La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) exigió al gobierno de Costa Rica la derogación un decreto mediante el cual declara secreto de Estado una millonaria compra de armas a Israel.
Daniel Camacho, coordinador de Codehuca, dijo que dicho decreto lesiona gravemente la democracia, el espíritu antimilitarista de los costarricenses y el Estado de Derecho.
La exigencia al gobierno del presidente José María Figueres para que derogue el decreto, aprobada el 31 de mayo durante la Asamblea General del organismo regional, fue dada a conocer este martes por Camacho.
Figueres y el ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, declararon secreto de Estado toda la información relativa a la compra de armas a la estatal Industria Militar de Israel.
Según lo que se conoce del acuerdo entre el gobierno y la empresa israelí, Costa Rica entregaría armas y pertrechos en desuso por valor de 143.000 dólares, los que servirán para completar el pago de unos cinco millones de dólares por un lote de armas nuevas.
Se desconoce que tipo de armas, municiones o equipo en general comprende la transacción.
El ex presidente Oscar Arias (1986-1990) fustigó la semana pasada el uso de la figura del secreto de Estado para realizar una compra similar a las que se han hecho en el pasado con total transparencia.
Arias, premio Nobel de la Paz 1987, acusó al gobierno de Figueres de cometer "anomalías autoritarias", que a la larga pueden lesionar a la democracia costarricense.
Este lunes, la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica denunció el violento desalojo de unas 50 familias en una zona rural, efectuado por un comando del Ministerio de Seguridad, con el resultado de tres campesinos heridos.
En tanto, dirigentes de una comunidad capitalina donde funciona el relleno sanitario que recibe la basura de al menos 10 municipalidades, denunciaron que han sido víctimas de amenazas y hostigamiento policial.
Los dirigentes se oponen a que el relleno, cuya vida útil ya venció, siga siendo utilizado a pesar de que hace tres años se acordó su cierre definitivo.
Codehuca envió una carta a Figueres en la que asegura que "existen fuertes indicios de que son funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) los autores de amenazas y hostigamientos, motivados por el rechazo del Comité a la permanencia del relleno sanitario en la comunidad".
Hechos como los denunciados "son propios de países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos", dice al carta enviada al mandatario reclamando una investigación de los hechos.
Codehuca advirtió que de persistir estos actos intimidatorios, adoptaría acciones urgentes ante los organismos internacionales de protección para garantizar la vida, la integridad y la libertad de los miembros del Comité comunal. (FIN/IPS/mso/ag/ip/96)
