (CALDH), coincidieron en desaprobar la aplicación de una amnistía general.
"Sería fenomenal si no se diera la amnistía, porque lo lógico sería que cada quien pague sus culpas" dijo Mack, que desde hace años está luchando por esclarecer el asesinato de su hermana, la antropóloga Myrna Mack, ocurrido en 1990 .
Mack y Quiñónez dijeron a IPS que una amnistía sería violatoria del acuerdo global sobre derechos humanos firmado por el gobierno y la guerrilla en marzo de 1994 en el marco del diálogo de paz.
Ese tratado establece en uno de sus incisos que debe actuarse con firmeza contra la impunidad y que el gobierno no propiciará medidas orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Según Quiñónez, un modelo interesante es el caso de Sudáfrica, donde se dispuso que la persona que quiera acogerse a la amnistía tiene que llegar a los tribunales de justicia, declarar los crímenes en los que participó e identificar a sus cómplices y a los autores intelectuales del crimen.
"Eso es un reconocimiento de culpa que pasa también por reconocer la verdad de lo ocurrido, porque si se niega la verdad no se está ayudando al proceso de paz. Así una amnistía general no ayudará a la reconciliación", dijo Quiñónez.
Mack cree que la amnistía es prácticamente inevitable para asegurar la reinserción de los insurgentes a la vida política del país.
Hay que discutir "en que términos, porque lo que no se puede dar es una amnistía general", precisó. /FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/96)
