La búsqueda del llamado "sueño americano" se ha transformado en una pesadilla para cientos de guatemaltecos y mexicanos que trabajan en una planta procesadora de pollos en Carolina del Norte.
Llegaron a Estados Unidos para tener una vida mejor pero lo que encontraron en las Granjas Case es la misma persecución, represión y discriminación de la cual escaparon en sus países de orígen, según aquellos involucrados en organizar la mano de obra en factorías agrícolas de Carolina del Norte.
"Hay mucha represión contra los obreros", afirmó Miguel Esquivel. El inmigrante mexicano de 40 años, que fue licenciado de su trabajo en Granjas Case el año pasado tras una exitosa iniciativa para organizar un sindicato, acusó a la compañía de falta de "respeto humano" en su tratamiento a los trabajadores.
"Nos tratan como esclavos", aseveró Francisco Mendoza, de 24 años, quien se marchó de Guatemala en 1989 "en busca de libertad", pero dijo estar "muy desilusionado" de las condiciones en la planta, donde trabajó los últimos dos años.
Esquivel y Mendoza formularon sus denuncias contra Granjas Case durante una rueda de prensa realizada el viernes en Washington por la Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA), como parte de su campaña para llamar la atención sobre el caso de 425 empleados en la planta Case de Carolina del Norte.
Ni en su cuartel general corporativo en Maryland, ni en las instalaciones de Carolina del Norte, ningún funcionario de Case estuvo disponible para comentar la denuncia.
Según miembros de LIUNA, las condiciones laborales en Case se deterioraron rápidamente despues que la compañía fue adquirida por un nuevo propietario en 1986. Señalaron que casi inmediatamente el numeroso plantel afroamericano que había estado trabajando en la planta fue licenciado y reemplazado en su mayoría por guatemaltecos y mexicanos, así como otros latinoamericanos reclutados en Florida.
"Supusieron que se trataba de mano de obra de la cual podían ventaja", declaró Duane Stillwell, director organizativo de LIUNA.
Cuando más de 300 trabajadores abandonaron sus tareas en mayo pasado para protestar por los sueldos bajos y las condiciones intolerables, "fué evidente que hubo un error de apreciación por parte de la industria, que creyó que podía abusar de esa gente", dijo Stillwell.
Despues de tres días, anadieron los funcionarios sindicales, la compañía aceptó discutir las quejas sobre las condiciones de la planta, incluyendo la alta temperatura, el exceso de cloro, el límite de un solo paréntesis diario para ir al baño y el aumento de velocidad de la línea de producción, a la cual los trabajadores están afectados por 6,35 dólares la hora.
Yanira Merino, quién dirigió los esfuerzos organizativos de LIUNA en Granjas Case, indicó que además de obligar a los obreros a trabajar en condiciones "miserables", la compañía les exige que compren su propio equipo de seguridas por 75 dólares mensuales.
En julio pasado, los trabajadores de Case votaron en favor de su ingreso a LIUNA por 237 votos a favor contra 183 en contra. La empresa apeló al Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), afirmando que la elección fué fraudulenta.
Posterioirmente, luego que un enviado del NLRB se pronunció en favor del sindicato, Case apeló la decisión ante el consejo de la entidad en Washington, que tambien respaldó los resultados de la elección y certificó que LIUNA es el único agente negociador oficial para los obreros de la planta de pollos.
"Entonces, la compañía se negó a negociar", declaró Wells, añadiendo que NLRB se está preparando para llevar a Case ante un tribunal federal a fín de obligarla a pactar un contrato con LIUNA.
Esquivel apuntó que funcionarios de la compañía aseguraron que jamás dejarán entrar al sindicato.
Una de las "tácticas favoritas" de la empresa para intimidar a los trabajadores fué licenciar a los que llevaron a cabo la iniciativa sindical, según Esquivel, quien perdió el puesto luego de trabajar en Case cinco años. Funcionarios sindicales calcularon que unos 40 obreros fueron exonerados desde mayo pasado.
Funcionarios de LIUNA acusaron además a la administración de Case de tratar de disciplinar a los obreros con la amenaza de hacer intervenir el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS). LIUNA admitió que la intimidación tuvo éxito porque muchos trabajadores tienen miedo del INS a pesar que en su gran mayoría son inmigrantes legales.
Stillwell acusó al INS de aliarse con la industria avícola en su lucha antisindical. En un esfuerzo "orquestado a favor de la industria", manifestó, el INS efectuó redadas el verano pasado en varias plantas procesadoras de pollos de Carolina del Norte que se estaban organizando sindicalmente.
Los procesadores avícolas, según Merino, especulan con el perenne temor de los trabajadores inmigrantes a raíz de la persecución y represión sufrida en sus países de orígen. Cuando un auto fué vandalizado el año pasado, "fué evidente que se quiso intimidar a los obreros", observó.
Los organizadores dijeron que no saben como seguir presionando a Case para llevarla a la mesa de negociación. Ante la falta de poder del NLRB, deben depender de los tribunales federales para asegurarse el derecho de negociar.
Si bien las tácticas para lograrlo siguen siendo inciertas, no hay discusión acerca de su objetivo. "Todo lo que pedimos es tener voz", acotó Esquivel. (FIN/IPS/tra-en/pz/yjc/ego/lb).
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