La decision de las autoridades britanicas de lanzar nuevas medidas contra la inmigracion ilegal provocara tensiones sociales, advirtieron organizaciones no gubernamentales.
El proyecto del gobierno britanico, que entrara en vigor a fines de este ano, obliga a los funcionarios publicos a identificar a todo extranjero sospechoso de residir ilegalmente en el pais y denunciarlo a las oficinas de migracion.
Directores de escuelas, administradores de hospitales y funcionarios de vivienda y de seguridad social seran entrenados para detectar a los inmigrantes irregulares.
El programa incluira tambien la creacion de un departamento especial destinado a revisar la condicion de beneficiario de la seguridad social de los inmigrantes.
Asimismo, puede determinar la restriccion de las becas concedidas a estudiantes extranjeros por el Departamento de Educacion y Empleo y de la atencion medica gratuita a cargo del Departamento de Salud.
Una serie de leyes y reglamentaciones dispuestas en los ultimos meses aumentaron los requisitos para la concesion del derecho de asilo, dificultan la entrada de extranjeros al pais en calidad de visitantes, y limitan el derecho de apelacion en materia migratoria.
El viceministro del Interior, Michael Howard, afirmo que un creciente numero de extranjeros ingresan irregularmente en el pais y reclaman beneficios sociales a los que no tienen derecho.
Howard informo que oficialmente se calcula en 13.000 la cantidad de inmigrantes ilegales en Gran Bretana, que se duplico en seis anos a causa principalmente del ingreso de personas procedentes de Africa, Asia y el Caribe.
Esos extranjeros en situacion irregular perciben 160 millones de dolares por ano en concepto de pagos indebidos del sistema de seguridad social, agrego el viceministro.
Segun Howard, Gran Bretana ha sido durante mucho tiempo un destino atractivo para falsos solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales.
"Los extranjeros con su documentacion en regla no se veran afectados y no tienen nada que temer, sin importar su raza", aseguro el viceministro.
Pero Claude Moraes, del Consejo para el Bienestar de los Inmigrantes, advirtio que los previstos controles provocaran division racial y un clima de temor, y otros activistas sociales senalaron que el plan del gobierno fomentara la delacion y "el espionaje".
Las medidas anunciadas afectaran especialmente a los estudiantes extranjeros, que suman 100.000 en los centros de ensenanza publica y quiza cuatro veces mas en los colegios privados.
El gobierno sostiene que muchos estudiantes extranjeros no llegan al pais a seguir cursos. Al respecto, Howard senalo que algunos, a pocos dias de su arribo, solicitaron costosos tratamientos medicos a los que no tenian derecho.
Maeve Sherlock, del Consejo para la Educacion Internacional, destaco que el personal de los centros de ensenanza encontrara dificultades para realizar los controles propuestos por el gobierno.
El personal de migracion encargado de identificar a los inmigrantes ilegales es ahora el doble que hace seis anos, y muchos de esos agentes se dedican a investigar matrimonios contraidos con el unico fin de regularizar la situacion de algun extranjero.
Los funcionarios del registro civil deberan ahora estudiar el comportamiento de los esposos y comunicar cualquier sospecha a las autoridades.
El Ministerio del Interior recibio este ano 400 llamados de alerta de oficiales del registro civil sobre posibles matrimonios fraudulentos.
Activistas sociales y organizaciones de refugiados aseguraron que muchos de los controles propuestos por el gobierno ya estan en vigencia.
Segun senalaron, es comun en Londres que oficiales de policia detengan a personas pertenecientes a minorias etnicas con motivo de supuestos delitos o infracciones de transito para luego investigar la legalidad de su condicion migratoria.
Los extranjeros tambien necesitan demostrar residencia prolongada en el pais para ingresar en el sistema de seguridad social y para obtener ayuda financiera.
Moraes cree que vincular a los inmigrantes con los reclamos fraudulentos de beneficios sociales es una medida peligrosa, disenada por el gobierno para ganar votos en las proximas elecciones generales, que tendran lugar en el primer semestre de 1996. (FIN/IPS/tra-en/lg/cpg/ml-ff/eu pr/95
