Estados Unidos debería suscribir rápidamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), según el Consejo de Relaciones Exteriores, una organización de expertos con sede en Washington.
Concluido en 1982 tras unos 15 años de negociaciones, la Convemar establece normas internacionales sobre navegación, vuelos excesivos, explotación del lecho marino, conservación e investigación.
Un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, titulado "The National Interest and the Law of the Sea" ("El interés nacional y el derecho del mar"), sostiene que la ratificación de la Convemar serviría a los intereses económicos, ambientales y de seguridad nacional de Estados Unidos.
Washington contaría con un instrumento que le permitiría combatir la piratería y a formular sus reclamos en relación a la cada vez más disputada región del Ártico, señala el estudio.
"No integrarse a la Convención este año será perder una oportunidad única, dada una conjunción de circunstancias como el de comienzo de un nuevo gobierno, la prevalencia de dos estrategias de seguridad nacional basadas sobre la prevención de conflictos y la creación de asociaciones, y una comunidad de naciones ansiosa por un renovado multilateralismo estadounidense", según el informe.
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El tratado ha sido firmado y ratificado por 156 países y por la Unión Europea, aunque no por Estados Unidos.
El rechazo correspondió al entonces presidente Ronald Reagan (1981-1989), quien, presionado por empresas mineras y energéticas, objetó sus disposiciones sobre la explotación en las profundidades, particularmente sus pedidos de que las demandas mineras sean reguladas por la Autoridad Internacional del Lecho del Mar, con sede en Jamaica.
Reagan ordenó al gobierno atenerse a todas las otras secciones del tratado, que, esencialmente, compilaba y codificaba las normas del derecho internacional consuetudinario y marítimo ya vigentes entonces.
En 1994, las disposiciones del tratado relativas al lecho marino fueron enmendadas para satisfacer las objeciones de Estados Unidos. Los gobiernos de Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009) apoyaron su ratificación, aunque el Senado nunca lo sancionó.
"Al igual que el presidente y el secretario de Defensa, apoyo fuertemente que Estados Unidos suscriba la Convención sobre el Derecho del Mar", dijo en marzo al Comité de Servicios Armados del Senado Alexander Vershbow, secretario adjunto de Defensa para la Seguridad Internacional, antes de ser confirmado en el cargo.
"Al convertirnos en parte de la Convención, enviaremos una señal clara de compromiso con el régimen jurídico del mar. Además, daremos la base legal más firme posible a los derechos de navegación y las libertades necesarias para proyectar el poder, reafirmar a amigos y disuadir a adversarios, responder a las crisis, mantener fuerzas de combate en el lugar y asegurar líneas marítimas y aéreas de comunicación que sostengan el comercio internacional y nuestra propia prosperidad económica", señaló.
El informe del Consejo de Relaciones Exteriores, redactado por Scott Borgerson, afirma que unirse a la Convención permitirá a Estados Unidos extender su soberanía sobre un millón de kilómetros cuadrados de océano adicional, así como sobre los recursos que yacen debajo del mismo.
Borgerson también alegó que suscribir el tratado permitirá promover otros intereses vitales de Estados Unidos, como liderar las operaciones contra la piratería en el Golfo de Adén, abrir la minería del lecho marino a las empresas estadounidenses, impulsar iniciativas ambientales y garantizar los derechos de navegación para embarcaciones navales y comerciales de esa nacionalidad en hidrovías estratégicas.
De firmar el documento, también se impulsará la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, que promovió el gobierno de Bush, por la cual 15 estados miembro y otros 50 aliados se arrogan la autoridad legal para destruir armas de destrucción masiva o sus componentes en alta mar.
Quienes apoyan el tratado sostienen que los principios contenidos en él son la piedra angular de la estrategia naval de Estados Unidos, y crean la base legal para juzgar a piratas y a otros actores no estatales.
La marina de guerra estadounidense es partidaria desde hace tiempo de que Washington adhiera a la Convemar.
Sus defensores subrayan que los océanos son, por su propia naturaleza, internacionales. Y que por lo tanto requieren un régimen de derecho internacional y enfoques colaboradores para su manejo.
Los opositores muestran al tratado como una amenaza letal para la soberanía nacional de Estados Unidos, y como una restricción inaceptable a la libertad de acción de Washington.
"Nuestra influencia en el mundo se deriva de nuestro poder económico, y más especialmente de nuestro poderío naval", dijo en noviembre Frank Gaffney, presidente del derechista Centro para las Políticas de Seguridad, al National Journal.
Aunque los opositores dicen que Estados Unidos ya adhiere a la Convención y que, por lo tanto, está protegido por sus disposiciones bajo el derecho consuetudinario internacional, los defensores sostienen que como el derecho consuetudinario internacional evoluciona constantemente no ofrece la estabilidad y predictibilidad del tratado.
Una de sus disposiciones se refiere al Ártico, región que atraviesa rápidos cambios ambientales subrayados por un derretimiento más rápido de lo esperado en los hielos polares y por la potencial explotación de los recursos naturales, entre ellos el petróleo, que yace bajo la superficie o bajo su lecho marino.
La llamada "carrera hacia el Ártico" en busca de nuevas rutas marítimas y de derechos de exploración petrolera, se lleva a cabo con creciente intensidad entre los cinco países que limitan con el océano homónimo: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega y Rusia.
Todos ellos, menos Estados Unidos, adhieren a la Convemar. Al situarse al margen del mismo, Washington puede estar poniendo en peligro sus intereses en la región, según un artículo publicado en noviembre en el National Journal.
Los puntos de vista de Gaffney, máximo detractor de la Convención, han sido compartidos por una cantidad suficiente de senadores republicanos para rechazar la ratificación, que requiere dos tercios de la cámara alta. Esto han impedido efectivamente una votación parlamentaria sobre el tratado, aunque éste fue aprobado hace apenas 18 meses por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por un margen de 17 votos a cuatro.
El actual presidente del Comité, senador John Kerry, y el senador republicado Richard Lugar, apoyan desde hace tiempo la Convemar y se espera que este año lo aprueben en el comité, aunque todavía tienen que programarse las audiencias.
Mucho depende de cuánta prioridad asigne el gobierno de Obama a su ratificación este año.
Una rápida acción del Senado enviará "una señal tangible de que Estados Unidos está comprometido con sus roles históricos como arquitecto y defensor del orden mundial", según Borgerson.
"Desde esta perspectiva, suscribir la Convención es un objetivo fácil para promover una agenda mucho más amplia de política exterior estadounidense. Tiene el más amplio apoyo bipartidario interno. Brinda la mayor parte de la seguridad nacional directa, y beneficios económicos y ambientales para Estados Unidos, y tiene un genuino alcance mundial", observó.
