Las perspectivas de una fluida negociación del ALCA fueron enturbiadas por la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de acoger una acusación de competencia desleal de precios (dumping) contra importaciones de uva procedentes de Chile y de México.
La medida coincidió el jueves con el comienzo en Santiago de la cuarta ronda de conversaciones para un acuerdo bilateral de comercio entre Chile y Estados Unidos, y se produjo dos días después de que una mayoría del Senado estadounidense se pronunciara por mantener la llamada legislación antidumping.
La ofensiva desde Estados Unidos contra supuestas prácticas de competencia desleal afecta en primera instancia las tratativas con Chile, pero su impacto mayor reside en que cuestiona el propósito de finalizar las negociaciones para crear el ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) en enero de 2005 y ponerlo en marcha en diciembre del mismo año.
Los gobernantes de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos fijaron esas fechas en su tercera cumbre, celebrada entre el 20 y el 22 de abril en Québec, Canadá, pero Brasil y otros países advirtieron que el objetivo no se logrará si Washington no desmonta sus controvertidas leyes antidumping.
La acusación contra las importaciones de uvas chilenas y mexicanas fue planteada por una liga de productores californianos de vides, los cuales piden, en el caso del producto chileno, una sobretasa (impuesto aduanero) compensatorio entre 23 y 99,39 por ciento.
Los productores de uvas californianos aducen que el producto chileno se está vendiendo en el mercado estadounidense a un precio por debajo de su costo.
El Departamento de Comercio autorizó el jueves que la demanda sea investigada, lo cual deja abierta la posibilidad de que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos acepte la acusación, en un fallo que debería hacerse público en la primera semana de junio.
Luis Schmidt, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile, dijo que con una sobretasa de 22 por ciento los exportadores chilenos tendrían que pagar 25 millones de dólares adicionales en aranceles y entre 85 y 100 millones de dólares con una sobretasa de 99 por ciento.
Los 61 senadores estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano enviaron el martes una carta al presidente George W. Bush, en la cual le anticiparon su oposición a cualquier acuerdo de libre comercio que debilite las leyes de ese país, refiriéndose específicamente a las normas antidumping.
El gobierno de Bush negocia tratados comerciales con Chile y Singapur y su propósito es iniciar de lleno en mayo de 2002 con los demás países americanos, exceptuando a Cuba, definiciones de las materias arancelarias y no arancelarias que darán cuerpo al futuro tratado del ALCA.
La canciller chilena Soledad Alvear reaccionó el miércoles ante la carta de los senadores estadounidenses señalando que en la definición del tratado bilateral con Washington «todo es negociable» y que «la ley antidumping está puesta (también) en la mesa de negociaciones».
Alvear señaló que el asunto debe ser estudiado en la ronda de negociaciones relativa a mecanismos de resolución de controversias, ya que la legislación antidumping estadounidense «ha sido abusivamente aplicada en algunos casos».
Para el gobierno de Bush, el tratado con Chile es una suerte de globo de ensayo, en términos de establecer si el Congreso estadounidense está dispuesto a concederle la facultad de la vía rápida (fast track) para negociar convenios internacionales de libre comercio.
La vía rápida permitirá a Bush abordar con una perspectiva integral los tratados, que el Congreso podrá aprobar o rechazar en bloque. De no ser así, los legisladores debatirán y votarán cada cláusula, en especial las relativas a temas sensibles, como el dumping y la inclusión de normas laborales y ambientales.
Osvaldo Rosales, jefe de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, dijo que para su país es «irrenunciable la autonomía normativa» en materias laborales y ambientales.
Chile y otros países de América Latina y en vías de desarrollo rechazan que los tratados de comercio incluyan expresamente cláusulas laborales y ambientales y, más aún, que prevean sanciones económicas ante eventuales incumplimientos de compromisos en esas áreas.
John Sweeney, presidente de la central AFL/CIO, la más poderosa de las confederaciones sindicales de Estados Unidos, anunció el martes en una conferencia de empresarios que invierten en América Latina el comienzo de una campaña para negarle a Bush la vía rápida en las negociaciones del ALCA.
Sweeney argumentó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrado por Canadá, Estados Unidos y México, «ha servido para explotar a mano de obra más barata y contaminar el ambiente mexicano».
Por su parte, Dick Gephardt, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes estadounidenses, dijo este jueves en Washington que su partido y «muchos republicanos» no le darán la vía rápida a Bush para negociar tratados que no contemplen con firmeza la defensa ambiental, de los derechos humanos y de las leyes laborales.
Bush, que planea pedir a fines de año la facultad del «fast track», afronta una compleja disyuntiva: difícilmente la obtendrá si no cede ante los partidarios del antidumping y de las normas laborales y ambientales, pero sus interlicutores latinoamericanos no parecen dispuestos a negociar el ALCA bajo esos parámetros. (FIN/IPS/ggr/dm/if/01
