La ley de protección a niños y adolescentes de Venezuela, considerada una de las más avanzadas de América Latina, afronta problemas para su aplicación tras un año de vigencia, debido a falta de respaldo político y de preparación judicial, dicen expertos.
Funcionarios y grupos no gubernamentales del área minoridad reconocen las virtudes de la norma por considerar a los niños y niñas como ciudadanos con derechos y deberes, pero se manifiestan escépticos respecto de su cumplimiento por las dificultades de adecuación del sistema judicial.
La ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, que entró en vigor el 1 de abril de 2000 en sustitución de la ley Tutelar del Menor de 1980, adoptó los criterios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Esta Convención, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, abandonó la teoría del niño como sujeto tutelado para pasar a considerarlo persona en desarrollo con «derechos y responsabilidades inherentes a los seres humanos».
El avance legislativo en materia de defensa de los menores en Venezuela, también contenido en la Constitución en vigor desde diciembre de 1999, se enmarca en la llamada revolución social bolivariana impulsada por el presidente Hugo Chávez desde que asumió hace dos años.
Entre las garantías establecidas en la nueva norma se encuentran el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación general y sexual, a la libertad de expresión, de identificación y el trabajo reglamentado para mayores de 14 años, además del respeto de sus padres y maestros.
También se señala que los adolescentes que hayan cometido actos punitivos tendrán derecho a la defensa bajo el concepto de «responsabilidad juvenil penal», en la que se le demuestra al menor que ha cometido un delito y que debe ajustarse a las sanciones referidas por la justicia.
Datos divulgados por el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes indican que desde la entrada en vigencia de la ley se han atendido 90.000 casos de familia. Los más comunes son los de violencia intrafamiliar, regímenes de visitas y problemas educacionales.
En no gubernamental Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), que actúa en defensa de los derechos de los menores y de gran participación en la redacción de la nueva norma, considera que aún se tropieza con problemas de infraestructura.
El coordinador general Cecodap, Fernando Pereira, enumeró los logros obtenidos tras la promulgación de la ley. «Se ha duplicado el número de jueces, fiscales y defensores públicos», dijo a IPS.
Pereira, se mostró satisfecho por los avances logrados en materia jurídica, ya que «se ha puesto en práctica la Convención de los Derechos del Niño», pero «ha faltado el compromiso político para dotar de recursos a las instituciones».
Todavía no se pudo «eliminar definitivamente a los retenes» (centros de reclusión de menores), duramente cuestionados en sus funciones de reinserción social de jóvenes transgresores, agregó.
A un año de puesta en vigencia la ley de defensa del niño y el adolescente, sus principales promotores aseguran que todavía falta mucho por hacer para proteger a uno de los grupos sociales más vulnerables.
La estatal Oficina Central de Estadística e Informática reveló que en 1998 ocho por ciento de los niños de Venezuela trabajaban, lo cual equivale a unos 330.000, de los cuales 40 por ciento eran menores de 16 años.
También preocupa a las autoridades la cantidad de menores en centros de reclusión, que según el desaparecido Instituto Nacional del Menor (INAM) sumaron 27.063 entre 1993 y 1997, muchos de ellos acusados de robo, tenencia de drogas y homicidio.
Marisabel Chávez, esposa del presidente venezolano y una de las personas claves en la aprobación de la ley, reconoció el retraso en su aplicación por la falta de adecuación del Poder Judicial a los requerimientos del nuevo ordenamiento jurídico.
La también presidenta de la Fundación del Niño, ha exhortado a las autoridades para que agilicen la creación de nuevas instituciones y la formación de personal que atiende los reclamos de los niños y adolescentes.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Héctor Navarro, coincidió en señalar que ha faltado voluntad política para avanzar en la materia.
Este año se trabajó en la estabilidad de las instituciones y en la creación de otras, para poner en práctica una «ley que representa una proyección de nuestro país en la defensa de los derechos de los más pequeños», apuntó.
En tanto, expertos sostienen que los problemas de aplicación de la nueva norma parecen confirmar la inexperiencia del gobierno y de la justicia.
Se aprobó una ley de avanzada sin contar con la formación de los jueces ni los centros de reclusión para los menores que cometan hechos punibles, como robos o delitos de sangre, explicaron.
«El Poder Ejecutivo carece de voluntad política o de capacidad gerencial para cumplir con su cuota de responsabilidad», precisó la jueza de menores María Cristina Parra.
Añadió que los jueces no saben qué hacer con los jóvenes que cometen delitos, «pues no tenemos donde enviarlos para que sean velados sus derechos humanos».
A las dificultades institucionales se agrega la falta de información que tienen muchos niños y adolescentes sobre los alcances de la ley de defensa de la minoridad.
En una consulta en una escuela de Caracas, IPS constató el desconocimiento de la ley.
Juan José Escobar, de 14 años, dijo no conocer la nueva norma, pero le agrada saber que aprobaron una legislación que lo proteja del maltrato físico y verbal de los adultos.
«Las personas mayores no nos escuchan. Tenemos un profesor que nos agrede con lo que nos dice y eso nos afecta», señaló.
Otro de los alumnos, Carlos Velásquez, aseguró «en las casas hay maltrato físico», y dijo haber «escuchado que esa ley castiga a los adultos que maltratan a los menores de edad».
Los testimonios de Escobar y Velásquez son el reflejo de los altos niveles de violencia en los hogares venezolanos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia asegura que en América Latina uno de cada cuatro niños recibe gritos o golpes por parte de sus padres o familiares, y Venezuela es uno de los países con más alto porcentajes de maltrato infantil. (FIN/IPS/mp/dv hd/01
