Tras remitir la ola privatizadora de los años 80 y 90, los entes públicos que manejan el agua potable en América Latina enfrentan crecientes desafíos de cobertura y calidad.
Pero en otros países, las recomendaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en las décadas finales del siglo pasado impulsaron la concesión de agua a transnacionales estadounidenses y europeas. Sin embargo, su mal desempeño y los altos costos despertaron rápidamente el descontento.
Quizás el momento crucial estuvo en la "guerra del agua" de Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, desatada en el primer semestre de 2000 por las protestas contra el manejo privado del abastecimiento, que hasta meses antes había sido municipal.
Tras recibir la concesión del gobierno de Hugo Banzer (ex dictador y entonces presidente constitucional), el consorcio Aguas del Tunari, que lideraba la multinacional estadounidense Bechtel, elevó las tarifas llevando los precios mínimos a 20 dólares por mes y amenazando con dejar sin agua a todo el que no pudiera pagar.
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Las intensas protestas fueron reprimidas con la imposición del estado de sitio, un muerto y dos centenares de heridos, pero la población continuó enardecida, hasta que el gobierno tuvo que rescindir el contrato.
Otro momento importante fue 2006, cuando el gobierno de Argentina, presidido por Néstor Kirchner (1950-2010), rescindió la concesión a un consorcio encabezado por la corporación francesa Suez, que atendía desde 1993 la ciudad de Buenos Aires y su cono urbano.
Kirchner rescindió el contrato de 30 años "por reiterados incumplimientos", recordó a IPS la experta María Laura Lignini, coordinadora de Espacio Aguas, un colectivo no gubernamental que promueve "el acceso universal al agua y al saneamiento como derecho humano".
El gobierno creó entonces la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) que abarca Buenos Aires y 17 municipios circundantes, con casi 10 millones de habitantes la zona más poblada del país.
En Ecuador, salvo dos ciudades, Guayaquil y Machala, el agua potable está en manos de 60 empresas municipales o de los municipios.
Guayaquil, la más poblada y ubicada en el oeste, concesionó el agua potable y el saneamiento a Interagua, un consorcio encabezado por la española Proactiva Medio Ambiente. En Machala, en el sudoeste, la maneja Triple Oro, constituida por el municipio de la ciudad con la Empresa Sudamericana de Aguas Oriolsa.
La Constitución de 2008 establece que el servicio de agua potable y el riego serán exclusivamente brindados por entes públicos o comunitarios. La transición de esas dos empresas a la nueva legalidad no está resuelta.
"Desde que en 1992, el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén eliminó el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias como paso previo a la privatización del servicio, ello ha sido impedido por la resistencia de las municipalidades y de la propia población", dijo a IPS el dirigente del movimiento civil en materia de agua, Antonio Gaybor.
Un proyecto de ley de aguas que discutió en 2010 la Asamblea legislativa provocó paros y revueltas de campesinos e indígenas, tras lo cual "de hecho, la ley está archivada", dijo Gaybor.
Rango constitucional
En julio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas declaró que el acceso al agua como es un derecho humano universal y fundamental.
Adelantándose a la comunidad internacional, varios países de la región otorgaron estatus constitucional al derecho al agua. El pionero fue Uruguay que, en un plebiscito paralelo a las elecciones nacionales de 2004, reformó su Constitución para definir el agua como un bien de dominio público.
La carta magna ahora establece que "el agua es un recurso natural esencial para la vida" y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son "derechos humanos fundamentales". Además, señala que "los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos".
El plebiscito fue impulsado por grupos de la sociedad civil, sindicatos y la coalición izquierdista Frente Amplio, que ganó las elecciones de ese año.
En Ecuador la Constitución de 2008 señala que "el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida".
También la Constitución boliviana de 2009 garantiza el derecho humano al agua, la protección del ambiente, la competencia exclusiva del Estado en la materia y la acción popular como mecanismo jurídico.
El agua que falta
Hoy, los esfuerzos en que están empeñados los entes públicos para llegar a estos enunciados son grandes.
El ejemplo de la boliviana Cochabamba ilustra cómo se malograron algunas batallas ganadas. En esa ciudad casi 50 por ciento de la población sigue sin agua, los más pobres deben comprar el líquido a camiones cisternas a precios de especulación y la empresa municipal soporta una pesada deuda, causada por la corrupción y el clientelismo.
En Buenos Aires, AySA, trabaja para expandir la red de cañerías y saneamiento hasta llegar a la cobertura universal en 2020. El agua potable alcanza a 87 por ciento y el saneamiento a 64 por ciento de los 9,7 millones de habitantes de la zona.
Se están realizando obras de gran envergadura como la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas, el depurador de líquidos cloacales Del Bicentenario y la Planta de Ósmosis Inversa Virrey del Pino, todas en suburbios bonaerenses.
En Uruguay, las compañías afectadas por la reforma constitucional fueron las filiales de empresas españolas Uragua y Aguas de la Costa, que brindaban servicios en el sudoriental departamento de Maldonado y que acumulaban denuncias por mal servicio y tarifas elevadas.
"Frente a la presión de tener que acatar la reforma constitucional y el hecho de que había un incumplimiento de contrato de Uragua, OSE (Obras Sanitarias del Estado) decidió rescindirlo", explicó a IPS la asesora técnica en la gerencia general de la empresa pública, Adriana Preziosi.
Como el contrato con Aguas de la Costa rige hasta 2018, el Estado tomó el control del servicio comprando la mayoría accionaria.
En este país el agua potable es universal y casi 100 por ciento de la población tiene saneamiento hogareño, mientras las redes de alcantarillado séptico alcanzan una cobertura de 60 por ciento.
En Ecuador el abastecimiento hídrico es de 96 por ciento en las zonas urbanas y de 74 por ciento en las rurales.
Pero estas conexiones tienen dos problemas, comunes a otros países: el servicio de agua es intermitente en la mitad de los centros urbanos y la cobertura muestra amplias variaciones entre los sectores más ricos y lo más pobres.
En México 10 por ciento de la población no tiene agua y 13,6 no tiene saneamiento, según la Comisión Nacional de Agua (Conagua), responsable de la gestión de estos servicios.
El mayor desafío de los entes públicos es llevar agua de calidad a los barrios marginales y a las poblaciones dispersas en las zonas rurales.
Además, los recursos hídricos están sometidos a contaminación y a las presiones por diversos usos, como el desarrollo hidroeléctrico.
Con todo, se comparten algunos logros tecnológicos: las plantas potabilizadoras compactas desarrolladas por OSE de Uruguay han sido instaladas en Quito y otras ciudades ecuatorianas.
Las Unidades Potabilizadoras Autónomas, usadas en otros ocho países latinoamericanos, en Estados Unidos, República Democrática del Congo e India, "son de excelente calidad, y nos ayudaron a resolver problemas emergentes", dijo a IPS Jorge Ribera, que fue gerente de operaciones de la empresa municipal de agua de Quito.
* Con aportes de Raúl Pierri (Montevideo), Marcela Valente (Buenos Aires) y Emilio Godoy (Ciudad de México).
