La posible partida de Puerto Rico de las tropas de Estados Unidos, que determinaría la adaptación de los cuarteles a usos civiles, reavivó el debate sobre los beneficios económicos de la desmilitarización.
La partida de Puerto Rico del Ejército Sur estadounidense sería una buena noticia y debería abrir el proceso de la largamente esperada desmilitarización de toda la isla, dijo la activista Wanda Colón, coordinadora del Proyecto Caribeño Justicia y Paz, con sede en San Juan.
Como creyentes en una cultura de paz, confiamos en que el Fuerte Buchanan y otras tierras puertorriqueñas bajo ocupación militar sean devueltas para el uso y el disfrute de todos los puertorriqueños, agregó Colón.
El Fuerte Buchanan, en la centro oriental localidad de Guaynabo, es la sede del Ejército Sur, rama castrense de Estados Unidos que se disolverá pronto en el marco de una reorganización de las Fuerzas Armadas dispuesta a raíz de los atentados del 11 de septiembre.
El secretario del ejército de Estados Unidos, Thomas White, recomendó el traslado de los efectivos del Ejército Sur de Puerto Rico a la base militar de Fort McPherson, en el sudoriental estado de Georgia.
Puerto Rico quedará, de todos modos, en el área de operaciones de uno de los cinco comandos geográficos en que se dividirán desde el 1 de octubre las fuerzas de combate estadounidenses, el Septentrional, que incluirá Canadá y México e islas del Caribe como Cuba, Puerto Rico y las estadounidenses Islas Vírgenes.
El Ejército Sur llegó en 1999 a Puerto Rico procedente de Panamá, por el acuerdo que a fines de los años 70 previó el fin de las instalaciones militares estadounidenses en ese país.
Si el Ejército Sur se retira de Guaynabo, sus instalaciones serán cerradas con miras a su adaptación para fines civiles.
El cierre de bases militares y la conversión de sus instalaciones sería positivo para la economía puertorriqueña, aseguró el codirector la organización independentista Congreso Nacional Hostosiano, Héctor Pesquera.
Otra base, Roosevelt Roads, ubicada en la oriental localidad de Ceiba, ocupa 3.237 hectáreas y es el mayor centro de operaciones navales estadounidense fuera de Estados Unidos. La bahía, los nueve muelles y la larga pista aérea podrían tener un gran valor para el sector turístico, dijo Pesquera.
A su vez, agregó, el cierre de Fort Buchanan presentaría una magnífica oportunidad para la instalación de viviendas, dada su cercanía con San Juan, la capital de este estado libre asociado a Estados Unidos.
Tiene infraestructura para centros recreativos, deportivos y educativos y áreas verdes. Son 283 hectáreas en el área metropolitana, destacó el dirigente del Congreso Nacional Hostosiano.
Los puertorriqueños necesitan superar preconceptos sobre los supuestos beneficios económicos de las bases militares, sostuvo el economista José Alameda.
El objetivo fundamental de las bases es militar y no económico, por lo que sus efectos sobre la economía son laterales, incidentales y marginales, señaló Alameda.
Ninguna comunidad ni nación ha alcanzado niveles superiores de desarrollo a través de las bases militares, cualquiera sea el número de empleos, ingresos y compras que generen, observó.
El economista se refirió a cuatro estudios de la Contaduría General de Estados Unidos sobre reducciones y cierres de bases militares, realizados entre 1988 y 1995, según los cuales todas las comunidades estudiadas pudieron absorber las pérdidas económicas.
Por ejemplo, el condado Merced, en el occidental estado de California, sede de dos bases aéreas cerradas en los últimos años, la población aumentó y se incrementaron el empleo, las ventas y la escolaridad como resultado de la actividad comercial en ambas instalaciones, adaptadas a usos civiles.
La presencia militar estadounidense en Puerto Rico incluye polémicas maniobras en la oriental isla de Vieques, que originaron en 1999 el surgimiento de un movimiento civil de protesta.
En febrero de 2000, decenas de miles de personas se manifestaron contra la reanudación de los ejercicios militares en Vieques, utilizada con ese fin durante 50 años hasta 1999, cuando fueron suspendidos tras la muerte de un civil. (FIN/IPS/tra- en/crm/ml/lp/mlm/mj/ip/02
