Los trabajadores bolivianos decidieron radicalizar medidas de protesta contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y a la huelga de hambre que cumplen más de 260 sindicalistas agregarán una huelga general indefinida a nivel nacional a partir de este lunes.
La huelga general indefinida fue decretada por la Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país, ante la indiferencia del gobierno de Sánchez de Lozada al ayuno voluntario que cumplen dirigentes sindicales en 40 grupos en varias ciudades desde el lunes último.
Con ambas medidas de presión, la COB exige un aumento salarial superior al ofrecido por las autoridades, que es de 8,5 por ciento para los sectores de educación y salud y 12,5 por ciento para el resto de los asalariados de la administración pública.
La COB pide un salario mínimo de 123 dólares. El actual está situado en 46 dólares.
Según los cálculos de la principal organización sindical de este país, el incremento salarial de este año debiera estar determinado por el costo de una canasta familiar, que es de 460 dólares.
La central obrera instruyó que la huelga general se realice en forma escalonada, y los maestros urbanos y rurales serán los primeros en iniciar el paro desde el lunes, mientras el jueves se incorporarán otros sectores de la administración pública y el día 25 pararán los trabajadores petroleros.
La huelga general será apoyada en las ciudades con movilizaciones de protesta (marchas y bloqueos) en calles y plazas, dijeron los dirigentes de la COB.
La protesta sindical, que por ahora sólo representa la huelga de hambre también es una expresión del rechazo de los trabajadores a la inminente privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La próxima privatización de YPFB, la firma más importante y rentable del Estado, es resistida por los trabajadores porque consideran que se trata de la empresa que determina el sustento económico de este país y una cuestión, en definitiva, de soberanía nacional.
Desde el otro lado del conflicto, Sánchez de Lozada reiteró que está decidido a llevar hasta el final el proceso de "capitalización" (privatización) de YPFB.
El presidente realiza en estos días visitas a las ciudades del interior, para explicar los beneficios de la transferencia de la empresa estatal petrolera a consorcios internacionales privados.
A la tensión social originada por las acciones de protesta de la COB se suma un duro enfrentamiento político entre gobierno y oposición, que derivó incluso en acusaciones de "traición a la patria" contra el presidente Sánchez de Lozada por la privatización de YPFB.
Además, el ministro de Capitalización, Alfonso Revollo, responsable de llevar adelante el proceso de privatización, enfrenta en el parlamento nacional un escándalo por haber recibido cheques de un banco en quiebra para apoyar la campaña electoral que en 1993 llevó al poder a Sánchez de Lozada.
El dudoso financiamiento ha generado susceptibilidades en sectores de la oposición porque un banquero hoy encarcelado por la quiebra de su banco entregó dinero al ministro Revollo cuando Sánchez de Lozada ya había asumido como presidente.
En medio de la crítica situación planteada por el movimiento sindical, la privatización de YPFB y los escándalos que involucran a un ministro, fuentes políticas advirtieron que el gobierno podría estar estudiando resolver, otra vez, un estado de sitio.
En 1995, ante un clima sindical y político adverso, el Ejecutivo decretó dos estados de sitio, que implican la prohibición total de huelgas, marchas o reuniones políticas. (FIN/IPS/jcr/dg/ip-lb/96)
