El ex presidente venezolano Carlos Andres Perez hara desde el martes una defensa politica contra los cargos de corrupcion por los que se le abrio un historico proceso hace 30 meses que lo separo del poder, informaron hoy sus abogados.
Ese dia comenzara la llamada "audiencia del reo", con lo que se da paso a la fase sustancial y publica del juicio, despues que el fiscal general de la Republica, Ivan Badell, presento cargos por malversacion (desvio) agravada y peculado (robo) de 17 millones de dolares de una partida de fondos secretos, en 1989.
Perez, dos de sus ex ministros y otros dos funcionarios son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de una sola instancia, bajo la acusacion de que los 17 millones fueron desviados ilegalmente a cooperar con la presidenta nicaraguense Violeta Chamorro, cuando esta llego al poder en 1990.
Perez, en arresto domiciliario, y sus colaboradores son acusados ademas de irregularidades cambiarias y de que en el manejo de los fondos intervino el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, cuando la partida secreta debe ser manejada solo por Interior.
El defensor de Perez, Alberto Arteaga, considero que Chamorro debera testificar en el juicio, ante un tribunal de su pais comisionado para hacerlo, dado que segun la hipotesis acusadora aparece como la beneficiaria de la apropiacion que se imputa.
Arteaga dijo que es una acusacion "sin asidero logico o juridico y no demostrada en el expediente", en que se establece que una partida especial pedida en febrero de 1989 se guardo durante 14 meses para crear una guardia de seguridad para Chamorro, cuando entonces ni se sabia que iba a ser candidata.
Preciso que la audiencia del reo es el unico acto en que Perez y sus defensores son escuchados en el juicio y que el ex presidente (1989-93 y 1974-79) centrara su exposicion ante los 15 miembros del supremo tribunal en que la apertura del proceso fue el fruto de "una confabulacion politica".
Tambien recordara que legalmente el presidente en este pais no administra recursos, que la partida para gastos de seguridad fue gastada en forma legitima y no puede revelar su destino, porque ello seria un delito, y que en la hipotesis negada de que hubiera ido a parar a Nicaragua, seria legal.
Perez argumentara ademas que la llamada "Operacion Orquidea", mediante la cual se enviaron policias venezolanos a proteger a Chamorro en abril de 1990 y a crear una fuerza de seguridad presidencial, fue una cooperacion legitima con un pais que vivia una etapa muy critica en su democracia.
La Operacion Orquidea, muy publictada en su momento, se baso incluso en un pedido de Estados Unidos, y busco proteger a Chamorro con efectivos de confianza, dado que las fuerzas regulares eran controladas por los sandinistas y podia sufrir la agresion de los irregulares "contras".
El encausado dira que constitucionalmente es el poder ejecutivo el que tiene la atribucion de determinar que es un gasto de seguridad y que por ello la Corte no puede decidir que la seguridad "no pasa por Nicaragua", uno de sus argumentos.
La audiencia del reo durara varios dias y se produce cuatro audiencias despues que Badell presentara su escrito de cargos, para iniciarse despues la fase de pruebas, tambien publica.
Portavoces de la Corte impusieron reglas especiales para asegurar "la solemnidad y seguridad" del acto, de manera que incluso los periodistas no podran entrar despues de iniciada ni reingresar si salen antes de cumplirse las cinco horas de cada dia de audiencia. Tampoco podran transmitir desde la sala.
Arteaga destaco que la defensa debe cumplir con el plazo maximo de presentar sus alegatos cuatro dias despues de la presentacion de cargos, mientras que la Fiscalia, que tenia tres para elevar estos desde que concluyo el sumario, se demoro cinco meses.
"Es una de las tantas irregularidades de este proceso, que se iniciaron con la falta de derecho a la defensa que tuvo el (ex) presidente hasta despues que se le dicto auto de detencion en mayo de este ano", dijo Arteaga, quien alega que el juicio es "una verguenza juridica".
Badell sumo a los cargos penales una demanda civil de resarcimiento de danos al estado, por 3,6 millones de dolares, que llevara la semana proxima a la Corte a decidir el resguardo de los bienes conocidos del ex presidente, mediante su inmovilizacion.
Tambien cambio el cargo de malversacion generica, por agravada, porque a su juicio cuando se desviaron los fondos de un gasto en el interior, para lo que se solicitaron, a otro en el exterior, se produjo un dano al patrimonio publico.
Perez esta en arresto domiciliario desde julio, tras dos meses de prision preventiva en una carcel comun, ya que en Venezuela los delitos de corrupcion no gozan de libertad bajo fianza u otros beneficios procesales.
Al tener 72 anos, legalmente el dirigente socialdemocrata no podra ser condenado a pena de prision, sino tan solo de arresto domiciliario, por lo que Arteaga indico que fue una exhabrupto que se le sometiera preventivamente a dos meses de carcel.
El ministro del Interior, Ramon Escovar, senalo esta semana que en el juicio contra Perez se han cumplido todos los extremos de la ley y que el encausado goza, e incluso abusa, del privilegio de estar en su casa.
Escovar fue antes fiscal y quien introdujo en marzo de 1993 la demanda ante la Corte por los 17 millones de dolares, para que determinara si habia indicios suficientes para abrir por vez primera en la historia un juicio a un presidente en ejercicio. (FIN/IPS/eg/ag/np-rp/94
