Una comunidad indigena del sur de Chile presentara un recurso de proteccion ante la justicia contra la construccion de una segunda central hidroelectrica en el rio Bio Bio, por considerar amenazada su cultura y subsistencia.
La accion legal sera emprendida por la comunidad pehuenche de las localidades de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, 520 kilometros al sur de Santiago, en lo que representa el segundo conflicto etnico- ambiental que enfrenta la Empresa de Electricidad S.A. (Endesa), uno de los mayores consorcios del pais.
Endesa, una firma con grandes inversiones en Argentina, proyecta construir una red de centrales hidroelectricas en el sector del alto Bio Bio, el curso fluvial mas extenso de Chile, pese al rechazo de los indigenas y grupos ecologistas.
Ya esta avanzada la construccion de la central Pangue, con financiamiento del Banco Mundial, y ahora Endesa se apresta a iniciar las obras de Ralco en terrenos agricolas de las localidades pertenecientes a la comunidad pehuenche.
Mauricio Huenchulaf, director de la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena (Conadi), dijo que el recurso se apoya en la Ley de Proteccion, Fomento y Desarrollo Indigena, expedida bajo el gobierno de transicion democratica del presidente Patricio Aylwin (1990-94).
Esa ley, destinada a proteger y promover los derechos de mas de un millon de indigenas chilenos, prohibe la enajenacion o venta de terrenos de comunidades aborigenes a sectores privados ajenos a los grupos etnicos.
Los conflictos en torno a Pangue y Ralco se generan por la contraposicion entre las normas que promueven los grandes proyectos energeticos, expedidas en 1982 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), y la ley de Protección al Pueblo Indigena.
La normativa de 1982 autoriza la expropiacion de terrenos para la construccion de centrales hidroelectricas y obras publicas en general, previo pago de indemnizacion a sus propietarios.
Los mas de 400 pehuenches que viven en el sector de Ralco sienten amenazados sus derechos de propiedad por el proyecto de construccion de la central, que comenzo a operar sin haber sido ratificado el permiso de inicio de actividades por la Contraloria General de la Republica.
La situacion preocupa a los pehuenches porque la represa de la central inundaria mas de 55 predios comuneros de alto valor agricola por los cuales poseen titulos que datan del siglo pasado.
Las organizaciones indigenas y grupos ambientalistas sostienen que la red de centrales de Endesa danara un ecosistema unico en el mundo, ademas de vulnerar la tradicion cultural del pueblo pehuenche.
La gubernamental Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) habia otorgado un permiso de concesion provisional a Endesa para que inciase los trabajos de Ralco, lo cual puso en alerta a dirigentes de agrupaciones ambientales.
La resolucion de la SEC fue rechazada por la Contraloria General de la Republica en diciembre de 1995, no obstante lo cual Endesa esta llevando a cabo trabajos preliminares en el sector, segun preciso Conadi.
Huenchulaf aseguro que el recurso de proteccion se hace necesario al no existir un estudio claro y acabado sobre el impacto ambiental que ocasionaria el proyecto de Endesa y al conocimiento parcial de la Ley de Proteccion Indigena por parte de las entidades involucradas en el conflicto.
La normativa obliga expresamente a los servicios de administracion del Estado a considerar la opinion de los grupos etnicos sobre estas materias, senalo.
El vocero de Conadi en Santiago, Juan Queupuan, senalo que "el proyecto afecta directamente a las culturas indigenas, provocando su exterminio en el mediano plazo", y recordo que este pequeño asentamiento pehuenche es el ultimo de Chile.
Queupuan afirmo que los derechos de la comunidad pehuenche deben prevalecer por sobre los intereses empresariales de la nueva central hidroelectrica.
Advirtio que "si el camino es la posicion dura", Conadi, relacionada con el gobierno a traves del Ministerio de Planificacion, iniciara todas las acciones pertinentes en esa via. (FIN/IPS/agr/dg/en/96)
