El FBI allanó en la capital de Estados Unidos la oficina y el domicilio de Scott Bloch, el funcionario a cargo de proteger a empleados del gobierno que denuncian casos de corrupción, por sospechar que incurrió en las prácticas que él mismo debería combatir.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) requisó en el allanamiento documentos y computadoras de la Oficina del Consejero Especial de Estados Unidos (OSC, por sus siglas en inglés), el organismo a cargo de Bloch.
Este funcionario, propuesto al cargo de director de la OSC por el presidente George W. Bush para un periodo de cinco años y confirmado unánimemente por el Senado, había lanzado pesquisas contra altos colaboradores de la Casa Blanca luego de ser él acusado por manejos irregulares de su personal.
Bloch es objeto de una investigación del inspector general de la Oficina de Administración de Personal de la Casa Blanca (OPM) desde 2005, por quejas de empleados de la OSC que aseguraron haber sido transferidos de sus puestos de trabajo por discrepar con su jefe.
A medida que avanzaba la pesquisa de la OPM, Bloch lanzó otra sobre diversas prácticas de la Casa Blanca, en la que combinó varias denuncias de alto impacto, no relacionadas entre sí.
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Entre ellas figuran el despido de ocho fiscales federales, la desaparición de miles de correos electrónicos enviados y recibidos por el ex asesor de la Casa Blanca Karl Rove, que probarían su supuesta participación en ese episodio, y otros casos de presión política sobre empleados del gobierno, práctica prohibida por la Ley Hatch, vigente desde 1939.
Los allanamientos de la oficina y la casa de Bloch se produjeron, paradójicamente, cuando el Congreso legislativo de Washington se preparaba para celebrar la Semana del Whistleblower, término en inglés con el que se hace referencia a quienes denuncian irregularidades en los organismos en los que se trabajan.
Funcionarios de la OSC acusaron a Bloch de "amordazarlos" y de recurrir al amiguismo. También aseguraron que su jefe forzó el traslado de quienes disienten con él y la renuncia de la quinta parte de los equipos legal y de investigación del organismo en Washington.
Bloch argumentó que el traslado forzado de 12 empleados de carrera a dependencias de la OSC en otras ciudades fue parte de una "reorganización" destinada a "mejorar el desempeño, no a sancionar a ninguna persona".
Parte de las denuncias hacen referencia a interferencias impropias de Bloch en el manejo de casos relacionados con la Ley Hatch, la misma que ahora invoca el director de la OSC para investigar actividades de la Casa Blanca.
La pesquisa de Bloch se refiere al despido de ocho fiscales generales por parte del Departamento (ministerio) de Justicia por razones supuestamente políticas.
También incluye denuncias sobre violaciones de la ley por parte de altos funcionarios designados por el presidente estadounidense George W. Bush, entre ellos Rove, al usar una cuenta de correo electrónico del comité nacional del gobernante Partido Republicano sin mantener archivados sus mensajes.
Asimismo, según la investigación, funcionarios designados por Bush entregaban informes de contenido partidario a funcionarios públicos de carrera.
Bloch alega que uno de los ocho fiscales desplazados, David Iglesias, sufrió tratamiento discriminatorio por ausentarse 45 días para cumplir con el servicio militar.
Organizaciones civiles, entre ellas Empleados Públicos para la Responsabilidad Ambiental (PEER, por sus siglas en inglés) y el Proyecto para la Supervisión del Gobierno (POGO), destacaron que existe un irreconciliable conflicto de intereses en las investigaciones de Bloch sobre la Casa Blanca.
El director ejecutivo de PEER, Jeff Ruch, dijo a IPS que "no tiene sentido que investigue a la Casa Blanca mientras la OPS, que forma parte de ella, lo está investigando a él".
Bloch, según Ruch, dijo a sus colaboradores que altos funcionarios de la administración le pidieron su renuncia en dos ocasiones. Pero el director de la OSC sólo puede ser removido por causas justificadas.
Seiscientas denuncias que Bloch admitió haber desestimado "eran casos en los que empleados públicos señalaron abusos o fraudes y, sin embargo, la OSC decidió que no había necesidad de iniciar una pesquisa", según el director de PEER.
Un portavoz de la OSC afirmó que se trataba de "temas menores" o previamente investigados. "Esto no es creíble", aseguró Ruch.
La directora de Investigaciones de POGO, Beth Daley, destacó que "Bloch no careció de oportunidades para conducir pesquisas complejas, dado que prácticamente todos los que tienen algo para denunciar recurren a la OSC. Pero él decidió ignorarlos. Sólo toma un caso cuando sirve a sus intereses políticos".
"Lo que tenemos aquí es una asociación de investigaciones mutuas. Se trata del equivalente burocrático de un ratón tratando de tragarse a un elefante. Bloch no puede investigar a la Casa Blanca mientras la Casa Blanca hace otro tanto respecto de él", agregó.
La directora ejecutiva de Ciudadanos para la Responsabilidad y la Ética en Washington, Melanie Sloan, acusó a Bloch de "transformar la OSC en un agujero negro para quejas legítimas sobre represalias".
"Decididamente, no es la persona adecuada para tomar en sus manos los casos de mal desempeño o actos ilegales que rodean a los más altos funcionarios de la Casa Blanca", agregó Sloan.
La OSC fue creada como organismo independiente, con facultades de investigación, cuya misión es proteger el sistema de méritos del sector público protegiendo a los empleados del gobierno federal y a quienes se postulan para ingresar en la carrera funcional de prácticas prohibidas de administración del personal, especialmente de represalias hacia quienes formulan denuncias de irregularidades.
Fue pensada para ofrecer una vía segura que permitiera revelar información sobre violaciones de la ley, mal manejo de fondos, abuso de autoridad o peligros sustanciales para la seguridad o la salud pública, con la única excepción de quienes trabajan para el FBI o la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La investigación del FBI sobre la OPM es la tercera que se realiza sobre el desempeño de Bloch.
Tanto la Contraloría General de Estados Unidos (GAO, cuerpo independiente que funciona en la órbita del Congreso legislativo) como una subcomisión del Senado han puesto la lupa sobre el caso de los centenares de denuncias desestimadas por Bloch.
También investigaron su decisión de tomar a empleados homosexuales y lesbianas como blanco para su remoción, mientras se negaba a investigar casos de discriminación basados sobre las preferencias sexuales de los funcionarios.
