El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió aplicar nuevas sanciones a Afganistán, contra la opinión del secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
Annan dijo a periodistas que esas sanciones «no van a facilitar los esfuerzos por la paz ni el trabajo humanitario» de la ONU en Afganistán, gobernado desde septiembre de 1996 por el movimiento islámico Talibán, que llegó al poder mediante una revolución.
La resolución del Consejo, que tiene 15 integrantes, fue adoptada el martes, con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Malasia.
El secretario general indicó que había brindado al Consejo «información adecuada» acerca de la posible repercusión de las sanciones, pero añadió que tras la decisión, sólo puede adoptar las medidas necesarias para implementarla.
«La decisión correspondía al Consejo, del cual no soy portavoz», acotó.
«Pienso que el secretario general está muy molesto por la adopción de nuevas sanciones contra Afganistán», dijo a IPS un diplomático de un país en desarrollo que no quiso ser identificado.
Annan ha expresado en varias ocasiones fuertes reservas acerca de la eficacia de las sanciones que adopta la ONU con la intención de castigar a gobiernos, porque piensa que a menudo las principales víctimas de esas decisiones son poblaciones civiles inocentes.
«Las sanciones tienen importancia como instrumentos de presión por el cumplimiento de normas de la comunidad internacional, pero son instrumentos toscos», declaró el año pasado.
El secretario general ha señalado que es preciso distinguir entre las «sanciones torpes», que afectan a inocentes, y las «sanciones inteligentes» que tienen impacto selectivo sobre los gobiernos.
Estados Unidos y Rusia coincidieron en forma inusual al impulsar la adopción de las nuevas sanciones contra Afganistán, que incluyen una prohibición de la venta a ese país de armas, municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y repuestos para los artefactos cuya venta se prohibió.
También pidió que los 189 Estados miembros de la ONU prohíban aterrizar en sus territorios, despegar de ellos o sobrevolarlos a los aviones que hayan despegado de zonas de Afganistán bajo control de movimiento Talibán o se dirijan a ellas.
Washington asegura que movimiento Talibán asila y protege al magnate saudí Usama bin Laden, a quien acusa de haber sido el responsable intelectual de atentados en agosto 1998 contra embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, y contra instalaciones militares de Arabia Saudita en 1995 y 1996.
Moscú sostiene a su vez que el movimiento Talibán proporciona dinero, armas y entrenamiento militar a los insurgentes musulmanes que combaten por la independencia de la provincia rusa de Chechenia.
La resolución del Consejo, basada en un borrador que redactaron los representantes de Rusia y Estados Unidos, exhortó a los Estados miembros de la ONU a ordenar el cierre «inmediato y total» de todas las oficinas del movimiento Talibán en sus territorios.
También instó a los integrantes del foro mundial que mantienen relaciones diplomáticas con Kabul a pedir una «significativa reducción de la cantidad y la jerarquía» de los representantes diplomáticos del movimiento Talibán en sus territorios, y a «restringir o controlar los movimientos» de esos funcionarios.
En la actualidad, sólo Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Pakistán reconocen al movimiento Talibán como legítimo gobierno de Afganistán. El foro mundial no lo ha reconocido como tal, y el lugar de Afganistán en la ONU es ocupado por representantes del anterior gobierno, del presidente Burhanudin Rabbani.
La ONU decidió el lunes retirar de Afganistán a todos sus representantes, que son unas 50 personas, para evitar que sufrieran represalias por las nuevas sanciones.
El representante en Nueva York del movimiento Talibán , Abdul Hakeem Mujahid, declaró que las nuevas sanciones violan la Carta de la ONU y el compromiso del foro mundial con la paz y la humanidad.
«Nuestro pueblo ha sufrido demasiado a causa de Rusia y de sus cohortes belicistas, y sufrirá aun más con estas nuevas sanciones», señaló.
«El pueblo de Afganistán, víctima de dos décadas de guerra devastadora y con más de la mitad de sus integrantes amenazados por hambrunas, seguirá buscando la paz, la integridad nacional y el entendimiento con la comunidad mundial, pero no mediante la ONU», añadió.
Human Rights Watch, la mayor organización no gubernamental humanitaria estadounidense, con sede en Nueva York, criticó la semana pasada, en una carta a los miembros del Consejo, la iniciativa de prohibir la venta de armas al movimiento Talibán y no a las otras partes en conflicto en Afganistán.
Esa medida no es adecuada para frenar la guerra civil en curso en Afganistán, que ha causado una severa crisis humanitaria, sostuvo.
La guerra civil se desarrolla entre el movimiento Talibán y la lamada Alianza del Norte, integrada por cinco partidos, cuyo nombre oficial es Frente Islámico y Nacional por la Salvación de Afganistán.
El movimiento Talibán controla la mayoría de las provincias del país, en las zonas meridional, sudoccidental y sudoriental, así como la capital y las importantes ciudades de Kandahar, Herat y Jalalabad.
La Alianza del Norte, con bases en las capiatales provinciales de Mazar-i-Sharif, Bamyan, Talogan y Maimana, controla las pronincias septentrionales y centrales.
Human Rights Watch pidió al Consejo que pusiera fin al embargo contra los vuelos internacionales de la empresa Aerolíneas Ariana de Afganistán, con sede en Kabul y controlada por el movimiento Talibán.
Ese embargo impuesto en noviembre de 1998 en el marco del primer conjunto de sanciones contra Afganistán, interfiere con la entrega de medicamentos y de otras formas de asistencia a civiles afectados por el conflicto, alegó.
Hace dos años, la ONU también dispuso que se congelaran todas las cuentas bancarias del movimiento Talibán en países integrantes del foro mundial.
En agosto de este año, tras una investigación sobre el terreno realizada durante dos meses, la ONU llegó a la conclusión de que las sanciones adoptadas en 1998 contra Afganistán habían causado severas penurias a la población civil de ese país, sin afectar en forma directa a los dirigentes del movimiento Talibán.
«La población de Afganistán es muy vulnerable y tendría escasas posibilidades de amortiguar el impacto de nuevos problemas económicos», afirmaron los autores de esa investigación en su informe final. (FIN/IPS/tra-eng/td/da/mp/ip hd/00
