Hace ya tiempo que los expertos hablan de la activación de una "bomba de tiempo" en la mayoría de las cárceles latinoamericanas, pero lo que era visto como una exageración retórica se está tornando una realidad dramática en países como Brasil y Argentina.
En esas dos naciones las autoridades pasaron esta semana tratando de desactivar rebeliones en dos penales y preparándose para enfrentar amenazas de un "efecto dominó" en varios otros establecimientos carcelarios.
En Brasil, según datos de las autoridades hay dos intentos de fuga por día en las 511 cárceles del país, donde ocurre un promedio de una rebelión cada 10 días.
La población carcelaria duplica la capacidad de los centros de detención, unas 275.000 personas tienen orden de captura y se cometen en el país un millón de delitos al año.
En Argentina, donde hasta este jueves había 11.500 amotinados en 17 centros de reclusión, la superpoblación de las cárceles es menos dramática que en Brasil, ya que hay 1,5 detenidos por plaza disponible.
Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos, la situación carcelaria es "el punto más negro en toda la problemática de los derechos humanos en el continente".
El "horror" al que se refiere un documento reciente del IIDH ya es conocido hace tiempo a través de dramáticos reportajes periodísticos sobre la situación en penales de países como Perú, Venezuela, Honduras, México y República Dominicana.
Un horror que sólo salta a la luz pública cuando los detenidos encienden la mecha de la bomba de tiempo con motines y matanzas.
Hace cuatro años los detenidos de una penitenciaría del estado de Minas Gerais, en Brasil, ganaron los titulares con una chocante "ruleta de la muerte": sorteaban quién de ellos sería ejecutado para llamar la atención del gobierno sobre su situación de hacinamiento.
La crisis carcelaria es quizás la menos visible de las consecuencias de la reducción del papel del Estado tras la ola de ajustes estructurales y neoliberales en el continente.
Los penales han sido transformados en "botaderos de indeseables".
La organización Amnistía Internacional sostiene que los centros de detención latinoamericanos encierran en promedio 2,5 veces más presos que los que están en condiciones de albergar.
Paralelamente, el presupuesto destinado a ese rubro se mantiene estable y en algunos países ha disminuido, mientras la delincuencia continúa creciendo y los tribunales envían cada vez más gente a la cárcel.
Estimaciones extraoficiales cifran en un millón los latinoamercianos presos, una cifra similar a la de Estados Unidos.
Para dar cabida a los presos que "sobran", unos 400.000, habría que construir unos 800 nuevos penales de 500 plazas cada uno.
En El Salvador, una investigación reciente de una organización no gubernamental reveló que 75 por ciento de los detenidos en las cárceles del país no habían sido formalmente condenados por los tribunales. Un hombre permaneció incluso "olvidado" 30 años en prisión sin haber sido jamás sentenciado.
Pero tal vez la cara más dramática de este problema sea la falta de recursos financieros para buscar soluciones mínimas al problema carcelario en América Latina.
Si se toma en cuenta que construir un penal para 500 detenidos cuesta un promedio de ocho millones de dólares, serían necesarios 6.400 millones de dólares sólo para obras, sin hablar de la contratación de 114.000 nuevos guardianes y empleados, al estimarse que por cada detenido debe haber 3,5 funcionarios. (FIN/IPS/cc/dg/ip-pr/96)
