La letalidad y rápida propagación del coronavirus, que ya anuló tres conferencias clave de la ONU, sobre el empoderamiento de las mujeres, el desarme nuclear y los derechos indígenas, reclamó una nueva víctima la última semana de marzo, cuando una reunión conmemorativa del comercio transatlántico de esclavos tuvo que ser pospuesta.
El presidente de la Asamblea General de 193 miembros, el nigeriano Tijjani Muhammad-Bande, dijo visiblemente decepcionado que el aplazamiento de la conmemoración del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica, el 25 de marzo, era «lamentable» y «resultado de la evolución continua de la pandemia de la covid-19».
La pandemia generalizada, señaló, refuerza el hecho de que «tenemos el deber de abrir nuestras mentes a las experiencias vividas por otros»: los 15 millones de africanos que fueron capturados por la fuerza en su tierra, traficados al otro lado del Atlántico, sometidos a «crueldad atroz” y “despojados de su dignidad, libertad e identidad».
«Todos los Estados miembros tienen la responsabilidad de erradicar la trata, el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud. Ninguno de nosotros será verdaderamente libre mientras estas personas sufran», señaló.
El secretario general de la ONU, António Guterres, que intenta desesperadamente mantener el funcionamiento del organismo mundial a pesar de un cierre forzoso, advirtió que la trata transatlántica de esclavos fue «uno de los crímenes más grandes en la historia de la humanidad».
«Y seguimos viviendo a su sombra», dijo, incluso cuando la esclavitud moderna ha mostrado su horrible faz en un rincón lejano del mundo, Samoa, donde uno de sus jefes fue declarado culpable de más de 20 cargos de tráfico, trata de personas y esclavitud por un tribunal de Nueva Zelanda.
El 16 de marzo, según registraron diferentes medios desde Nueva Zelanda, Joseph Auga Matamata, de 65 años, fue condenado a 25 años por 10 cargos de tráfico y 13 de esclavitud, todos perpetrados contra 13 de sus compatriotas a quienes trajo desde Samoa a Nueva Zelanda.
Sus víctimas, todas ellas samoanas y a quienes mantenía en régimen de esclavitud, estaban «demasiado asustadas para alertar a las autoridades por su condición de jefe tribal», explicó la británica BBC.
«Es la primera vez que alguien ha sido condenado a la vez de esclavitud y trata de personas en Nueva Zelanda», dijo, añadió la cadena pública británica.
Los acusadores públicos neozelandeses argumentaron que había un patrón delictivo Matamata, quien traía bajo engaños a pequeños grupos desde aldeas samoanas para su «beneficio financiero propio», en un negocio que duraba desde hacía 25 años.
Anteriormente conocida como Samoa Occidental, la nación insular del Pacífico Sur estuvo gobernada por Nueva Zelanda hasta su independencia en 1962.
Karolin Seitz, directora del Programa de Derechos Humanos y Empresariales del Global Policy Forum (GPF, en inglés) con sede en Bonn, consideró a IPS que debe darse la bienvenida a que Nueva Zelanda muestre con este dictamen su compromiso en la lucha contra la esclavitud moderna.
Sin embargo, en muchos otros países, y especialmente en casos transnacionales de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas, persisten grandes barreras para acceder a la justicia, aseguró.
A juicio de la especialista “las mejoras en las medidas legales efectivas para las personas afectadas están atrasadas a nivel mundial”.
«Las negociaciones actuales en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre un tratado legalmente vinculante sobre empresas y derechos humanos son un paso importante para lograr este objetivo», aseguró Seitz.
El borrador revisado, dijo, de dicho tratado pone un enfoque importante en los derechos de las víctimas y el acceso a recursos y justicia en casos de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas.
«Si Nueva Zelanda quiere mostrar su verdadero compromiso para acabar con la esclavitud y la trata de personas a nivel mundial, debería apoyar constructivamente la formulación de un tratado internacional y participar en las próximas negociaciones en octubre de 2020», dijo la directiva de GPF.
Después de un estudio exhaustivo de la esclavitud moderna, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, concluyó que hay más de 40 millones de personas que son víctimas de la esclavitud, incluidos 25 millones en trabajos forzados y 15 millones en matrimonios forzados, con al menos 71 por ciento de ellas son mujeres y niñas.
Tsitsi Matekaire, lideresa mundial de programa del Fin del Tráfico Sexual de la organización internacional Equality Now, dijo a IPS que es encomiable que el gobierno de Nueva Zelanda haya obtenido una condena en este caso.
Los gobiernos también deben garantizar que las víctimas reciban el apoyo adecuado para reconstruir sus vidas después de sus experiencias traumáticas. «Esperamos que se haya establecido un fuerte sistema de apoyo en este caso para las 13 víctimas de Samoa», agregó.
«La trata de personas es un delito grave y una grave violación de los derechos humanos», subrayó la especialista.
Todos los años, señaló Matekaire, ascienden a muchos miles las personas vulnerables que caen víctimas de las mafias de la trata, tanto dentro de sus propios países como en el extranjero. Las naciones de todo el mundo se ven afectadas por la trata de personas, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas, recordó.
«La intersección de la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder son las causas fundamentales de la trata y la explotación de personas», dijo Matekaire, exgerente del Programas de Womankind Worldwide, una organización que apoya proyectos de organización de defensa de los derechos de las mujeres en Etiopía, Uganda y Zimbabwe.
La activista dijo que la situación de marginación y la pobreza alimentan la vulnerabilidad para caer en manos de las redes de la trata y el tráfico de personas.
«Las mujeres y las niñas están desproporcionadamente desfavorecidas por la desigualdad, la pobreza y la discriminación, y representan la mayoría de las víctimas de la trata de personas a nivel mundial», dijo Matekaire.
Agregó que las comunidades marginadas raciales, étnicas y socialmente excluidas, los migrantes y las personas LGBTI también son más vulnerables al tráfico, la trata y la explotación de personas.
Argumentó que un factor clave para la trata de personas son las enormes ganancias que obtienen los traficantes y otros participantes en la cadena de explotación detrás de la trata. Considerada la empresa criminal de más rápido crecimiento en el mundo, la OIT estima que la trata de personas genera ganancias anuales de 150 000 millones de dólares.
Detener y llevar a la justicia a los explotadores debería ser una prioridad clave para todos los gobiernos. Es vital que los delincuentes sean castigados adecuadamente por sus acciones y se les impida cometer más daños contra las personas, señaló.
Esto también envía un fuerte mensaje a la sociedad de que la trata y la explotación de personas son intolerables y que los perpetradores serán plenamente responsables. Paralelamente, las autoridades deben garantizar que las víctimas reciban tanto la justicia como el apoyo que merecen, y esto se brinda de manera oportuna, agregó.
T: MF
