Mientras los cuatro países del Mercosur cuestionan fuertemente los aranceles del bloque, centenares de millones de dólares circulan a través de las fronteras en una zona de libre comercio pautada por el contrabando.
Las zonas francas instaladas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se han convertido en punto de mira de ese comercio ilícito al cual el gobierno uruguayo decidió enfrentar al más alto nivel.
La medida tuvo como motor a las continuas protestas de las cámaras de empresarios de diversos sectores, cuyas ventas cayeron en forma sustancial en los últimos años, así como la recaudación de impuestos.
Al margen del llamado "gran contrabando", es frecuente que los puestos callejeros de los casi 20.000 comerciantes informales instalados en Uruguay vendan variados productos de contrabando que provienen de los países fronterizos.
Otra modalidad en boga en los últimos tiempos es la comercialización de mercadería itnroducida ilegalmente por personas que ingresan por el aeropuerto internacional de Montevideo desde Miami, Estados Unidos, y desde Santiago de Chile.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Mosca, encabeza personalmente un grupo "de elite" que integran funcionarios "intocables" de la Dirección de Aduanas y de la Prefectura Nacional Naval y de la Dirección General Impositiva, dijo a IPS una fuente oficial.
Este grupo prepara en reserva los antecedentes, realiza las investigaciones y se comunica directamente con la justicia para evitar "filtraciones", ya que hay varios funcionarios involucrados.
Uruguay tiene 500 kilómetros de fronteras terrestres con Brasil y está separado de Argentina, además de por el río de la Plata, por el Uruguay, sobre el cual se levantan tres puentes binacionales. Esos factores lo hacen permeable al contrabando.
Pero esa actividad ilegal, que otrora se aceptaba con pasividad para consumo de algunos sectores de uruguayos, se transformó en un gran negocio luego de la instalación de las zonas francas, a las que el gobierno atribuye gran parte del contrabando.
Sólo en este país de apenas 3,1 millones de habitantes funcionan seis zonas francas. Todas, con excepción de una, están ubicadas sobre las fronteras con Argentina y Brasil y en el aeropuerto internacional de Carrasco.
A los alimentos que se introducían desde los dos países vecinos, se añaden ahora toneladas de cajas de whisky y cigarrillos, bebidas cola y electrodomésticos de todo tipo, entre otros.
El director de Aduanas, Pablo Illaretti, reveló la semana pasada a sus funcionarios que más de 80 por ciento de la mercadería que sale de una de las zonas francas hacia Argentina nunca llega a destino, vendiéndose ilegalmente en Uruguay.
Los hechos parecen dar razón a los gobernantes en cuanto a los vínculos existentes entre estructuras del Estado y el contrabando.
Este fin de semana, un juez envió a la cárcel al hijo de un ex director de la Aduanas, también funcionario de esa dependencia, por su participación en la venta de videograbadores robadas del interior de un container.
Para Illaretti el control del contrabando es un "verdadero acto de soberanía' y el Mercosur acentúa esa responsabilidad.
"Ya no somos responsables solamente de la custodia del espacio económico uruguayo, sino que nuestros aciertos y desaciertos repercuten en otros países", argumentó.
Según señaló, la falta de controles es uno de los aspectos clave, ya que en la zona franca "se producen transformaciones, hay fraccionamientos, reenvasados y reetiquetados" de la mercadería, todo lo cual facilita la activididad ilícita.
Illaretti aseguró que en el contrabando los empresarios juegan un papel fundamental, porque todas las actividades ilícitas descubiertas "están encubiertas por un giro comercial legal".
Pero las maniobras en las zonas francas no son el único centro del contrabando.
El robo de mercadería de contenedores depositados en el puerto de Montevideo es frecuente.
El presidente de la Administración de Puertos (ANP), Ruben Díaz, cree saber el destino de esos productos. "Ciudad del Este, en Paraguay, es un gran centro comercial de América del Sur y del mundo con mercados potenciales muy ricos en Buenos Aires Sao Paulo", precisó.
Esas maniobras millonarias, coordinadas en la región, sólo pueden concretarse a través de "los barones del contrabando que tiene importantes redes sociales y políticas", destacó.
Paraguay es además sindicado como el principal centro de recepción de automóviles robados de Argentina, Brasil y Uruguay.
El ex presidente del Banco de Seguros del Estado Julio Grenno, investigado por corrupción, declaró la semana pasada ante un juez que al asumir ese cargo en 1990 la institución pagaba 5.000 dólares por cada vehículo recuperado.
El pago se hacía a funcionarios policiales uruguayos al margen de sus funciones. Este mecanismo, también ilegal, permitía que la pérdida del banco fuera menor, dijo Grenno. (FIN/IPS/rr/dg/ip-re/96)
