Tras la batalla contra la insurgencia que libraron el año pasado en el sudeste de Etiopía, el gobierno y el ejército de ese país africano sometieron a nómades de origen somalí a ejecuciones, torturas y violaciones contra nómades.
Un informe de Human Rights Watch (HRW) difundido este jueves califica los actos de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Este patrón de abusos no es nuevo. Testigos relatan desde hace más de un decenio atrocidades como destrucción e incendio de aldeas, reasentamiento forzoso de población civil, ejecuciones sumarias, ataques, violación sexual y tortura.
Pero el informe "Collective Punishment: War Crimes and Crimes Against Humanity in the Ogaden Area of Ethiopia's Somali Regional State" ("Castigo colectivo: Crímenes de guerra y contra la humanidad en el área de Ogaden del estado etiope de Somalí") advierte que esos crímenes se agravaron en el último año.
En abril de 2007, el insurgente Frente Nacional de Liberación de Ogaden (ONLF, por sus siglas en inglés) mató a más de 70 civiles chinos y etíopes, tras un ataque contra una planta petrolera administrada por China en el área de Ogaden de la región de Somalí.
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En respuesta, fuerzas etíopes lanzaron una brutal campaña contrainsurgente en cinco zonas de Somalí. Esto incluyó ataques reiterados contra poblados en un intento por eliminar las raíces de la rebelión, dijo HRW en su informe de 130 páginas.
"La respuesta del ejército etíope a los rebeldes fue atacar ferozmente a civiles en Ogaden. Estas atrocidades generalizadas y sistemáticas son crímenes contra la humanidad", señaló Georgette Gagnon, directora de HRW para África.
El gobierno etíope ordenó a aldeanos y a nómadas abandonar los pequeños poblados y asentamientos pastoriles hacia localidades más urbanizadas en las zonas afectadas por el conflicto. Miles de civiles huyeron a países vecinos.
Los civiles que se negaron a evacuar sus aldeas fueron asesinados. Esos poblados fueron quemados y las fuentes y pozos de agua fueron destruidos, dijo HRW. Otros fueron detenidos en cuarteles donde son sometidos regularmente a golpizas, torturas y violaciones.
En el informe, un comerciante de 31 años ofreció este relato sobre el trato de los detenidos por parte de soldados etíopes.
"Ellos comenzaron a golpearme con la culata de sus subametralladoras AK-47. Me pegaron una vez con el arma en mi rostro y luego comenzaron a golpearme. También me pegaron con el cañón en los dientes y me quebraron uno", recordó.
"Después me azotaron espalda y pies con una correa. Fue más de una hora. Luego me ataron las piernas y me colgaron del techo cabeza abajo, con una soga. Me siguieron golpeando, diciendo que debía confesar", dijo.
"Durante dos meses pasamos así, siendo sacados de nuestras habitaciones por la noche para ser golpeados y torturados", afirmó.
HRW documentó informes sobre 87 aldeas y asentamientos nómadas evacuados a la fuerza y parcial o totalmente incendiados durante operaciones militares del gobierno entre junio de 2006 y agosto de 2007.
Unos 150 individuos fueron ejecutados, habitualmente en matanzas de demostración en las que los soldados etíopes tomaban por blanco a presuntos miembros o partidarios del ONLF.
HRW cree que estos casos documentados representan una pequeña fracción de los abusos reales.
Desde mediados de 2007, el gobierno tomó medidas para obstaculizar el apoyo económico al ONLF, entre ellas el bloqueo comercial de esta región devastada por la guerra, manipular la distribución alimentaria restringiendo el acceso al agua y la comida y obstruir la asistencia humanitaria donada al país.
El gobierno etíope niega todas las acusaciones de abusos contra civiles, pero restringe el acceso a la región de periodistas y organizaciones humanitarias.
"Los ataques del gobierno contra civiles y el bloqueo comercial y a la asistencia constituyen un castigo ilegal y colectivo a decenas de miles de personas. A menos que las agencias humanitarias tengan acceso inmediato para evaluar de modo independiente las necesidades y controlar la distribución de alimentos, se perderán más vidas", dijo Gagnon.
A pesar de la creciente evidencia sobre los abusos, muchos gobiernos occidentales no se han pronunciado sobre el asunto, dijo HRW.
"La mayoría de la comunidad internacional ha estado vergonzosamente silenciosa en torno a estos abusos", dijo a IPS Chris Albin-Lackey, investigador de la división africana de HRW.
Los donantes internacionales son muy conscientes del alcance del problema, según Albin-Lackey, pero se han negado a criticar públicamente al gobierno etíope o incluso a plantear el tema con vehemencia a puertas cerradas.
Esto se debe a que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea dependen del gobierno etíope como aliado africano clave en la "guerra contra el terrorismo".
Etiopía es uno de los mayores receptores de asistencia exterior al desarrollo en esta región inestable, recibiendo por este concepto casi 2.000 millones de dólares anuales.
Como los gobiernos y empresas donantes temen que una posición dura en materia de derechos humanos haga romper las relaciones diplomáticas, las violaciones que ocurren en Etiopía han sido activamente ignoradas, señaló HRW.
El gobierno de Estados Unidos, fuerte aliado de Etiopía en los esfuerzos antiterroristas, ni siquiera expresó una mínima preocupación.
HRW urge a los gobiernos a tomar medidas para poner fin a los crímenes de guerra cometidos por el gobierno etíope.
"El patrón de no responder a estos abusos tiene que terminar ahora.Una investigación seria sobre estos abusos debería responsabilizar al gobierno etíope", dijo Albin-Lackey.
