Cada año nuevo, muchos cubanos salen a la calle cargando una maleta. Dan una vuelta a la manzana y regresan a su hogar, sorteando el agua que sus no menos entusiastas vecinos lanzan desde puertas y ventanas. Los primeros esperan que ‘”se les dé el viaje”, los otros solo quieren espantar lo malo de sus hogares.
Durante décadas, la salida a otro país, temporal o definitivamente, estuvo sujeta a fuertes restricciones, suavizadas o eliminadas en una Ley de Migración vigente desde enero de 2013. Con el reciente cese de beneficios para inmigrantes cubanos en Estados Unidos, creció la expectativa de una nueva actualización de la legislación de Cuba.
De acuerdo a informes oficiales divulgados al cumplirse cuatro años de la reforma migratoria del gobierno de Raúl Castro, una de más esperadas por la población, en ese período viajaron legalmente al extranjero 671.000 cubanos.
De ese total, 45 por ciento ya regresó, y la mayor parte de los que aún siguen fuera «se encuentra en el plazo de 24 meses» otorgado, según se reportó.
La Ley, que sustituyó a la de 1976, suprimió engorros y costosos trámites de salida, extendió el tiempo de permanencia en el exterior de 11 a 24 meses, plazo sujeto a prórrogas por “causas justificadas”, y dejó como único documentos de viaje el pasaporte y la visa de destino en los casos en que se requiera.
A una consulta de IPS, varios ciudadanos coincidieron, sin embargo, en que frente a los cambios en la política estadounidense hacia la emigración cubana, establecidos el 12 de enero, se abre el reto de una reforma a la norma de 2013, para garantizar a los residentes cubanos el derecho a salir y entrar del país cuando lo deseen.
Ese día, ocho antes de dejar la presidencia, Barack Obama derogó la política de “pies secos, pies mojados”, vigente desde 1995, que otorgaba la residencia a los cubanos que llegasen a Estados Unidos.
El mandatario saliente argumentó que con la normalización de las relaciones bilaterales, no tenía sentido ese trato diferenciado a los migrantes procedentes de este país.
“No es que yo espere cambios, sino que ya el propio gobierno (cubano) ha anunciado que los realizará al informar del acuerdo entre Cuba y Estados Unidos y de la desaparición de la política de pies secos, pies mojados”, dijo el cibernauta Joaquín Borges-Triana.
“Yo pienso que cada ciudadano debería poder permanecer en el exterior el tiempo que desee y retornar a Cuba cuando quiera”, recalcó.
El economista cubano Mauricio de Miranda, residente en Colombia, consideró que en las condiciones de la Cuba contemporánea es de “urgente revisión” la política migratoria y la correspondiente Ley. En su opinión y la de otros expertos consultadas por IPS, a la legislación cubana se debe incorporar el reconocimiento constitucional de la doble ciudanía.
Entre otras modificaciones deseables, Miranda mencionó además la eliminación de cualquier categoría migratoria que clasifica a los cubanos en residentes dentro y fuera del país, libertad para entrar y salir a todo portador de un pasaporte cubano y reconocimiento pleno de todos los deberes y derechos de los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
La ampliación del período de vigencia del pasaporte cubano a 10 años, sin necesidad de prórroga dentro de ese período, “tal y como ocurre en la mayor parte de países del mundo” y fijar su costo en moneda nacional figura también entre las modificaciones esperadas.
Un 9,6 por ciento de quienes viajaron de enero de 2013 a diciembre de 2015 pasaron a ser emigrantes según la ley cubana modificada, que establece la perdida de la residencia en Cuba cuando un nacional de este país, sobrepasa los 24 meses en el extranjero. De este grupo, 5,7 por ciento se quedó en Estados Unidos, principal receptor de la emigración cubana.
En ese vecino país, separado tan solo por 90 millas náuticas (150 kilómetros) de esta isla caribeña, residen casi dos millones de emigrados cubanos, 57 por ciento nacidos aquí.
El cambio migratorio realizado por Obama, adoptado después de negociaciones con el gobierno de La Habana, frustró los sueños de miles de cubanos de llegar a Estados Unidos, amparados en el trato preferencial para los migrantes cubanos, que estaba vigente desde 1995.
La política de “pies secos, pies mojados” daba a los cubanos la posibilidad de quedarse en el país, acogerse a la Ley de Ajuste y obtener la residencia como refugiados. Además, desde 2006, a su amparo surgió el programa especial para los médicos de este país, destinado a recibir a esos profesionales cubanos que abandonasen sus misiones en terceros países.
“Creo que el momento era estratégico”, comentó a IPS la investigador Susan Eckstein, de la Universidad de Boston sobre emigración cubana. En su opinión, Obama quiso fortalecer las posibilidades de poner fin al aumento masivo de la inmigración no autorizada de Cuba a Estados Unidos.[related_articles]
En los últimos dos años, miles de ciudadanos cubanos salieron legalmente de Cuba, tras vender sus viviendas y demás pertenencias, para tratar de llegar a Estados Unidos desde países latinoamericanos que luego cerraron sus fronteras ante las oleadas migratorias.
Durante 2016, un total de 6.000 frustrados emigrantes fueron devueltos a Cuba, según datos oficiales.
“Obama no inició el cambio antes de las elecciones de Estados Unidos para evitar influir en el voto del estado Florida”, donde la Ley de Ajuste cubano es muy popular entre la comunidad cubana, añadió Eckstein en declaraciones por correo electrónico.
La experta contrastó que la administración Obama recibió en 2016 a casi 55.000 inmigrantes cubanos, mientras bloqueó la entrada a decenas de miles de haitianos que huyeron por iguales o peores condiciones económicas que los ciudadanos procedentes de Cuba.
El gobierno cubano culpa a Washington de alentar con fines políticos la emigración ilegal e insegura desde Cuba,
Ahora solo queda vigente la Ley de Ajuste, destinada a garantizar el trato especial como refugiados políticos de los inmigrantes cubanos, aprobada por el Congreso legislativo estadounidense en 1966, cuatro años después de establecer un embargo contra este país aún activo aunque flexibilizado en su aplicación.
Las autoridades de La Habana alegan que esa norma no se corresponde con el contexto actual, de normalización de los vínculos bilaterales tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015.
Editado por Estrella Gutiérrez
