Cuba se prepara para el censo de población y vivienda que en septiembre medirá los cambios registrados desde 1981, en particular los que se debieron a la disolución hace 11 años de la Unión Soviética, su principal sostén comercial hasta ese momento.
La también llamada investigación de las investigaciones, prevista originalmente para 1991, evaluará las consecuencias de la peor crisis económica vivida en este país desde el triunfo en enero de 1959 de la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro.
Hace 21 años que no se hace censo. En ese tiempo se han vivido momentos relevantes para Cuba, que serán evaluados ahora de manera directa, dijo a IPS el director nacional del Censo, Juan Carlos Alfonso.
La idea es no perder la continuidad analítica de estos 21 años, añadió le investigador, al frente del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la gubernamental Oficina Nacional de Estadísticas.
Alfonso indicó que se debe establecer qué ha pasado con la vivienda en Cuba, cómo ha cambiado el entorno laboral, cómo ha incidido la situación económica en la familia. En fin, cómo ha cambiado la vida.
Desde septiembre de 1981, cuando se realizó el último censo, la población cubana vivió primero una década de estabilidad y después los duros años que sucedieron a la desintegración de la Unión Soviética y del bloque socialista europeo.
Los años 90, llamados por algunos economistas como la década perdida, significaron el retorno al país del desempleo, el auge del trabajo por cuenta propia, la disminución de la construcción de viviendas y la escasez generalizada.
Además de los cortes diarios del servicio de electricidad, las personas vivieron la caída del valor real del salario, la legalización del dólar y con ella la apertura de un sistema de venta de bienes y servicios sólo en la moneda estadounidense.
La forma de esquivar la crisis para muchas personas fue emigrar desde los lugares de origen a la ciudad más cercana, hacia La Habana o directamente fuera del país, en especial a Estados Unidos.
Las tensiones llegaron a su máxima expresión con el éxodo masivo de unas 30.000 personas, en agosto de 1994. Casi tres años después, las autoridades aprobaron un decreto para regular las migraciones internas hacia la capital cubana.
Alfonso, a más de una década del comienzo de la crisis y cuando la economía emite signos intermitentes de recuperación, señaló con énfasis que el censo debe convertirse en un instrumento eficaz para el diseño y la aplicación de políticas.
La investigación de campo, que incluirá 14 preguntas referidas a la vivienda y 21 sobre población, se realizará entre el 7 y el 16 de septiembre en todo el país y estará a cargo de estudiantes de enseñanza técnico-profesional y universitaria, especialmente capacitados.
En el censo, además de indagar sobre el estado técnico de la vivienda y cuántas personas viven en ella, también se preguntará cuántos dormitorios existen en cada hogar y, en la práctica, cuántas habitaciones se utilizan habitualmente para dormir.
Con el fin de obtener información sobre servicios básicos y nivel de vida, se precisará la energía o combustible que más se usa para cocinar, cómo llega el agua, el sistema de desagüe y la fuente de energía para el alumbrado.
En lugar de cuántos equipos hay en cada vivienda, los censistas preguntarán si hay o no radio, televisor, cocina eléctrica, refrigerador, lavadora, teléfono, computadora, ventilador, aire acondicionado, plancha, batidora, entre otros artefactos.
Entre las novedades de la investigación, se incluye la especificación sobre si la persona encuestada es discapacitada física o mental, información considerada por Alfonso como sensible por la importancia que puede tener para los programas sociales del país.
Además de definir cuántos graduados tenemos, el censo permitirá saber cuántas de esas personas ocupan plazas laborales afines a sus especialidades, cuántas personas trabajan, buscan trabajo o tienen más de un empleo, añadió el especialista.
El censo permitirá también precisar los datos demográficos de los últimos años que arrojan una marcada tendencia al envejecimiento de la población de Cuba, donde más de 14 por ciento de sus habitantes tiene más de 60 años.
Deberán confirmarse asimismo las tendencias de las migraciones internas, la cantidad de personas unidas sin vínculo legal o separadas sin que medie un divorcio, el aumento del papel de las mujeres como jefas de hogar y la composición por color de la piel.
En busca de aumentar el alcance de la investigación se orientó la inclusión como censables de las personas que tienen autorización para vivir y trabajar en otro país, pero mantienen residencia legal en la isla.
Estamos trabajando para alcanzar la mayor cobertura, que no haya nadie que se repita ni tampoco que falte. Para ello partimos de la buena fe de la población, dijo Alfonso.
Sobre el temor manifestado por algunas personas a que el censo sea utilizado por el gobierno como una vía para detectar ilegalidades en la esfera de la vivienda, el experto aseguró que las leyes cubanas garantizan la confidencialidad del censo.
La información recopilada no puede ser utilizada para otros fines que no sea el censo mismo. Por otra parte, el censo no otorga ni quita legalidad. Parte de la declaración de las personas y no solicita documentos probatorios, afirmó.
Con el de fin poner al tanto a la población sobre los fines investigativos, las autoridades distribuyen desde esta semana por todo el país más de tres millones de ejemplares de un suplemento informativo que incluirá el cuestionario a aplicar, entre otras informaciones.
El Censo de Población y Viviendas será el número 18 en la historia de la isla. El primero se realizó entre 1774 y 1775.
El gobierno destinó para este censo 6,4 millones de dólares y 40 millones de pesos (igual al dólar al cambio oficial). El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) cooperó de forma modesta, con fondos para equipamiento, capacitación y asesoría.
En un mes esperamos estar dando las cifras preliminares del censo y el reporte final deberá estar listo para julio de 2003, añadió Alfonso. (FIN/IPS/da/dm/pr/02
