Una de las tareas más difíciles en manos del gobierno de Sudáfrica es el juzgamiento a violadores de los derechos humanos sufridos por activistas contra el pasado régimen de segregación racial institucional ("apartheid").
La investigación y difusión pública de estas atrocidades es el cometido de la Comisión de la Verdad creada tras la instauración de la democracia en 1994 y que comenzará sus audiencias en abril.
El dilema para sus integrantes es cómo cumplir este papel de forma que contribuya con la reconciliación nacional, pero sin abdicar de la verdad y la justicia. Muchos temen que, a la larga, se equipare a los defensores del apartheid con aquellos que lo combatieron.
"¿Es que acaso no existe peligro de que, con el pretexto de lograr la reconciliación, sacrifiquemos la moral en el altar de la conveniencia política?", se preguntó en alta voz el ministro de Justicia, Dullah Omar, ante un grupo de periodistas.
Para Omar, los integrantes de los antiguos movimientos de liberación no deberían ser tratados por la justicia de igual modo que quienes protegieron el apartheid y sirvieron a sus propósitos.
Los 17 integrantes de la Comisión pondrán a prueba la capacidad de Sudáfrica de lidiar con su pasado. Algunos ya pronostican que se tratará de otro Nuremberg, el histórico juicio contra los criminales de guerra nazis después de la segunda guerra mundial.
El Partido Nacional (PN), que diseñó el apartheid y lo desarrolló mientras detentó el gobierno, reclamó que la investigación no se convierta en una caza de brujas y alertó que las revelaciones sobre el período pasado deben salir a la luz pública con cautela.
El Congreso Nacional Africano (ANC), socio mayoritario de la coalición de gobierno que incluye al NP, desearía que se haga justicia y que se restaure la dignidad de los encarcelados, torturados y asesinados por culpa del aparthaid. Por lo tanto, rechaza una amnistía total.
Los grupos blancos de orientación derechista afirman, en cambio, que la Comisión refleja la pretensión de la ANC de regodearse en el pasado y vaticina que su labor está predestinada al fracaso.
Una especie de ensayo general de estas investigaciones comenzó este lunes cuando el ex ministro de Defensa Magnus Malan y otros 19 antiguos funcionarios del gobierno comenzaron a ser juzgados por el asesinatos de 13 personas.
Este juicio provocó la ira del NP y de los blancos más conservadores, que consideran violada la amnistía que se garantizó a los agentes del apartheid y a los integrantes de los movimientos de liberación por los crímenes cometidos entre 1960 y 1993.
A través de esa amnistía se otorgó el perdón a 117 activistas del ANC en diciembre de 1990, cuando aún era presidente Frederik De Klerk, pero sólo fue aplicada a unos pocos funcionarios del gobierno acusados.
Malan afirma sin vacilar que se limitó a seguir la línea fijada por el gobierno y a cumplir con su obligación de defender el estado, aunque entre los asesinatos por los que se le acusa figuran varios de mujeres y niños.
El presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien fue prisionero del apartheid durante 27 años, no cede a las presiones de la derecha blanca, que reclama la suspensión del juicio y amenaza con una reacción violenta.
De todos modos, el gobierno se verá forzado a dejar impunes a los perpetradores de delitos investigados por la Comisión de la Verdad si manifiestan la confesión total de sus crímenes y demuestran haber tenido para cometerlos motivos políticos acordes con las ideas del bando que integraban.
La Comisión está presidida por el arzobispo Desmond Tutu y fue constituida a través de la Ley de Promoción de la Unidad y la Reconciliación Nacionales. Esta norma establece que el país requiere "entendimiento pero no venganza".
"Esperamos ser imparciales. Nuestro objetivo es curar al país", dijo Tutu. En otras palabras, todas las violaciones contra los derechos humanos serán consideradas del mismo modo.
No sólo la derecha criticó a la Comisión. Los familiares de Steve Biko, quien combatió el apartheid y murió mientras se encontraba bajo custodia policial, quieren que sus asesinos sean castigados y afirman que la Comisión es inofensiva.
El equipo de Tutu confía en que aquellos que cometieron delitos los confesarán por su propia iniciativa, aunque no por ello dejará de investigar. Los nombres de los criminales serán publicados y la Comisión recomendará al presidente Mandela quiénes, a su juicio, deberán ser perdonados.
Los temores de Omar se basan, en parte, en que la dominación blanca todavía existe en todos los ámbitos de la vida del país, y se manifiesta, por ejemplo, en la economía, la propiedad de la tierra, los negocios, el deporte, la composición del funcionariado estatal y los medios periodísticos.
"El peligro es que los valores del viejo orden continúen viviendo en el nuevo orden y lo dominen", advirtió el ministro de Justicia. Desde su punto de vista, si la Comisión se olvida de su papel moral, fracasará.
La Comisión de la Verdad analizará las violaciones contra los derechos humanos perpetrados entre el 1 de marzo de 1960 y el 5 de diciembre de 1993, y ya ha recibido 2.700 solicitudes de amnistía. (FIN/IPS/tra-eng/gm/kb/mj/hd/96)
