El activista por los derechos humanos chino-estadounidense Harry Wu acusó al Banco Mundial de financiar a una organización militar y campos de trabajo forzado de presos políticos en la pobre provincia occidental de Xianjing.
En un nuevo informe de la Fundación Laogai, con sede en California, Wu sostuvo que los informes del Banco Mundial sugieren que la entidad internacional encubre la verdadera naturaleza del Cuerpo de Producción y Construcción de Xianjing (XPCC), que cuenta con su respaldo financiero.
El activista reclamó al presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, que corte sus vínculos con el XPCC y que los proyectos financiados por el organismo en Xinjiang sean investigados por una comisión internacional independiente.
Funcionarios del banco rechazaron las nuevas acusaciones de Wu. "No vemos en este informe nada más que suposiciones y aseveraciones insustanciales", dijo el vocero de prensa de la División para el Pacífico y Asia Oriental del Banco Mundial, Graham Barrett.
El XPCC maneja campos de prisioneros y emprendimientos civiles y comerciales, entre ellas granjas estatales, con decenas de millones de dólares aportados por el Banco Mundial, pero la entidad sostiene que su financiamiento se dirige sólo a obras civiles.
Cerca de 2,2 millones de los 15 millones de habitantes de la región autónoma de Xinjiang, una zona árida y remota de China, integran la minoría musulmana uygur.
Decenas de miles de prisioneros políticos fueron recluidos en campos de trabajo forzado de la región. El propio Wu pasó 19 años como prisionero en esos campos, conocidos en lengua china como "laogai", antes de su liberación y su radicación en Estados Unidos, en 1985.
El verano pasado, el activista logró notoriedad en todo el mundo cuando se lo arrestó al intentar su ingreso a China para recopilar información.
El gobierno de Estados Unidos y la primera dama, Hillary Clinton, se resistieron a asistir a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en septiembre de 1995, hasta que Wu fuera liberado, lo que ocurrió inmediatamente antes de la reunión.
Wu afirmó en octubre pasado que un préstamo de 125 millones de dólares aprobado por el Banco Mundial en agosto de 1991 se emplea en el funcionamiento de 21 laogai ubicados en Xinjiang. El activista afirmó que él mismo corroboró estos datos en un viaje secreto que emprendió a la región en 1994.
El Banco Mundial ordenó una investigación sobre la marcha de los siete proyectos que cuentan con su financiamiento en Xianjing. En diciembre de 1995, un informe de 14 páginas difundido por la entidad refutaba las acusaciones de Wu.
El banco confirmó que el XPCC "administra prisiones y granjas carcelarias adjuntas", aunque insistió en que su financiamiento se dirige exclusivamente a la población pobre, fundamentalmente granjas uygur y comunidades.
La investigación "no encontró evidencia para para contradecir la denuncia" pues fue "incapaz de corroborar de forma independiente" las afirmaciones de las autoridades chinas sobre la ausencia de vínculos entre el XPCC y los militares, según el informe de Wu.
El activista consideró "atroz" que el Banco Mundial aceptara la versión de Beijing a la luz de nuevas evidencias sobre el papel militar del XPCC.
El informe de Wu, titulado "El Banco Mundial y los militares de China: ¿Ignorancia, incompetencia o encubrimiento?", respalda su versión sobre la función castrense del XPCC con informes de Beijing y del Pentágono y con reproducciones del propio periódico del XPCC.
La Fundación Laogai sostuvo que el XPCC participó activamente en la represión de protestas en favor de la democracia en 1989 y de una "rebelión" de los uygar en 1990, que concluyó con un saldo de 22 muertes.
"Es escandaloso que el Banco Mundial tenga trato con esta organización y que mienta al respecto", dijo Jeff Fiedler, funcionario de la Fundación Laogai.
El informe de Wu reproduce una página de un periódico de la Comisión Militar Central de Beijing, que elogió a la Primera División del XPCC por su papel en la "construcción de milicias".
La edición corresponde a noviembre de 1995, fecha en que la misión investigadora del Banco Mundial estaba en China.
"Mientras el gobierno de China le decía al Banco Mundial que el XPCC no tenía vínculos con el Ejército de Liberación Popular, ellos mismos publicaban evidencia en contrario", dijo Wu.
Barrett, sin embargo, afirma que las acusaciones de Wu son equivocadas o irrelevantes. El XPCC, dijo, "es una entidad casu gubernamental con un amplio abanico de responsabilidades".
"Nosotros trabajamos sólo con sus entidades civiles y comerciales para contribuir en la implementación de dos o tres proyectos en Xinjiang", agregó.
"Estamos satisfechos porque no existen vínculos entre estos proyectos y el trabajo forzado o la actividad militar. El dinero se utilizó para los propósitos establecidos", sostuvo Barrett.
Pero Sidney Jones, del grupo Human Rights Watch/Asia con sede en Nueva York, opinó que "si el XPCC actúa como si fuera un gobierno local de naturaleza militar, el Banco Mundial no debería acordar con la entidad". (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/mj/hd/96)
