Narices cortadas, costillas rotas, dedos fracturados, brazos tajeados, moretones y rostros ensangrentados con pérdida de piezas dentales y ojos hinchados son algunas de las brutalidades que la pakistaní Sana Jawes, de 30 años, ha visto en la última década en su país.
“Nunca puedes recuperarte de la mutilación física y psicológica como la que viven muchas mujeres a diario en nuestra sociedad”, observó Jawed, actualmente al frente del Centro para la Violencia contra las Mujeres (VAWC) en Multan, en esta sureña provincia pakistaní de Punyab.
Antes trabajaba en el Departamento de Bienestar Social y se encargaba de los refugios femeninos en toda la provincia.
Un estudio de la Fundación Thomson Reuters concluyó que Pakistán está entre los tres países más peligrosos para la población femenina, donde sufren mucha violencia, desde violación hasta asesinato en nombre del honor. Los otros dos son Afganistán y República Democrática del Congo.
En el Índice de Equidad de Género del Global Gender Gap, Pakistán se ubicó muy mal, en el lugar 143, de 144. En otro estudio posterior, el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad, del Instituto Georgetown para Mujeres, Paz y Seguridad, este país se ubicó en cuarto lugar entre los peores países para ellas.
El VAWC se instaló en el cinturón agrícola que es particularmente peligroso para las pakistaníes, pues las tratan peor que al ganado.
Es la misma región donde se dio el caso de la violación en grupo de Mukhtaran Mai, que sacudió al mundo y que tras una incansable búsqueda de justicia de nueve años, terminó con cinco de los seis imputados absueltos.
Las mujeres sirven de elemento de negociación para arreglar disputas familiares, lo que las hace vivir con miedo de que las obliguen a casarse a cambio de, o como castigo, por haber rechazado una propuesta de matrimonio.
Aun casada, no encuentra paz ni respeto en la casa de su marido, donde la pueden castigar hasta por una pequeña provocación.
Pero todo eso podría terminarse pronto. El gobierno de Punyab promovió una ley histórica. Pero a diferencia de otras normas para proteger a las mujeres que fueron recibidas con bombos y trompetas, esta se aprobó con un mecanismo de estricta adherencia para su implementación.
La Ley para la Protección de Mujeres contra la Violencia de Punyab, aprobada en 2016, abarca el abuso sexual, doméstico, físico, económico, cibernético o psicológico. Para que sea efectiva, el gobierno local creó lo que llamó un “tienda de una parada” del VAWC, en Multan.
Comenzó a funcionar en marzo de este año con el fin de ofrecer asesoramiento legal, médico y psicológico a las sobrevivientes.
“Fue una decisión consciente de abrir el primer centro en Multan porque las mujeres son muy vulnerables y son el blanco de los ataques más violentos”, explicó Salman Sufi, director general del grupo Unidad de Reforma Estratégica del ministro jefe de Punyab, quien redactó la norma y creó el centro.
“En los primeros seis meses desde que abrimos, recibimos más de 1.000 casos solo del distrito de Multan”, indicó Sufi. Pero los casos de violencia son muchos más.
Según datos de la Fundación Aurat, de los 5.979 casos de violencia denunciados en esta provincia en 2017, 178 fueron mujeres asesinadas por honor, 1.086, violadas, lo que incluye violaciones grupales, y 1.626, secuestradas.
“Incluso esos 1.000 casos son la punta del iceberg”, puntualizó Sufi, quien recibió hace poco el Premio Voces de Solidaridad 2017, de la Asociación Voces Vitales del Mundo, presidida por Hillary Rodham Clinton.
En marzo de 2018, otros tres centros comenzarán a operar en otras grandes ciudades de Punyab, como Lahore, Faisalabad y Rawalpindi. “La idea es llegar a tener un centro en cada uno de los 36 distritos de la provincia”, explicó.
“Ofrecemos una comisaría en total funcionamiento, instalaciones médicas, laboratorio forense y asistencia legal, así como rehabilitación postraumática, todo bajo un mismo techo”, indicó.
Además, se creó una línea telefónica gratuita las 24 horas donde las mujeres pueden realizar cualquier denuncia de inmediato.
En la actualidad, el método por medio del cual se realizan las denuncias de violencia sexual en las comisarías y los centros de salud de Pakistán es muy problemático, indicó Sheraz Ahmed, oficial de programa de Guerra contra la Violación, una organización no gubernamental con sede en Karachi.
“Si se gestiona de forma efectiva, causará un menor grado de humillación a las sobrevivientes”, analizó Maliha Zia, directora adjunta la Sociedad de Asistencia Legal.[related_articles]
Desde hace 10 años, WAR nota discrepancias entre los datos recolectados en tres hospitales públicos de Karachi, que oscilan entre 240 y 380 casos al año, y las denuncias realizadas en las comisarías que no ascienden a más de 110 al año.
“Eso es porque las mujeres o las familias se retractan, ya sea por presiones familiares o el trauma que deben soportar antes de que el caso llegue a la justicia”, añadió.
“Entre que la sobrevivente entra a la comisaría, donde la interrogan no menos de cuatro o cinco oficiales y le piden que repita su historia muchas veces hasta que le realizan un análisis médico, se pierde evidencia valiosa”, explicó Ahmed.
Para una ciudad de 20 millones de habitantes, Karachi solo tiene dos mujeres médico-legales, y si la víctima llega al hospital cuando terminó su horario, la demora puede implicar la pérdida de evidencia sólida.
La misma situación lamentable se repite en todo Pakistán, donde hay 14 oficiales femeninas y la misma mentalidad misógina en las comisarías.
La ley parece tener todo cubierto, de hecho una orden económica garantiza ingresos de las mujeres, y otras órdenes se aseguran de que ni su esposo ni su familia las echen de su casa.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres no cesa por la falta de un total cumplimiento de esas mismas leyes, indicó Zohra Yusuf, consejera de la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
Pero más que leyes que ofrecen “posibles herramientas a las sobrevivientes”, Zia señaló que hasta que no cambien algunas actitudes tendenciosas e inherentes no solo a la sociedad, sino también a las instituciones, la violencia continuará igual.
“Hay una impunidad social y falta de reconocimiento de muchas prácticas, como la violencia contra las mujeres”, añadió.
“A eso se suma la misoginia que sufren el gobierno y la justicia”, añadió Yusuf.
Traducido por Verónica Firme
