La batalla de los cultivos transgénicos involucra, además de cuestiones ambientales y de salud humana, un mercado mundial de semillas que moviliza unos 30.000 millones de dólares al año.
Esa suma fue calculada por el banco holandés Rabobank International, vinculado con la agricultura, el cual considera posible que el negocio se triplique, dadas las potencialidades actuales del mercado.
Pero ese comercio avanza sobre la forma tradicional de sembrar, en que el agricultor aprovecha como semillas parte de su cosecha, sistema que pierde terreno ante las leyes de propiedad intelectual y de protección de variedades genéticamente modificadas para mejorar su productividad o resistencia.
Las semillas deben de ser un patrimonio de la humanidad, libremente disponibles para los agricultores y no sujetas al juego del mercado, según grupos como Vía Campesina, una organización internacional de agricultores.
Los transgénicos representan en Brasil la consolidación del ”modelo agrícola de modernización conservadora”, que ”aumentó la concentración de la propiedad de las tierras, vaciando el campo”, dijo a IPS Roberto Baggio, uno de los coordinadores del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), afiliado a Vía Campesina.
Ese modelo, aplicado desde los años 60, favoreció a los grandes productores de monocultivos de exportación y sacrificó la ”soberanía alimentaria” del país, al hacerlo dependiente de semillas y otros insumos provistos por empresas transnacionales, afirmó.
Si Brasil libera la producción comercial de transgénicos, se haría ”rehén de las transnacionales”, porque éstas monopolizarían el mercado de semillas, según el activista.
El principal blanco del MST y otras organizaciones contrarias a los transgénicos es la empresa estadounidense Monsanto, que domina el mercado mundial de semillas transgénicas con su soja Roundup Ready (RR).
En los últimos años, el MST invadió varias veces propiedades de esa transnacional para destruir plantaciones experimentales de RR.
El genoma de esa soja incluye la proteína CP4 EPSPS, derivada de una bacteria común en el suelo e incorporada mediante biotecnología para que la planta resista el herbicida Roundup, producido por la misma Monsanto con glifosato, que mata malezas, ahorra costos de limpieza y, según la firma, requiere menos cantidad de aplicaciones que otros.
Pero el codirector de la organización no gubernamental (ONG) estadounidense Food First, Peter Rosset, afirmó que cultivar soja tolerante a herbicidas tiene poco sentido para los pequeños agricultores, que suelen mezclar sus cultivos de esa planta con otros que serían destruidos.
Food First se dedica a buscar soluciones para el hambre y la pobreza en el mundo.
La RR es sembrada desde 1996 en Estados Unidos, y en 2000 ya cubría 54 por ciento del área de cultivos de soja en ese país, y 95 por ciento de la correspondiente a Argentina, según Monsanto.
Pero en Brasil ese avance fue trabado por un fallo judicial que atendió al pedido de estudios de impacto ambiental antes de la siembra comercial, planteado por ambientalistas y el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. En la actualidad, sólo son permitidas en el país siembras experimentales, en áreas reducidas y controladas.
Tal obstáculo legal no impidió, sin embargo, que la RR se diseminara en el meridional estado de Río Grande del Sur, a partir de semillas contrabandeadas desde la vecina Argentina.
En 1997 se calculaba que cinco por ciento de la soja de ese estado ya era transgénica, y la proporción aumentó desde entonces en forma sostenida, hasta llegar a 70 por ciento el año pasado y probablemente a ”80 por ciento este año”, dijo a IPS Narciso Barisón, presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes de Semillas y Plántulas de Río Grande del Sur.
En sentido contrario, la venta de semillas legales certificadas de las 110 empresas integrantes de esa asociación cayó de 60 por ciento en 1996 a 24 por ciento en 2002, destacó.
El hecho consumado llevó el gobierno brasileño a autorizar la venta de la cosecha transgénica de este año, de unos seis millones de toneladas, como una excepción que no se repetirá. Pero así ”abrió un precedente”, según los agricultores que se declararon dispuestos a seguir sembrando la soja ilegal.
La indefinición ”es el peor de los mundos” para la producción especializada de semillas, y sólo queda un tercio de las empresas que se dedicaban a esa actividad antes de esta crisis, según Barison.
”Tuvimos que vender semillas como soja para consumo, perdiendo unos 20 millones de dólares”, lamentó.
Las ventas anuales de semillas en todo en Brasil suman cerca de 1.000 millones de dólares, calculó para IPS Joao Lenine Bonifacio, presidente de la Asociación Brasileña de Productores de Semillas.
El comercio ilegal aumenta el riesgo de diseminar enfermedades y plagas, además de causar frustraciones en materia de productividad, debido a semillas no adaptadas al suelo, el clima y la humedad locales, observaron los dos empresarios.
Ambos abogaron por la legalización de los transgénicos y la libertad de los agricultores para elegir las semillas que sembrarán.
Las transgénicas serán mas caras, ya el cobro de derechos de patente por el gen RR que realiza Monsanto implica un costo de por lo menos 50 dólares por hectárea.
Para las empresas que multiplican y proveen semillas, lo importante es que sea legal la siembra de transgénicos o de variedades convencionales. Eso vale también para los agricultores, porque la ”productividad corresponde al índice de uso de semillas certificadas”, sostuvo Lenine.
Así lo demuestra la historia de la producción brasileña de granos, que se duplicó en una década y media, sin ampliar el area sembrada, explicó.
Para Baggio, sin embargo, los transgénicos no hacen falta a Brasil. En un asentamiento del MST en el sureño estado de Paraná se logró cosechar 3,7 toneladas de soja por hectarea, ”una superproducción” 50 por ciento por encima del promedio nacional, sin necesidad de la soja RR, alegó.
