Campesinos de la zona ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, aseguraron que narcotraficantes les ofrecieron la posibilidad de cultivar coca en sus actuales plantaciones de café.
Según los campesinos, los «hombres extraños» —como denominan a los traficantes— les ofrecieron una rentabilidad mucho mayor y se comprometieron a brindarles cursos de tres semanas para manejar los cultivos de coca.
«Para plantar un café de calidad necesitamos meses de instrucción, pero plantar coca es más fácil y se gana más», aseguró un campesino que solicitó mantener su anonimato.
Esas afirmaciones se corresponden con las del propio ministro de Defensa, Hugo Unda, que el 9 de este mes aseguró que «ya comenzaron (las) plantaciones de coca en territorio ecuatoriano».
La denuncia de los cafetaleros surge un día antes de que gobernantes locales y representantes de la sociedad civil de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana inicien una paralización de actividades por tiempo indefinido contra el Plan Colombia, «cuyos efectos se hicieron sentir los últimos días».
El Plan Colombia fue propuesto por el presidente de ese país, Andrés Pastrana, como programa de lucha contra las drogas, de desarrollo y de paz, y cuenta con un fuerte aporte financiero de Estados Unidos al que organizaciones no gubernamentales, rebeldes y opositores califican de militarista.
Los organizadores de la protesta aseguraron que ésta no se levantará hasta que se encuentren soluciones, y aseguraron que si es necesario tomar pozos petroleros, bloquear carreteras y cortar el transporte de carburantes a través del oleoducto, lo harán.
«El gobierno tiene que dar soluciones por habernos involucrado en el Plan Colombia y además tiene que iniciar las obras de infraestructura que necesitan estas provincias olvidadas», arguyó Máximo Abad, alcalde de Nueva Loja, capital de Sucumbíos.
La semana pasada unos 500 indígenas de comunidades cercanas a la frontera ecuatoriano-colombiana abandonaran sus tierras amenazados por un comando armado perteneciente a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según los afectados, el grupo les dio 24 horas para abandonar sus tierras «si no querían morir bajo fuego y llamas».
Días después, otro grupo de indígenas y campesinos de la zona abandonaron sus hogares asegurando que «no existen condiciones para vivir allí, ya que el ejército ecuatoriano no les brinda protección», y al momento ya son más de 750 personas desplazadas por el mismo motivo.
Pero la presencia de paramilitares y narcotraficantes en Sucumbíos ya había sido denunciada en octubre de 2000 por el Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, que nuclea a organizaciones de derechos humanos y ambientalistas.
En esa oportunidad, el Grupo aseguró que las derechistas AUC y traficantes de drogas comenzaron a comprar tierras en la Amazonia ecuatoriana para trasladar los cultivos de coca.
Para confirmar esa aseveración, el Grupo pidió al gobierno, a los mandos militares y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos un estudio catastral en la frontera entre ambos países, pero no tuvo respuesta positiva.
En la zona circulaba la versión de que las AUC pretendían instalarse en Sucumbíos para cortar un posible repliegue de la guerrilla y sus líneas de abastecimiento.
Sin embargo, las autoridades reconocieron las incursiones paramilitares solo tras el descubrimiento de dos laboratorios de procesamiento de cocaína en las últimas semanas y de los desplazamientos forzados de los últimos días.
El ministro Unda había informado al principio que el grupo armado que provocó el desplazamiento interno «parecía ser (…) el ELN», el Ejercito de Liberación Nacional, segunda fuerza guerrillera colombiana, que no actúa en esa área.
Luego admitió que las autoridades no habían determinado aún si se trataba de miembros de las FARC o de paramilitares que sí actúan en esa zona fronteriza.
Los desplazados aseguraron que la amenaza procede de los paramilitares. «Los afectados ahora quieren matarnos, porque creen que los delatamos. Pero nosotros ni conocíamos del laboratorio», aseguró un campesino.
Otro indígena también culpa a los paramilitares colombianos.
«Los paramilitares son los que mandan a avisar cuando van matar a los indígenas, sin importar si hay mujeres y niños. Los guerrilleros hasta ahora no han hecho eso. Se molestan cuando pescamos con dinamita y nos dicen que no contaminemos el río, pero no matan», arguyó.
La incursión de las AUC causó conmoción en la zona fronteriza y la reacción de las autoridades locales, que vincularon el hecho con los efectos de la ejecución del Plan Colombia en Ecuador.
El gobierno conformó una comisión de seguridad para enfrentar la situación producida por las incursiones de grupos armados colombianos y brindar ayuda a los desplazados.
Portavoces gubernamentales aseguraron que los primeros ocho millones de dólares de los 30 millones ofrecidos por Estados Unidos para afrontar los efectos del Plan Colombia en Ecuador se invirtieron en reforzar la seguridad fronteriza. El resto se destinarían a obras en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Pero el comandante de la Fuerza Aérea, Oswaldo Domínguez, la información y aseguró que las fuerzas armadas no recibieron ningún dinero.
Organizaciones sociales, alcaldes de distintas ciudades y pueblos, prefectos (gobernantes provinciales), indígenas, representantes de la iglesia y distintos sectores de las dos provincias convocaron para este miércoles al inicio de una paralización de actividades por tiempo indefinido.
El prefecto de esa provincia, Luis Bermeo, pidió que la frontera se declare territorio neutral y que el gobierno asuma sus compromisos «con las provincias de las que sale el petróleo del país mientras su población vive en la pobreza».
«La sociedad civil fronteriza de la Amazonia está muy preocupada porque los efectos del Plan Colombia se denunciaron hace meses y el gobierno no hizo nada. No se puede seguir esperando», señaló Bermeo.
Comerciantes ubicados en frontera aseguran que guerrilleros y paramilitares colombianos ingresan desde hace 20 años a territorio ecuatoriano para comprar alimentos o ropa, pero en Ecuador nunca se habían sentido los efectos de la guerra como en la actualidad.
«Siempre han incursionado vestidos de civil para descansar de los combates en Colombia y para aprovisionarse de víveres y combustible», comentó un comerciante de la localidad de General Farfán, en la frontera.
Sin embargo, aseguró que con la implementación del Plan Colombia la violencia en Putumayo aumentó y se traslada a Ecuador.
«Junto con las fumigaciones (de cultivos ilícitos en Colombia) se incrementó la actuación de las AUC, que antes era mínima, y ahora tenemos que soportar muertos en atentados al oleoducto y que las comunidades indígenas sean desplazadas de sus tierras», indicó el comerciante. (FIN/IPS/kl/mj/ip/01
