Las escasas o nulas reformas a que han sido sometidas las policías de países latinoamericanos a la salida de las dictaduras militares explican en parte el alto número de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes "de seguridad".
Así lo piensan, por ejemplo, militantes de organizaciones humanitarias de diversas naciones del área.
Brasil, Argentina, Haití son algunos de los países de la región en que "los agentes del orden se han convertido en verdaderos azotes para franjas enteras de la población, en especial para los sectores marginados o para los jóvenes", considera un integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.
En ese país, "uno de los más denunciados por violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" según la organización humanitaria America's Watch, varios organismos se han constituído para denunciar y procurar sancionar la violencia policial.
Uno de ellos es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y otro la Comisión de Familiares de Víctimas de la Violencia Institucional (COFAVI).
"Cuando empezamos, en 1992, teníamos cuatro casos. Hoy reunimos 350 denuncias y tenemos acceso a 250 causas judiciales", cuenta María Teresa Schiavini, madre de un muchacho "desaparecido" en plena democracia y dirigente de COFAVI.
Un informe del CELS va en el mismo sentido, al revelar que el año pasado los casos de violencia policial aumentaron 60 por ciento respecto a 1994.
En 1995 unos 135 civiles fueron muertos por agentes de seguridad en circunstancias "irregulares" (ejecuciones, uso excesivo de la fuerza, malos tratos durante la detención).
En total, en espacio de una década, entre 1985 y el año pasado, unas 1.300 personas murieron como consecuencia del "gatillo fácil" de la policía sólo en Buenos Aires y su periferia, señala el documento del CELS.
Febrero pasado fue un botón de muestra de esos hechos. En ese mes, en espacio de muy pocos días tres jóvenes fueron virtualmente ejecutados por agentes por delitos como conducir a alta velocidad o huir corriendo ante un control policial.
El caso de Brasil es aún más espeluznante.
De acuerdo a datos de America's Watch, sólo en el primer semestre de 1995 la policía mató a 191 personas en Río de Janeiro y a 336 en Sao Paulo, la gran mayoría jóvenes.
Las cifras registran un pronunciado descenso respecto a años anteriores (en 1994 los civiles muertos por las fuerzas de seguridad en Sao Paulo fueron 1.400), pero siguen siendo "injustificadamente elevadas", según grupos de defensa de los derechos humanos.
Habitantes de las "favelas" (barrios marginales), y campesinos ocupantes de tierras figuran entre las víctimas principales de la violencia policial. En 1992, 111 reclusos amotinados en el Centro de Detención de Sao Paulo fueron masacrados por las fuerzas de seguridad.
La mayor parte de los responsables de esos "excesos", como eufemísticamente fueron calificados por algunos responsables policiales utilizando una terminología cara a las dictaduras militares, han permanecido impunes.
A ello debe agregarse el hecho que muchos policías (esu número exacto se desconoce) forman parte de los "grupos de exterminio", sucesores de los escuadrones de la muerte de décadas pasadas.
Esas organizaciones clandestinas, especializadas en la ejecución de delincuentes y niños de la calle, asesinaron en 1994 a 1.400 personas, 250 más que el año anterior.
Los "grupos de exterminio" están omnipresentes en Brasil pero son particularmente activos en Sao Paulo, Minas Gerais y la periferia de Río de Janeiro.
Grupos humanitarios e investigadores atribuyen en parte la violencia policial al hecho que las fuerzas de seguridad han permanecido prácticamente intocadas tras el fin de la dictadura militar (1984).
Citan en ese sentido que programas de educación y disciplinamiento llevados a cabo en la policía militar en Sao Paulo lograron reducir la violencia de ese cuerpo y como consecuencia el número de víctimas mortales de sus agentes.
En Haití, la flamante Policía Nacional (PNH) está siendo acusada de utilizar los mismos métodos que las temidas fuerzas de represión de la dictadura derrocada en 1994.
"Los agentes hacen lo que quieren y nadie ejerce control sobre ellos", denunció Daniel Roussière, sacerdote católico y miembro de la Comisión Paz y Justicia.
Integrantes de la PNH son acusados de actuar con suma violencia contra jóvenes que participan en fiestas, campesinos que ocupan tierras, manifestantes.
Según un informe de Naciones Unidas publicado en marzo, una quincena de personas murieron en operaciones policiales durante los seis meses anteriores.
"No queremos el mismo tipo de seguridad contra la cual los haitianos luchamos durante tanto tiempo", proclamó Jean Charles Moise, alcalde de Milot, una localidad del norte del país en que campesinos que ocuparon unas 50 hectáreas de tierra fueron duramente reprimidos en febrero último. (FIN/IPS/dg/ip-hd/96)
