Los ocho ejecutivos de la empresa peruana Aero Continente refugiados en la embajada de Perú en Chile dijeron hoy que permanecerán en esa sede, pese a que la policía aseguró que no hay orden de arrestarlos, y el incidente enturbia las relaciones entre los dos países.
Las autoridades chilenas calificaron de «maniobra comunicacional» el ingreso a la embajada peruana, el miércoles de noche, de Carlos Morales, presidente ejecutivo de la compañía en Perú, y de otros siete directivos de la aerolínea.
Por su parte, el vicecanciller peruano Manuel Rodríguez advirtió este jueves en Lima que su gobierno evaluará si se sigue un debido proceso a otros cuatro representantes de Aero Continente en Chile, detenidos el 18 de julio.
Se trata de los chilenos Jorge Portilla, accionista mayoritario de la filial chilena de Aero Continente, Ricardo Schomburgk, gerente general, y Félix González, ex gerente general, además del ejecutivo peruano Máximo Zadi Desme.
El desvío hacia el campo político-diplomático de la causa judicial abierta en Chile contra la compañía peruana por supuesto lavado de dinero del narcotráfico, se convierte así en el primer desafío para la «nueva era en las relaciones» bilaterales proclamada por los dos gobiernos.
El mandatario chileno Ricardo Lagos viajó el pasado fin de semana a Perú para asistir a la investidura presidencial de Alejandro Toledo, y permaneció hasta el martes en el vecino país, convirtiéndose en el primer jefe de Estado recibido en visita oficial por el nuevo gobernante peruano.
Toledo y Lagos coincidieron en que el conflicto desencadenado por la intervención judicial de los bienes de Aero Continente en Chile y el sometimiento a proceso de sus ejecutivos en este país es un asunto que corresponde a los tribunales y no a los gobiernos.
El conflicto se desató el 18 de julio, cuando los tribunales chilenos acogieron una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Aero Continente, ordenando la detención de Portilla, Schomburgk, González y Zadi Desme, los cuatro principales ejecutivos de la compañía en este país.
La justicia dispuso igualmente la incautación preventiva de seis aviones con que la empresa cubría desde hace dos años servicios de transporte de pasajeros en el interior de Chile.
La querella se basó en la Ley de Control de Drogas, que faculta al CDE para investigar actividades empresariales en que se sospeche la intervención de narcotraficantes, ya sea para el comercio ilícito de drogas o el lavado de dinero.
En el caso de Aero Continente, el juez Juan Carlos Urrutia investiga si su rápida expansión en el mercado aéreo chileno, con tarifas muy inferiores a sus competidores, fue fruto del «blanqueo» de dineros procedentes del narcotráfico.
La investigación del CDE comenzó reservadamente hace dos años, a raíz de una antigua denuncia por narcotráfico contra el peruano Fernando Zevallos, mayor accionista y ex presidente de la empresa, quien reside ahora en Miami.
Lupe Zevallos, hermana de Fernando y actual presidenta de la compañía, sostuvo que las acusaciones contra Aero Continente eran falsas y que el objetivo era favorecer a Lan-Chile, propiedad del empresario derechista y candidato a senador Sebastián Piñera.
En dos años, Aero Continente copó, gracias a sus bajas tarifas, 13 por ciento del mercado aéreo interno de Chile, forzando a la quiebra a Avant, una empresa aérea local.
Zevallos apuntó que, al eliminar a Aero Continente, el mercado aéreo chileno quedó bajo el monopolio de Lan-Chile, que absorbió hace tres años a Ladeco, otra de las grandes compañías aéreas de este país.
Similares acusaciones al CDE de favorecer a Piñera y sus intereses empresariales lanzaron unos 2.000 trabajadores de Aero Continente en Chile, que arriesgan perder sus empleos.
El caso generó también reacciones contra Chile en Perú, planteándose el temor de que renacieran las viejas rivalidades entre los dos países, incubadas desde la guerra del Pacífico, de 1879.
Los temores de que hubiera manifestaciones contra Lagos durante su visita fueron desvirtuados por la cordialidad del encuentro entre el gobernante chileno y el nuevo presidente Toledo.
El 27 de julio, cuando Lagos viajaba a Perú, el juez Urrutia dictó en Santiago los autos de procesamiento de los cuatro directivos detenidos desde el día 18.
Así, Morales viajó a Chile junto a otros directivos para conocer el estado del proceso, luego de que el presidente Lagos declinara recibir en Lima a Lupe Zevallos.
Morales y otros siete ejecutivos llegaron en la noche del miércoles a la embajada peruana en Santiago, para solicitar refugio, argumentando que efectivos de la policía chilena intentaron detenerlos en el hotel donde estaban alojados.
Morales denunció un «hostigamiento» de la policía, aunque dijo confiar en la justicia chilena.
«Vamos a permanecer acá (en la embajada) hasta que se aclare la situación que afecta a nuestra aerolínea», señaló el ejecutivo empresarial este jueves.
Agregó que su intención es permanecer en Santiago «hasta que las autoridades chilenas nos devuelvan la aerolínea y además liberen a los cuatro funcionarios detenidos».
La policía desmintió que hubiera orden de arresto contra Morales y los otros siete ejecutivos que ingresaron a la sede diplomática.
El viceministro del Interior, Jorge Correa, se manifestó «sorprendido con la maniobra comunicacional del señor Morales, quien a través de atribuir falsos hechos ha pretendido agraviar al Poder Judicial y a la policía de Investigaciones de Chile».
Fuente de la embajada de Lima en Santiago señalaron que los ocho ejecutivos no han pedido formalmente refugio en la sede diplomática, sino que se encuentran allí en calidad de «visitantes». (FIN/IPS/ggr/dm/ip/01
