Más de un centenar de organizaciones ambientalistas, sociales e indígenas se movilizaron este lunes 22 en la capital chilena en reclamo de que el Estado recupere el manejo del agua, privatizado por la dictadura en 1981.
En la «Gran Marcha Carnaval por la Recuperación y Defensa del Agua», que incluyó la entrega de una carta al presidente derechista Sebastián Piñera, participaron más de 6.000 personas, según los organizadores, entre los que se contaba la exdirigente estudiantil y precandidata al parlamento por el Partido Comunista, Camila Vallejo.
La manifestación, que avanzó por el centro de Santiago con cánticos, bailes y banderas de colores, culminó sin que se registraran incidentes.
En la misiva destinada a Piñera, las organizaciones de la sociedad civil denuncian que la escasez hídrica que afecta a las comunidades no solo responde a la persistente sequía sino también a problemas estructurales en las políticas de explotación de los recursos naturales del país.
«Hemos descubierto que en Chile hay agua, pero que la muralla que la separa de nosotros se llama lucro y que se construye con el Código de Aguas (de 1981), la Constitución, los acuerdos internacionales como el Tratado Binacional Minero (con Argentina), pero fundamentalmente con la imposición de una cultura que ve como normal que el agua que cae del cielo tenga dueños», señaló la misiva.
«Esta muralla está secando nuestras cuencas, está devastando los ciclos hídricos que han sostenido nuestros valles por siglos, está sembrando la muerte en nuestros territorios y debe ser derrumbada ahora», añade la carta.
«Hay una crisis hídrica a nivel nacional», dijo a IPS el indígena Rodrigo Villablanca, presidente de la Comunidad Diaguita Sierra Huachacan, del norte de Chile, y portavoz del Comité Ecológico y Cultural «Esperanza de Vida».
La lucha es por la derogación del Código de Aguas, dictado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que transformó el recurso en propiedad privada confiriéndole al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad a empresas.
Además permite comprar, vender o arrendar esos derechos sin tomar en consideración prioridades de uso, denuncian las organizaciones.
«Nuestra principal demanda es la derogación del Código de Aguas que nos está negando el derecho de tener agua para vivir», alertó a IPS la activista Teresa Nahuelpán, del Movimiento por la Defensa del Mar de Mehuín, ubicada 800 kilómetros al sur de Santiago.
Dicho Código «favorece el lucro y a quienes tienen dinero», añadió.
Las organizaciones también piden la derogación del Tratado sobre Integración y Complementación Minera suscrito en 1997 por Chile y Argentina y que, dicen, entrega a las empresas mineras transnacionales toda el agua y la dotación de energía que requieran para sus faenas en la frontera.
El Tratado establece que las partes «realizarán acciones de coordinación de sus organismos públicos competentes, de modo de facilitar a los inversionistas el desarrollo del respectivo negocio minero».
«Asimismo permitirán con ese objeto, el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura contemplados en el respectivo Protocolo Adicional Específico, sin discriminación alguna», agrega.
Villablanca recalcó que «el tratado binacional minero le entrega 4.000 kilómetros de cordillera (de los Andes) a las trasnacionales».
El líder comunitario aseguró que el acuerdo «permite que la extracción de los recursos naturales se entregue en forma prácticamente gratis a las empresas y también casi en gratuidad el uso de las aguas».
«En América Latina, las mayores concentraciones de agua dulce se encuentran en la cordillera de los Andes», donde habitan 80 por ciento de las comunidades aborígenes de Chile, que «dependen de ese recurso», dijo.
Además, «estas concesiones mineras y de derechos de aprovechamiento de agua (a privados), que encima son heredables, están haciendo que las comunidades que habitan la cordillera retrocedan. Los indígenas se han ido retirando y la pequeña minería y la ganadería, que eran la subsistencia de las comunidades, se han visto afectadas», enfatizó.
«Con la marcha hemos querido generar un impacto en la opinión pública tanto en Chile como a nivel internacional», indicó.
En la misma línea, Nahuelpán añadió que «el llamado de la marcha es a un despertar de las personas» y un reclamo por «un agua que nos permita seguir viviendo, que nos dé vida».
«Las (empresas) forestales en el sur también han provocado mucho daño» a las comunidades mapuches, añadió. «Los territorios se están secando, hay muchas comunidades que no tienen agua y que funcionan con camiones aljibe» de distribución de agua, aseveró.
A la lucha ya entablada, las organizaciones sumaron este lunes 22 una nueva preocupación debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que estimó legal que una empresa minera no pague para extraer agua de las napas subterráneas en el terreno concesionado, pues solo se estarían «explorando» los minerales que tendría el agua.
A juicio de los ambientalistas, esta podría ser la base legal que permita a las grandes transnacionales mineras utilizar fuentes de agua sin control, incluso hasta su agotamiento.
El fallo benefició a la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, que había sido denunciada por la Dirección General de Aguas por no tener autorización.
Pero el máximo tribunal chileno explicó que las labores de sondaje y bombeo que motivaron la denuncia fueron autorizadas por la concesión de exploración (artículo 53 del Código de Minería), por lo que no requieren autorización de la Dirección de Aguas, como indica el artículo 58 del Código de Aguas, pues no constituye una explotación del recurso.
«Se trata de las aguas que están en las cuencas y que generan que los valles transversales de Chile puedan sobrevivir», advirtió Villablanca.
«En definitiva, están dejando a todo Chile sin agua», concluyó.
