Pese a que Colombia registra la más grave crisis institucional de las últimas décadas, las pocas acciones del conjunto social para encontrar una posible salida, aparecen limitadas a la formulación de ásperas críticas, mútuas acusaciones y la generación de una mayor violencia social.
Así lo demuestran los recientes acontecimientos en los que por igual se involucran sectores políticos, económicos, bancarios, eclesiásticos, la guerrilla y el mismo Estado.
Estos hechos, lejos de constituir intentos efectivos y compartidos para resolver la problemática actual y buscar la pacificación de Colombia, se han convertido en elementos disociadores y, lo que es más grave aún, en factores generadores de violencia.
El paro armado impuesto por la guerrilla en demanda de la renuncia del presidente Ernesto Samper, acusado de financiar su campaña electoral con fondos provenientes del narcotráfico, es una prueba de lo señalado.
Efectivamente, el recurso de la violencia no sólo no aporta a la solución de problema alguno sino que, como en el caso actual de Colombia, lo agudiza y lo vuelve más complejo por ese principio de abuso y arbitrariedad que conlleva.
Los resultados del paro armado ya están expuestos. En dos días de violencia se registraron, según datos provisionales, cerca de tres decenas de muertos, 25 heridos, dos millones de dólares en pérdidas materiales y, lógicamente, ningún indicio de solución.
Lamentablemente, la violencia en Colombia es un fenómeno recurrente y secular, el cual se advierte de manera permanente en los altos índices de violaciones de los derechos humanos que a diario proporcionan los medios de comunicación, organismos humanitarios y las mismas entidades estatales.
El grado de violencia en Colombia es tan elevado, que las estadísticas la ubican como la nación con el mayor índice de homicidios en el mundo, con una tasa de 78,47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Los asesinatos masivos de obreros cometidos en Urabá en 1995 por fuerzas paramilitares son una prueba de ello. Sólo en los 10 primeros meses se cometieron más de 700 homicidios en la región bananera del noroeste colombiano.
Como hemos reiterado, las causas de la violencia responden en un alto porcentaje al terrorismo político, pero también a fenómenos derivados del narcotráfico y la violencia común.
Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que en conjunto, las causas generadoras de violencia tienen sus profundos orígenes en los niveles de injusticia social, en los graves desequilibrios económicos y en las desiguales oportunidades de desarrollo para el conjunto de la población.
Sin embargo, cualquiera que sea el origen de la violencia que impera en Colombia, lo cierto es que sólo en 1995 el cruento fenómeno cobró más de 30.000 muertes.
Según estimaciones de organismos estatales, el 56 por ciento del terrorismo colombiano se encuentra afectado por la acción de los diferentes grupos guerrilleros. Esta violencia mantiene acosados a más de tres millones de colombianos, particularmente en las zonas rurales.
Los mismos estudios sostienen que la violencia guerrillera le significa al país pérdidas promedio de mil millones de dólares anuales, de los cuales el 25 por ciento corresponden al total de pagos por el rescate de secuestrados, en tanto que un 50 por ciento se debe al costo de actos terroristas.
El clima de violencia generalizada que soporta Colombia afecta también a las fuerzas de seguridad encargadas de procurar el orden y garantizar la tranquilidad ciudadana. Los excesos y abusos en su actuación son constantemente denunciados por las víctimas y los organismos humanitarios.
Por tanto, la crisis política que hoy afecta a esta nación debe enfrentarse por otros causes que estén completamente alejados de cualquier forma de violencia, a fin de evitar un mayor daño social.
Colombia necesita resolver su crisis sin poner a prueba la tolerancia de su pueblo y dejando que la institucionalidad democrática actúe plenamente para posibilitar una salida adecuada y justa que indudablemente la fortalecerá.
Además, ello significaría un estímulo para el hasta ahora fallido proceso de pacificación, tarea urgente que debe ser emprendida por el conjunto social contemplando la incorporación de políticas que ataquen los verdaderos orígenes de la violencia antes expuestos. (FIN/IPS/jdp/ag/hd/96)
(*) Secretario Ejecutivo de ALDHU
