La Comisión Mundial sobre Represas (WCD), integrada por comunidades afectadas, gobiernos y firmas constructoras, propuso hoy por unanimidad cambios en el proceso de aprobación e implementación de proyectos de represa, para evitar graves costos sociales y ambientales.
El informe de la WCD, de 12 miembros, se basó en dos años de estudio de los impactos de represas en varios países, e incluyó investigaciones propias, consultas con expertos y audiencias públicas. Los resultados confirmaron las críticas planteadas durante años por ambientalistas y organizaciones humanitarias.
En el mundo se han construido por lo menos 45.000 grandes represas según la comisión, que analizó casos en Brasil, Estados Unidos, Noruega, Tailandia, Turquía y Zambia, y dedicó especial atención a China e India, dos países en los cuales los proyectos hidroeléctricos se han extendido con gran rapidez.
Según la WCD, es frecuente que la construcción de grandes represas cause efectos devastadores para millones de personas pobres y degradación del ambiente, sin brindar los beneficios prometidos por quienes impulsan los proyectos.
En el informe, presentado en Londres por el ex presidente sudafricano Nelson Mandela, se reconoce que las grandes represas pueden ser beneficiosas para generar electricidad, controlar inundaciones, almacenar agua e irrigar cultivos.
Sin embargo, «en demasiados casos se ha pagado un alto e incluso inaceptable precio para lograr esos beneficios, en especial en términos sociales y ambientales, a costa de personas desplazadas, de comunidades afectadas corriente abajo, de quienes pagan impuestos y del ambiente», apuntó la WCD.
Además, el documento incluye evidencia de que grandes proyectos no han logrado los resultados prometidos en términos de generación de electricidad, provisión de agua y control de inundaciones.
La falta de equidad en la distribución de los beneficios de las represas «pone en tela de juicio que muchas represas sean la mejor respuesta a la demanda de energía y agua necesarias para el desarrollo, en comparación con soluciones alternativas», señaló la WCD.
Ha sido frecuente que el impacto social negativo de proyectos de represa no se evaluara en forma adecuada o no se tomara en cuenta, y decenas de millones de personas fueron desplazadas por esos proyectos, indicó.
«Quienes fueron reasentados rara vez pudieron recuperaron acceso a sus medios de subsistencia previos, ya que los programas de reasentamiento no han jerarquizado el desarrollo económico y social de los desplazados», subrayó.
Millones de personas que viven corriente abajo de las represas, y en especial quienes dependen de la pesca o de la anegación natural de las tierras que cultivan, también han sufrido graves impactos, y los recursos natrales en que basan su subsistencia quedaron en peligro, señaló.
Según el informe, los esfuerzos para contrarrestar impactos ambientales negativos de las represas, entre ellos la extinción de especies de peces y la pérdida de bosques y tierras húmedas, tuvieron «limitado éxito».
Eso se debió a «interés insuficiente por la prevención de esos impactos, mala calidad y carácter incierto de las predicciones, dificultades para afrontar todos los problemas al mismo tiempo, y medidas para mitigar impactos negativos que no se implementaron por completo o no dieron el resultado esperado», explicó la WCD.
La comisión recomendó que quienes toman decisiones para construir represas, incluyendo a los gobiernos y a instituciones financieras como el Banco Mundial, adopten un enfoque nuevo y muy diferente del desarrollo viculado con el agua y la energía.
«Debemos incluir nuevas voces, nuevas perspectivas y nuevos criterios en el proceso de toma de decisiones, y desarrollar un enfoque que construya consensos», afirmó.
Ninguna represa debe ser construida sin el consentimiento de las personas afectadas, es preciso evaluar en forma integral las necesidades que un proyecto busca satisfacer, con participación de los interesados, y hay que considerar otras alternativas para satisfacer esas necesidad, enfatizó.
La WCD recomendó la realización de evaluaciones periódicas de impacto de las represas ya construidas, con participación de todos los interesados, y que entre las consecuencias posibles de esas evaluaciones se incluya la suspensión de los proyectos.
También apuntó que deberían desarrollarse mecanismos para brindar beneficios sociales por concepto de indemnización a los afectados por impactos negativos de las represas, y para restaurar los ecosistemas perjudicados.
Organizaciones ambientalistas y humanitarias pidieron que los mayores financiadores de proyectos de represas, en especial el Banco Mundial y las agencias gubernamentales que brindan créditos para la exportación, interrumpan su apoyo a esos proyectos hasta que las recomendaciones de la WCD se implementen por completo.
«Muchas represas no se habrían construido si se hubieran aplicado los criterios de aprobación de proyectos que propone la WCD», comentó Patrick McCully, director de campañas de la Red Internacional de Ríos, una organización no gubernamental (ONG) con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California.
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil de numerosos países divulgaron este jueves una declaración en la cual enumeraron proyectos de represa en marcha que en su opinión «infringen con claridad» los criteriso propuestos por la WCD.
Entre ellos, señalaron los que se llevan en el río Narmada de India, la represa Tres Gargantas en el río Yangtzé de China, la Ilisu en Turquía, la Bujagali en Uganda, el Proyecto para las Tierras Altas de Lesotho y otros en la Amazonia brasileña y en la cuenca del río Uruguay, al sudeste de América del Sur.
Las ONG ya comenzaron a presionar a los gobiernos de Gran Bretaña, Italia y Suiza, los cuales estudian pedidos de garantía para créditos de exportación por valor de más de 700 millones de dólares destinados a la construcción de la represa Ilisu, el mayor proyecto de ese tipo en la historia de Turquía.
Ese proyecto implica la construcción de una represa sobre el curso del río Tigris, cerca de las fronteras turcas con Iraq y Siria, permitiría a Turquía bloquear el flujo de ese río hacia Iraq, obligaría a reasentar a decenas de miles de integrantes de la etnia kurda, e inundaría importantes sitios arquológicos.
Agencias gubernamentales de créditos para la exportación de Alemania, Canadá y Suiza financian el proyecto chino Tres Gargantas, que se prevé terminar entre 2009 y 2013.
Ese proyecto implica el desplazamiento de más de un millón de personas, y la inundación de unas 32.000 hectáreas de tierras cultivadas en la actualidad, 13 ciudades, 140 aldeas, 657 fábricas y cientos de sitios arqueológicos, algunos de ellos con más de 6.000 años de antigüedad.
«Gobiernos, firmas constructoras y financiadores deben suspender sus proyectos de represas hasta implememtar por completo las propuestas de la WCD», dijo Liane Greeff, del Grupo de Supervisión Ambiental, una ONG con sede en Ciudad del Cabo que actuó como enlace entre la WCD y comunidades afectadas por represas.
Medha Patkar, integrante de la WCD y dirigente del movimiento indio Narmada Bachao Andolan, que se opone a las grandes represas, incluyó en el informe una constancia de su preocupación acerca de cuestiones a las cuales piensa que la comisión no dio la jerarquía adecuada.
Patkar afirmó que el proceso inclusivo y transparente de toma de decisiones propuesto en el informe implicaría «un gran avance» pero no resolvería por completo los problemas vinculados con la contrucción de grandes represas.
«Las inicuas relaciones de poder existentes permitirán que ese proceso sea dominado y distorsionado con demasiada facilidad por quienes promueven la construcción de represas, aun si se reconocen derechos, se evalúan los riesgos y se identifica a todos los interesados que deben participar», opinó. (FIN/IPS/tra- eng/dk/da/mp/dv en/00
