Organizaciones no gubernamentales de México se preparan para presentar este viernes 2 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por maltrato gubernamental y «limpieza social» contra miles de personas en situación de calle en varias ciudades del país.
Entre los casos citados por los denunciantes se encuentran las norteñas Tijuana y Ciudad Juárez, fronterizas con Estados Unidos, donde, aseguran, los indigentes y trabajadores callejeros son llevados extramuros por agentes policíacos.
Esa práctica se repite, con variantes, en la occidental Guadalajara, que cuenta con un programa de reordenamiento urbano que aleja a los indigentes del centro de la ciudad, y en la propia Ciudad de México, donde son desalojados del barrio histórico y obligados a permanecer bajo puentes, viaductos o avenidas elevadas, con lo cual agravan su grado de vulnerabilidad.
El común denominador de esas acciones es la violación de los derechos de las poblaciones callejeras, segmento para el cual el saliente gobierno nacional mexicano del conservador Felipe Calderón carece de políticas específicas. Sin embargo, sí abundan medidas de limpieza social contra esos colectivos, según activistas.
La sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "va a hacer que el Estado dé una respuesta apropiada y que se abra un proceso de largo aliento que permita que las violaciones a los derechos humanos se atiendan y sean parte de una agenda pública", declaró a IPS el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.
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El activista, cuya coalición aglutina a 73 organizaciones no gubernamentales que promueven el respeto a los derechos de la infancia y la aplicación de políticas públicas para ese segmento poblacional, estará presente en la audiencia de este organismo especializado del sistema de la Organización de los Estados Americanos.
Las estadísticas oficiales sobre niños, niñas, jóvenes y adultos que viven o trabajan en las calles de las grandes ciudades mexicanas presentan deficiencias.
Uno de esos datos es del Instituto de Asistencia e Integración Social, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social de la Ciudad de México, que registró el año pasado 3.467 hombres y 547 mujeres en esa situación, a partir de los concurrentes a sus albergues.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que podría haber entre 15.000 y 30.000 personas solo en calles de la capital mexicana, con más de ocho millones de habitantes y donde se aprecia diariamente a niños, adolescentes, adultos y hasta ancianos dedicados a limpiar parabrisas, vender golosinas y cigarros o directamente pedir limosna.
Esta realidad es emergente de la pobreza que, pese a los varios años de crecimiento económico, afectaba a 52 millones de los 112 millones de habitantes a fines de 2010, según la última medición divulgada por el estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Hasta entonces, 11,7 millones eran indigentes.
Casi 23 por ciento de ellos estaban entonces en la indigencia, según datos
La Ciudad de México "es un caso paradigmático, pues se erige como una urbe de vanguardia que respeta los derechos humanos, pero se caracteriza por la limpieza social", sentenció ante IPS el activista Luis Enrique Hernández, director de la organización no gubernamental El Caracol, que trabaja desde 1994 con poblaciones en la calle y que será parte de la misión a Washington.
La estatal pero autónoma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de México define esta práctica como "el retiro de personas non gratas de ciertos lugares, sin que medie justificación legal alguna ( ) solo por su condición de vida en la calle".
Redim y la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras solicitaron la audiencia especial en la Comisión, a la que también están convocadas las secretarías de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, así como el gobierno izquierdista de la Ciudad de México.
En la cita, las organizaciones denunciarán la situación vivida en nueve urbes mexicanas, en las que, aseguran, se violan derechos a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, a no ser sometido a trata de personas, al debido proceso, a la libertad y a un proyecto de vida.
Las personas en situación de calle suelen padecer el acoso de funcionarios del gobierno citadino o de policías para retirarlos de sus sitios de trabajo o de alojamiento, afirman.
La CDHDF ha recibido al menos 65 quejas por abusos contra los sectores mencionados desde 2009.
"Ha habido pequeñas acciones o programas temporales, pero que no resuelven la ausencia de una política pública", dictaminó Pérez.
Los activistas, como Pérez y otros, han sufrido amenazas por su labor, por lo cual también pedirán a la Comisión que se tomen medidas especiales de protección para ellos, indicó Hernández.
El gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, se prepara para ejecutar el Sistema Informático de las Poblaciones Callejeras, que le permitirá hacer un seguimiento de la atención prestada a esos grupos, y el Protocolo de Atención Multidisciplinaria de Primer Contacto para Poblaciones Callejeras.
Pero expertos critican el diseño de esos instrumentos.
"El Protocolo es un paliativo. Debió ser un producto del reconocimiento de experiencias exitosas de las organizaciones. ¿Por qué no se convocó a las poblaciones callejeras como sujetos activos?", cuestionó Alicia Vargas, directora general del no gubernamental Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y quien también asistirá a la audiencia.
En sus observaciones finales al informe mexicano de 2006 sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de 1990, el comité respectivo expresó su preocupación por "el elevado el número de niños de la calle".
También criticó "que no se hayan realizado investigaciones comparativas, y que no se hubieran adoptado suficientes medidas para prevenir este fenómeno y proteger a esos niños".
"En particular, el Comité lamenta la violencia de que son objeto estos niños y niñas a manos de la policía y de otras personas", expresó ese ente, integrado por 18 expertos independientes para supervisar el cumplimiento de ese tratado.
Tras la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la información de las partes y emitirá recomendaciones para el Estado mexicano.
