La propuesta de implantar la pena de muerte en Colombia, hecha por el presidente Ernesto Samper, desató hoy una amplia polémica, en la que se destacó la advertencia de que afectaría la ya deteriorada imagen internacional del país.
Samper anunció este miércoles que presentará al Congreso un proyecto de reforma constitucional que buscaría la aprobación de la pena de muerte para "delitos atroces" como el secuestro, las masacres y el asesinato de personas indefensas.
Sin embargo, esto obligaría a Colombia a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que es miembro desde 1978, que prohibe instaurar la pena de muerte a los estados miembros que al momento de suscribirla no la tuvieran incorporada en su legislacón.
Carlos Rodríguez, presidente encargado de la Comisión Andina de Juristas, dijo que el retiro de la Convención "seria un hecho muy grave porque es el instrumento fundamental de la salvaguardia de los derechos humanos en todo el continente" y añadió que sería la primera vez que esto ocurriría.
En este caso, Colombia quedaría "fuera del control de la Comsión Interamericana de Derechos Humanos para casos individuales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió Rodríguez.
Según la policia judicial, en Colombia ocurrieron en 1995 31.446 homicidios y 1.170 secuestros denunciados y está considerado uno de los países con mayor violación de los derechos humanos en el mundo.
Rodríguez consideró que al retirarse de la Convención dejaría de estar obligado por los compromisos que ésta le señala, como el respeto a la vida, la libertad y la integridad.
El jurista indicó que la propuesta de Samper es producto de la crisis que afronta por presuntos aportes del narcotráfico a su campaña electoral, en la que "ha tenido que ceder a las presiones de los sectores más reaccionarios de la sociedad para mantener su aparente gobernabilidad".
Rodríguez dijo a IPS que el mandatario ha dado "un viraje de 180 grados" respecto de lo planteado en su programa de gobierno en materia de derechos humanos.
Tras el asesinato del dirigente conservador Alvaro Gómez, en noviembre, Samper autorizó a la policía y el ejército a realizar capturas sin orden judicial, elevó las penas para ciertos delitos y estableció la censura de prensa para organizaciones criminales.
Las medidas fueron adoptadas en el marco de la declaratoria del "estado de conmoción interior" y recibieron el respaldo de representantes de las organizaciones empresariales, que alegaron que "el pais no podía continuar siendo despedazado por los violentos".
Este jueves, el presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), Sabas Pretelt, apoyó la iniciativa de Samper al afirmar que es necesaria porque el país "esta saturado de delitos atroces" y aseguró que "la ciudadanía va a dar un gran respaldo a la propuesta presidencial".
Gustavo Tobón, presidente de la Federación de Empresas Metalmecanicas, afirmó que estos delitos deben ser castigados en forma severa y "si es necesario que se reviva la pena de muerte", debe "buscarse una ágil aprobación".
El obispo católico Nel Beltran afirmó que una pena de tales características va contra la "ley de Dios", el único que "puede disponer de la vida humana".
La organización humanitaria Amnistía Internacional anunció que se pronunciaró sobre el tema, pero una fuente adelantó que "la pena de muerte es un paso atrás en la administración de justicia".
Aunque en Colombia no existe la pena capital, se dan casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado que han sido denunciadas por organismos de defensa de los derechos humanos como "la otra cara de la pena de muerte".
El Centro de Educación y Cultura Popular indica que en los primeros seis meses del gobierno de Samper, quien asumió en agosto de 1994, se registraron 1.578 violaciones de derechos humanos. En 114 casos fueron denunciados como responsables agentes del Estado.
El fiscal general, Alfonso Valdivieso, se mostró en desacuerdo con la propuesta presidencial, al afirmar que el país lo que necesita es fortalecer su sistema de justicia, y el procurador Orlando Vásquez dijo que la misma es, además de inconstitucional, "contraria al orden internacional de los derechos humanos".
La pena de muerte fue abolida en Colombia por la Asamblea Constituyente de 1910 y para su sanción sería necesaria una reforma de la Constitución, que requiere un tramite de dos años. (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/96)
