Oficiales salen al cruce de las medidas de control y pruebas de aptitud implementadas como parte del proceso de reforma de la policía de Honduras para intentar librarla de la corrupción que la corroe y de sus cada vez mayores vínculos con el crimen organizado.
Los policías rebeldes sostienen que no se oponen a que se adecente ese organismo civil de seguridad y aseguran que son leales, pero que no quieren ser alcanzados por las llamadas "pruebas de confianza", que consisten en cuatro exámenes para verificar la idoneidad.
Las pruebas en cuestión son la toxicológica, para determinar si consumen o no drogas, la del polígrafo o detector de mentiras, el estudio socioeconómico, para verificar su patrimonio personal y familiar, y la psicométrica, que busca detectar si tienen aptitud para la carrera policial y el control de sus emociones.
La protesta estalló luego de que varios oficiales no superaron los exámenes, que comenzaron a practicarse hace ya siete meses. Las autoridades estudian darlos de baja del organismo.
A estos oficiales se les suman otros que por antigüedad u otras condiciones laborales pasarían a "disponibilidad" por un año, antes de disponer su salida definitiva del organismo.
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Esa situación llevó a una fuerte disputa al interior de la policía, en especial contra el nuevo jefe del organismo, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, a quien muchos de los oficiales "depurados" no reconocen como su superior por ser de menor antigüedad que ellos. También lo acusan de estar vinculado con violaciones a los derechos humanos en el pasado.
Eduardo Villanueva, director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), dijo a IPS que la aplicación de las llamadas pruebas de confianza "son una de las muchas herramientas para depurar la institución". En este momento estamos investigando 150 oficiales acerca de su patrimonio familiar, y ello sin duda genera resquemores", apuntó.
La DIECP es por ley la responsable de aplicar los controles y exámenes en la policía y obrar en consecuencia. Es un organismo autónomo que no depende de la Secretaría de Seguridad, y para efectuar su trabajo se ha apoyado en expertos mexicanos, colombianos, chilenos y estadounidenses.
Villanueva afirmó que el organismo que dirige está "entrando a tocar a fondo en la institución (policial), y las reacciones contrarias al proceso solo indican que vamos por el rumbo correcto".
Uno de los líderes de la rebelión policial es Aldo Oliva, exdirector de Penitenciaria Nacional, quien desafió en público la autoridad del presidente Porfirio Lobo, al conminarlo a revisar "con mayor cuidado" el proceso de depuración.
Oliva, junto a otros 150 oficiales, interpuso el 25 de octubre un recurso de inconstitucionalidad ante la sala respectiva del Poder Judicial para que se declaren sin valor las pruebas de confianza por considerarlas violatorias de los derechos humanos.
Tras la negativa de Lobo a recibirlo, Oliva dejó entrever que en los próximos meses habrá un "destape de irregularidades de tal magnitud que tendrá que escuchar". Pero no dio mayores datos.
El mandatario confirmó que las pruebas de confianza seguirán, al igual que el proceso de depuración. "Si ellos (los policías) se sienten afectados, que vayan a los tribunales, pero el proceso de limpieza iniciado es irreversible", sentenció.
Junto a Oliva, otros dos altos exjefes policiales, José Luís Muñoz Licona, suspendido en su cargo en octubre de 2011, y José Ramírez del Cid, con igual sanción desde mayo pasado, también se han mostrado inconformes.
Licona y Ramírez del Cid son señalados, incluso, como parte de un grupo de oficiales que intentan desestabilizar la gestión de Bonilla, un policía de mano dura que goza de la plena confianza del gobierno, pese a las dudas manifestadas sobre él por defensores de los derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia.
"Por lo menos Bonilla resuelve cosas, se le ve más diligente y parece que está dispuesto a limpiar la policía, aunque seguimos dándole el margen de duda", dijo a IPS la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, a quien efectivos le asesinaron a uno de sus hijos hace un año y que hoy es una de las abanderadas del proceso de reforma del cuerpo de seguridad.
"Vivimos tiempos de contrarreforma policial. No será fácil ese proceso porque ahí han operado mafias que se están sintiendo afectadas", dijo a IPS el analista político Víctor Meza, coordinador de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública (CRSP), que abarca también a la Fiscalía y al Poder Judicial.
Meza entregó a fines de octubre un paquete de seis proyectos legislativos, que incluyen una nueva ley orgánica de la policía. Todo esto, dicen los analistas, genera nerviosismo en las estructuras corruptas de la policía.
Edmundo Orellana, exfiscal del Estado, señaló a IPS que "vienen tiempos más difíciles, se están peleando entre ellos y buscan aliados externos para frenar la reforma".
Es que la policía hondureña se encuentra desde hace un año inmersa en una crisis sin precedentes al destaparse sus vínculos con el crimen organizado, bandas de extorsionadores, secuestros y asaltos, obligando al presidente Sosa a remover tres cúpulas policiales en un año.
