La crisis que afronta Colombia se vio agravada hoy por un "paro armado" promovido por la guerrilla, que protagonizó una serie de acciones en varios puntos del territorio nacioanl, y que el gobierno aseguró que pretende desestabilizar al país.
El ministro de Defensa, Juan Esguerra, considera que la guerrilla, mediante hechos espectaculares como los ocurridos en la madrugada de este lunes, que dejaron un saldo de al menos 12 muertos entre militares, guerrilleros y civiles, pretende dar la idea de que domina determinadas regiones de Colombia.
Las acciones guerrilleras afectaron los departamentos de Guajira, Cesar y Sucre, en el norte, Valle y Santander, en el oeste, Antioquia, en el noroeste, y Huila, en el centro.
En Antioquia murieron tres insurgentes en un enfrentamiento entre el Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor y más antigua organización guerrillera del país.
El comandante en jefe del Ejército, el general Harold Bedoya, informó que los guerrilleros interrumpieron parcialmente la comunicación terrestre entre Bogotá y las capitales departamentales del norte y el este, dinamitaron dos oleoductos, quemaron cuatro autobuses y emboscaron una patrulla policial.
Bedoya indicó, no obstante, que se trató de "acciones aisladas" que fueron rápidamente enfrentadas por el Ejército.
El ministro de Defensa aseguró que pese a estos hechos violentos el gobierno persiste en su interés de continuar los contactos con los grupos armados en busca de acuerdos de paz, pues con su suspensión "se le daría gusto a los sectores más radicales de la guerrilla".
Reconoció que hay sectores guerrilleros interesados en buscar fórmulas que conduzcan a "una paz duradera para el país".
Esguerra no descartó que fuera parte de este plan de desestabilización de la guerrilla el secuestro del empresario Juan Gaviria, hermano del ex presidente y secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria.
El secuestro del hermano del secretario de la OEA, con quien el presidente Ernesto Samper ha tenido diferencias en la actual crisis institucional, complicó el escenario político y alimentó diferentes hipótesis sobre sus autores y móviles.
Según miembros del gobierno, allegados al grupo de Gaviria estarían interesados en desestabilizar a Samper, afectado por la investigación sobre la presunta financiación de su campaña electoral con dinero procedente del narcotráfico.
La posibilidad señalada por el ministro de Defensa, de que pudo tratarse de una acción de la guerrilla, ha sido descartada por analistas, que sostienen que no hay datos recientes de una operación guerrillera similar en la región central de Colombia, donde se produjo la desaparición de Gaviria.
La influyente revista Semana aseguró en su edición de este lunes que los grupos de la guerrilla activa -las FARC y Ejército de Liberación Nacional (ELN)- no estarían interesados actualmente en secuestros de carácter político.
En caso de que se tratase de un secuestro por móviles políticos, lo más probable es que los guerrilleros prefieran "víctimas menos conocidas y más adineradas", sostuvo la revista.
Otra opción, "la más preocupante" según una fuente del gobierno, es que Gaviria haya sido secuestrado por una organización del narcotráfico.
Esta afirmación surge de informes de inteligencia según los cuales desde hace algunos meses se han detectado planes por parte de algunos narcotraficantes encarcelados de organizar un brazo armado para realizar acciones terroristas.
Los informes coinciden con el hecho de que José Santacruz, considerado el tercer hombre del Cartel de Cali, fue baleado por la policía el 5 de marzo en la noroccidental ciudad de Medellín a donde habría ido a establecer contacto con narcotraficantes para organizar este brazo armado.
Una tercera hipótesis, tampoco descartada por el gobierno, consiste en que Gaviria haya sido secuestrado por una poderosa organización de la delincuencia común.
En todo caso, la desaparición del empresario obligó al gobierno de Samper a un delicado manejo del hecho, del que están encargados directamente el ministro Esguerra y el director de la política antisecuestros, Alberto Villamizar. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
