Los problemas suscitados a raíz del fallo limítrofe entre Honduras y El Salvador mantienen en jaque a la diplomacia de ambos países, que tras nueve reuniones en busca de una solución, admitieron tácitamente estar «acorraladas».
Desde que se iniciaron los roces, hace tres años, los gobiernos de Tegucigalpa y San Salvador intentan llegar a un acuerdo que permita solucionar, sin pérdidas políticas, las demandas sociales de los pobladores que habitan en la frontera.
Así, crearon una Comisión Binacional para demarcar las fronteras y atender los problemas sociales, pero todo apunta a que las negociaciones, lejos de prosperar, retrocedan, en la medida que surgen nuevas propuestas que parecen no dar fin al ajedrez político.
El último impasse se registró durante la reunión sostenida la semana pasada en Tegucigalpa, donde las partes no lograron suscribir un convenio orientado a resolver el problema de la nacionalidad, tenencia, posesión de tierras y otros derechos de los habitantes de las zonas fronterizas.
Desde que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió hace tres años una sentencia que puso fin a un centenario diferendo limítrofe, los problemas sociales en la frontera se han vuelto un «dolor de cabeza» para ambos gobiernos.
La Corte dio a Honduras dos de los tres tercios de los territorios en disputa, así como varias islas e islotes que garantizan la salida del país al océano Pacífico.
Sin embargo, los salvadoreños que quedaron del lado de Honduras se resisten a acatar el fallo y reclaman la doble nacionalidad para poder «vivir en paz».
También piden garantías jurídicas sobre sus tierras y bienes, que impidan que sean ser objeto de futuras acciones legales de extradición.
Honduras aceptó respetar los bienes y derechos adquiridos por los salvadoreños, pero rechaza la idea de la doble nacionalidad, que no está contemplada en la Constitución nacional.
Delmer Urbizo, ministro hondureño de Relaciones Exteriores, manifestó que su país no puede firmar ningún protocolo que lo «lleve a reconocer la doble nacionalidad, porque eso lesiona su soberanía».
Indicó que en la reunión sostenida en Tegucigalpa, Honduras presentó una serie de «enmiendas» al protocolo o convenio que se ajustan a las leyes internacionales, la Constitución de la Republica y sus normas secundarias.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por El Salvador, que la considera un «retroceso» en las negociaciones y amenazó con acudir a una instancia internacional si no hay acuerdos en el corto plazo.
Ricardo Acevedo, ex canciller salvadoreño y presidente de la delegación de su país, afirmó que la nueva propuesta «restringe los derechos de propiedad y posesión de los salvadoreños que habitan en los territorios de Honduras».
«Prácticamente, sólo se mantiene la tesis de que el salvadoreño que se hace hondureño por nacimiento tiene derecho a ser propietario. Nosotros queremos que se les dé derecho de propiedad a los residentes y esto debemos resolverlo pronto», afirmó.
Acevedo, quien no disimuló la sorpresa que le causó la propuesta hondureña, aceptó tácitamente que el diálogo diplomático no ha tenido los frutos deseados y que el tiempo pasa y las delegaciones están «acorraladas».
En la frontera entre Honduras y El Salvador, las denuncias sobre el tráfico ilegal de madera por parte de salvadoreños son constantes, así como acusaciones de provocación contra el ejército hondureño.
Pero en el fondo, ambos gobiernos atribuyen los hechos a cuestiones de soberanía.
Del lado hondureño, la población critica la lentitud en ejercer el dominio sobre los nuevos territorios y la mordaza impuesta por la Cancillería a la prensa para informar sobre la marcha de las negociaciones.
La Cancillería responde que por la «delicadeza» del tema, la prensa será informada sólo por los boletines que ella emita o por declaraciones del canciller.
En cambio, en El Salvador, la estrategia comunicacional ha sido diferente. El gobierno muestra un marcado interés por informar a los medios de prensa.
Honduras y El Salvador sostuvieron en 1969 una corta guerra de cien horas por problemas limítrofes que causo la muerte de 2.000 personas en ambos bandos y numerosos problemas económicos y sociales.
Para el presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, jurista de prfesión, ese episodio no debe repetirse y los problemas sociales en la frontera deben abordarse según las normas jurídicas que dicta el derecho internacional.
Reina sostiene que hay voluntad de ambos países por solucionar el problema, agilizar la demarcación y ejercer soberanía en las zonas que corresponden a cada quién, pero, «sin duda, no es un proceso fácil». (FIN/IPS/tm/dg/ip/96)
