Aunque en las declaraciones el gobierno de México rechaza con dureza la política de certificación antidrogas de Estados Unidos, en los hechos batalla para que su vecino, el principal consumidor de estupefacientes en el mundo, avale sus esfuerzos contra el narcotráfico.
Siguiendo una estrategia iniciada la semana anterior, cuando el subprocurador Rafael Estrada visitó Washington, el canciller José Gurría viajó este miércoles a esa misma ciudad para entrevistarse con funcionarios, mientras el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Robello, lo hará los próximos días .
Según el argumento oficial, las visitas -que se producen a pocos días de que el presidente Bill Clinton emita su evaluación de la lucha antidrogas que se desarrolla en 31 países- buscan mejorar el trato bilateral y no tienen relación con la esperada certificación.
Pero la coincidencia de fechas y la importancia que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo da últimamente al problema de las drogas, incluida la entrega del narcotraficante Juan García Abrego a Estados Unidos en enero, generó más de una duda.
Fuentes de gobierno citadas por la prensa local a condición de que no se mencione su nombre reconocieron que se hacen gestiones para evitar que Estados Unidos censure a México en materia de narcotráfico.
Para el analista José Manuel Nava, los recientes viajes de funcionarios a Washington muestran "un nivel sorprendente de actividad considerando que México 'desconoce' por 'intervencionista' e 'ilegítima' la práctica estadounidense de calificar la lucha de otros países contra el narcotráfico".
La prensa estadounidense señaló esta semana que el presidente Clinton se encuentra presionado por el Congreso opositor e influido por motivos electorales para "descertificar", o al menos cuestionar, a México en su lucha contra el narcotráfico.
De no ser favorable la decisión de Clinton, que se conocerá el 1 de marzo, México, que en los últimos 10 años siempre recibió el aval de su vecino en asuntos relacionados al narcotráfico, podría tener dificultades para conseguir préstamos internacionales.
Desde hace más de una década, cuando entró en vigencia un ley antidrogas en Estados Unidos, el gobierno de ese país evalúa anualmente a otros para decidir si continúa entregando cooperación y otorga avales para créditos.
La cuestión genera airadas reacciones en México, donde autoridades, políticos y empresarios rechazan con vehemencia, al menos en el papel, cualquier intervención en la vida interna de su país.
"México no reconoce legitimidad alguna al llamado proceso de certificación que lleva a cabo el gobierno estadounidense, por considerar que esa acción contraviene el principio de igualdad entre naciones", señaló en una carta el consulado de este país en Nueva York.
El Procurador General, Antonio Lozano, dijo esta semana que "las razones por las que México combate a las drogas son absolutamente claras e independientes de cualquier país. Es inadmisible que cualquier otro pretenda calificar el esfuerzo de los mexicanos".
México es el mayor centro de lavado de dinero del narcotráfico en América Latina y el principal canal abstecedor de drogas a Estados Unidos, señalan diagnósticos de la agencia antinarócoticos del país vecino (DEA).
Desde 1948 los dos países cooperan en su lucha contra las mafias de la droga. Acciones simultáneas en zonas de frontera y adquisición de equipo militar por parte de México son lo esencial de esa relación, que no incluye -según asegura el gobierno mexicano- presencia de agentes de la DEA.
El apoyo que Estados Unidos brinda a México para luchar contra el narcotráfico, incluido entrenamiento militar, llegó a más de 100 millones de dólares en las últimas seis décadas, asegura Bert Sims, investigadora de la Universidad de Nuevo México.
Silvia Veliz, del Centro de Investigaciones sobre Norteamerica de la Universidad Autónoma de México, sostiene que Clinton recibe actualmente presiones de la DEA para "descertificar" a México, pues pretende lograr que el gobierno de Zedillo autorice el ingreso de sus agentes.
Al igual que respecto del problema de la inmigración de indocumentados, el narcotráfico despierta periódicos roces entre Estados Unidos y México, países que comparten una frontera terrestre de 3.200 kilómetros.
En más de una ocasión presidentes de México han cuestionado a los gobiernos de Estados Unidos por no detener a jefes de mafias dedicadas al tráfico de estupefacientes en ese país, pero si demandar que lo hagan los gobiernos latinoamericanos.
El proceso de certificación en materia de narcotráfico "es una de las pruebas más difíciles del intercambio bilateral con México", reconoció el embajador de Estados Unidos en este país, James Jones. (FIN/IPS/dc/dg/la-ip/96)
