La comprobación de la entrega a militares argentinos de la esposa y la hija de un guerrillero uruguayo asesinado en Bolivia parece implicar al ahora presidente constitucional boliviano Hugo Banzer en la operación Cóndor de las antiguas dictaduras sudamericanas.
Tras la muerte en la ciudad boliviana de Cochabamba de Enrique Joaquín Lucas, la esposa de éste, Graciela Rutila Artes, y la hija de ambos, Carla, fueron entregadas por la dictadura de Banzer (1971-1978) a fuerzas de seguridad argentinas.
Grupos humanitarios bolivianos dijeron la semana pasada que un cuerpo enterrado sin identificación en el cementero general de La Paz pertenece al uruguayo Lucas, muerto tras ser capturado por fuerzas de seguridad bolivianas el 17 de septiembre de 1976.
Rutila Artes, de nacionalidad argentina, fue trasladada junto con su hija a un centro de detención clandestino argentino y luego ambas desaparecieron, según la boliviana Asociación de Familiares Desaparecidos y Mártires de la Liberación Nacional (Osofamd).
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, dio finalmente con el paradero de Carla, quien estaba en manos de un matrimonio vinculado a los grupos de represión de ese país, y la devolvió en agosto de 1985 a su abuela materna, Matilde Artes.
Carla, quien vive hoy en España con su abuela, acusó a Banzer en diciembre ante el Congreso de Bolivia de ser responsable de aquellos hechos, y dijo que no descartaba denunciarlo ante el juez español Baltasar Garzón, que persigue penalmente al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Alberto Hein, de la agrupación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo el martes a IPS que la aparición del cuerpo de Lucas y el destino que tuvieron sus familiares confirman la vinculación de Banzer con la operación Cóndor, acusación siempre negada por el hoy presidente constitucional de Bolivia.
La operación Cóndor, de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América, fue lanzada en 1975 por el gobierno de Pinochet (1973-1990), al parecer con la anuencia de Estados Unidos, según documentos de inteligencia divulgados el año pasado en Washington.
Hein indicó que el caso de Lucas es estudiado por el grupo de familiares uruguayos, tras obtener datos significativos en un viaje que él realizara en febrero a Cochabamba.
Agregó que Osofamd aún no comunicó en forma oficial la confirmación de la identidad de los restos de Lucas, pero confía en el trabajo de sus colegas bolivianos, con los cuales mantiene coordinación.
Hein anunció que el grupo uruguayo seguirá investigando, para determinar la manera en que fue muerto Lucas, pues hasta ahora sólo se tenía la información de que había sido abatido en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad bolivianas.
Sin embargo, Osofamd pudo establecer que Lucas, quien había integrado las filas del insurgente Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, de Uruguay, fue asesinado junto a Pedro Silveti, secretario del ex presidente boliviano general Juan José Torres, el mismo día en que ambos fueron apresados.
El guerrillero uruguayo se había sumado en Bolivia a la lucha contra la dictadura de Banzer que llevaba adelante el Ejército de Liberación Nacional en alianza con seguidores de Torres, que fue depuesto en agosto de 1971 tras gobernar un año con apoyo de la izquierda y asesinado en junio de 1976 en Buenos Aires.
«Un tiroteo de dos horas hasta dejar la última bala antes de caer herido, antes de que te lleven a morir a la tortura. Después la mentira de los comunicados oficiales se encargaría de decir que habías muerto en el enfrentamiento», dijo el periodista Kintto Lucas en una carta sobre la muerte de su hermano que publicó este martes el diario uruguayo La República.
Kintto Lucas también aseguró en su carta que «el ministro de Interior boliviano, general Pereda Azbún, se reunió luego con autoridades de la dictadura uruguaya en Montevideo para dar cuenta que la red del Cóndor había cumplido su cometido».
La Comisión para la Paz, creada el año pasado por el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, para investigar el destino de unos 140 desaparecidos, también había solicitado la colaboración de la embajada uruguaya en Bolivia para que recabara información sobre el destino de Lucas.
La Comisión para la Paz está integrada por Carlos Ramela, delegado de la Presidencia, el abogado Gonzalo Fernández, del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio, el líder histórico de la central sindical PIT-CNT, José D'Elía, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, el sacerdote Jorge Osorio y el historiador José Claudio Williman.
La presunta relación de Banzer con el operación Cóndor cobra especial importancia en momentos en que la justicia francesa convoca al ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger para que explique los alcances de aquella coordinación represiva.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos indican que en los años 70 y 80 hubo 30.000 desaparecidos en Argentina y 1.200 en Chile, y que 156 bolivianos, 160 paraguayos y 140 uruguayos fueron víctimas de desaparición forzosa en su propio país o en otros del Cono Sur.
El juez Roger Le Loire, que investiga la desaparición de ciudadanos franceses en Argentina y en Chile, pidió la semana pasada a Kissinger, de vacaciones en París, que comparezca como testigo.
El abogado querellante en la causa, Willam Bourdon, hizo el pedido por entender que el gobierno de Estados Unidos estaba en conocimiento de la creación y de las actividades encubiertas de la operación Cóndor.
Bourdon llegó a esa conclusión tras revisar los documentos secretos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) estadounidense, divulgados el año pasado y que evidencian que la agencia conocía la existencia de la operación desde julio de 1976.
«A partir de julio de 1976, la CIA recibió informaciones sobre el hecho de que el Cóndor programaba protagonizaciones (sic) fuera del territorio de los países miembros contra dirigentes de grupos terroristas locales residentes en el extranjero», señala una parte del resumen publicado.
El diario argentino Página 12 recoge declaraciones del investigador británico Christopher Hitchens, quien sostiene haber probado la culpabilidad de Kissinger en crímenes contra la humanidad «desde Camboya hasta América del Sur».
Kissinger fue jefe de la diplomacia estadonidense durante el mandato de Richard Nixon (1969-1974) y el de Gerald Ford (1974- 1977).
Hitchens afirma en un libro de reciente publicación que Kissinger no debió recibir el premio Nobel de la Paz, en 1973, porque, entre otras cosas, colaboró con el derrocamiento del gobierno chileno de Salvador Allende (1970-1973) y fue responsable de la política de apoyo a las dictaduras del Cono Sur. (FIN/IPS/dm/ff/hd/01
