El Congreso legislativo de Guatemala se apresta a aprobar una ley de protección integral del matrimonio y la familia que organizaciones de derechos humanos y minorías sexuales consideran discriminatoria de madres y padres solteros y de parejas del mismo sexo.
"La ley defiende a la familia y evita que se distorsione el concepto de matrimonio. El matrimonio no puede ser homosexual", dijo a IPS Carlos Eduardo Velásquez, diputado de la derechista y minoritaria Unión del Cambio Nacional (UCN) e impulsor de la pieza en la que se describe como familia sólo a la resultante de la unión entre un hombre y una mujer.
La iniciativa establece que "la familia se origina esencialmente por la unión conyugal entre un hombre y una mujer exclusivamente ( ) mediante matrimonio, así como unión de hecho legalmente declarada y otras acepciones sociales tales como ceremonia, rito religioso, costumbres y prácticas culturales, pero siempre entre un hombre y una mujer, que es el único diseño natural".
La propuesta, presentada al Congreso en octubre de 2005 y debatida por primera vez en julio de este año, fue aprobada por los diputados en una segunda lectura el 25 de septiembre y está pendiente de la tercera, último paso del proceso legislativo previo a la sanción del Poder Ejecutivo.
En una carta enviada el lunes al Congreso, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, exhortó a los legisladores a rechazar el proyecto porque "excluye tanto a los padres y madres solteras como a las parejas del mismo sexo de la definición de familia y pone en riesgo el estatus legal de los niños concebidos mediante tecnologías para la reproducción".
Velásquez subrayó que HRW "está sacando las cosas fuera de contexto" porque la iniciativa no explicita que madres y padres solteros no sean considerados una familia, ni hace mención de los niños concebidos por técnicas de reproducción asistida.
El proyecto define como familia a "la institución social determinada por virtud de la unión conyugal permanente exclusiva y libremente contraída entre un hombre y una mujer, y del parentesco consanguíneo, comprendiéndose además, de manera excepcional, el parentesco de la adopción".
"Estamos de acuerdo con HRW porque hacer una ley que excluye a la diversidad sexual genera un ambiente de más violencia y agresión" hacia las minorías sexuales, aseguró a IPS Claudia Acevedo, coordinadora general de la Asociación de Lesbianas Liberadas (Lesbiradas).
La coordinadora de Lesbiradas aludió a los Principios de Yogyakarta, adoptados en noviembre de 2006 en la ciudad indonesia de ese nombre y presentados en marzo en Ginebra por un grupo de 29 expertos internacionales en derechos humanos.
Los Principios de Yogyakarta del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad Género establecen estándares de carácter global en la materia, por ejemplo que "toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género" y llaman a los Estados a "velar por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias".
En su artículo 6, el proyecto de ley 3.367 establece que las personas que representen al Estado guatemalteco en cónclaves nacionales e internacionales deberán observar lo establecido en su articulado como posición oficial en materia de matrimonio y familia, y contempla sanciones para quienes incurran en violación de este precepto.
"No perseguimos el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la adopción, sino tener la posibilidad de ser sujetos de derecho", recalcó Acevedo, quien piensa que los homosexuales y lesbianas ven vedados a menudo sus derechos debido a su propia orientación sexual.
Velásquez reconoce que "la Constitución establece que todos tenemos los mismos derechos", pero cree que "la homosexualidad no es un derecho sino una preferencia" y, por tanto, defiende a los homosexuales "como personas, pero no sus preferencias".
"El objetivo de este proyecto de ley es privar a ciertas parejas, madres, padres y niños de los derechos y reconocimiento que todas las formas de familias se merecen", asegura en la carta al Congreso Juliana Cano, investigadora del programa sobre derechos de las lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero de HRW.
Para Cano, esta iniciativa "se dirige a las parejas del mismo sexo, pero pone en la mira a casi la mitad de los niños, madres y padres de Guatemala" y, en su opinión, "perjudicar a los niños y a quienes cuidan de ellos en nombre de una determinada agenda política no sólo resulta injustificable sino también moralmente reprobable".
HRW advierte en su misiva, publicada en su sitio en Internet en español e inglés, de que si se aprueba esta ley, casi 40 por ciento de las familias guatemaltecas, que no están integradas por padre, madre e hijos, no serán consideradas como tales.
Para Velásquez, "ellos (HRW) están peleando a favor del matrimonio homosexual y ese no es el sentir del pueblo de Guatemala".
"El sentir de Guatemala es que no queremos matrimonios homosexuales", insistió y aseguró que la iniciativa cuenta con respaldo de 88.000 firmas de instituciones religiosas y otras organizaciones.
"Están deslegitimando nuestras expresiones de convivencia. Es terrible que se nos perciba como ciudadanos de segunda", dijo a IPS Carlos Romero, portavoz de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH (virus de inmunodeficiencia humana) de Guatemala, que agrupa a 18 organizaciones.
Los dos candidatos que se medirán en los comicios del 4 de noviembre para elegir al gobernante para el periodo 2008-2012, han expresado su rechazo al matrimonio entre homosexuales.
"Dios dijo Adán y Eva y no Adán y Esteban", aseveró Álvaro Colom, aspirante a la presidencia por la centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza, en un foro organizado en julio de este año por la Alianza Evangélica de Guatemala y el Consejo Apostólico.
También en ese foro, el general retirado Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota, que adelanta a Colom en intención de voto según una encuesta publicada el último fin de semana, se pronunció en contra de las adopciones por parte de parejas del mismo sexo.
"Nos parece lamentable que los grupos religiosos estén interfiriendo en el quehacer legislativo", afirmó Romero, y abogó por la equiparación de derechos, como el "importante el reconocimiento ciudadano" de las uniones homosexuales. (FIN/IPS/ib/dcl/la hd pr wo md pn sl/07)
