Bajo el signo de la fobia antinmigratoria que domina el proceso electoral estadounidense, delegados de los diez países del centro y el norte de América buscarán esta semana en la ciudad mexicana de Puebla "privilegiar el diálogo constructivo y la cooperación".
La iniciativa fue de México, cuyo territorio no sólo es fuente predominante sino también lugar de paso casi forzoso para el ingreso indocumentado de personas a Estados Unidos a través de la frontera común de 3.200 kilómetros.
"Queremos una concertación que integre costos y beneficios del fenómeno social migratorio para los países involucrados, a fin de ordenar flujos y controlar el problema", dijo a IPS Rodolfo Tuirán, alto funcionario mexicano y especialista en la materia.
A su juicio es urgente despenalizar el asunto con el objeto de protegerlo de manipulaciones políticas de corto plazo y situarlo dentro de parámetros cuantitativos razonables y manejables para todas las partes.
La cita sera el miércoles y jueves en Puebla, 127 kilómetros al este de la capital mexicana, y participarán viceministros de Relaciones Exteriores y responsables de migración.
Aunque el candente tema se arrastra desde hace décadas, será la primera vez que altos funcionarios de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá lo analizan conjuntamente.
Según Tuirán, experto del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de El Colegio de México, tanto Estados Unidos en su condición de país receptor como las naciones emisoras de migrantes extraen beneficios del fenómeno.
La economía estadounidense recibe mano de obra barata para tareas que sus ciudadanos rechazan o realizan por salarios mucho más altos y gozando de costosas prestaciones sociales, recordó.
Añadió que, a su vez, los países de donde provienen los migrantes alivian sus índices de desempleo y reciben fuertes partidas de dólares en concepto de giros de ayuda familiar, que en el caso de México alcanzan los 4.000 millones anuales.
Tuirán, director general de Programas de Población del Conapo, dijo que en 1995 representó un avance notable un pacto mexicano- estadounidense creando un foro de expertos para elaborar estadísticas e información confiable.
Una extensión de este órgano consultor a Canadá y América Central podría considerarse en las deliberaciones de Puebla.
La abrumadora mayoría del millón de ilegales que entra cada año a Estados Unidos es de nacionalidad mexicana, pero son muchos los centroamericanos que ingresan también clandestinamente por la misma ruta en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.
Aunque en menor medida y con otra composición social y laboral, también se da un proceso semejante de migración indocumentada desde Canadá hacia el territorio estadounidense.
Hay asimismo migración indocumentada latinoamericana hacia Canadá y centroamericana hacia México, lo que refleja, como en los demás casos, el efecto de las diferencias entre los niveles de desarrollo socioecónomico en los flujos poblacionales.
Participarán también en la reunión de Puebla observadores de la subsecretaría de las Naciones Unidas para Actividades de Población, de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La cancillería mexicana, al explicar los fundamentos de la convocatoria a la conferencia, subrayó que busca "contribuir a los esfuerzos internacionales tendientes a atender la problemática que se deriva del fenómeno migratorio".
Adujo que "México espera que su iniciativa propicie un diálogo constructivo entre los países de la región, que permita avanzar hacia entendimientos básicos para el inicio de acciones futuras de cooperación regional en la materia".
La agenda de las deliberaciones incluye un análisis de la situación actual, abarcando la dimensión regional del fenómeno migratorio, los diversos factores que inciden en él y su relación con el desarrollo socioeconómico.
Otros puntos son: políticas migratorias nacionales, administración de fronteras, protección de derechos humanos y garantías individuales de los migrantes, combate a organizaciones criminales dedicadas al tráfico humano y un plan de acción conjunto en la materia.
Hay coincidencia entre los analistas acerca de que los países latinoamericanos pondrán el acento en soluciones integrales que superen las limitaciones de las políticas aplicadas hasta ahora, donde predomina un enfoque policial considerado ineficaz.
A su vez, los representantes de Estados Unidos harán hincapié en medidas efectivas para controlar el tráfico ilegal de migrantes, introduciendo legislación que lo castigue duramente.
El cálculo sobre el número de ilegales latinoamericanos residentes en territorio estadounidense, mayoritariamente mexicanos, varía de 3,5 a 4,5 millones, respectivamente, según que la fuente sean investigadores de México o de Estados Unidos.
La cifra es tentativa por el carácter clandestino del fenómeno, y crece constantemente a causa del deterioro del nivel de vida, las condiciones laborales y el empleo en el área. (FIN/IPS/emv/jc/pr/96)
