Una coalición de organizaciones ambientalistas, sindicales y de derechos humanos urgió al Congreso de Estados Unidos a exigir a las empresas nacionales que revelen detalles sobre sus operaciones en el exterior.
Las leyes estadounidenses ya exigen a las compañías nacionales que brinden cierta información básica sobre sus actividades domésticas, como la contaminación que producen o la cantidad de empleados lesionados en horas de trabajo.
Pero la coalición está haciendo circular una exhortación a los legisladores a elaborar nuevas normas que amplíen los requerimientos actuales a las actividades de las empresas en el exterior.
«Las comunidades y los trabajadores de todo el mundo tienen derecho a información sobre prácticas empresariales que afectan su vida de manera significativa», dice la declaración de más de 150 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra y AFL-CIO, la mayor federación sindical de Estados Unidos.
La iniciativa, llamada Campaña Internacional por el Derecho a Saber, es diferente a otros esfuerzos previos para vigilar a las empresas multinacionales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
No se trata de un código de conducta voluntario, ni implica que una empresa sea culpable de violaciones a los derechos humanos o contaminación del ambiente, explicó David Waskow, coordinador de políticas de comercio e inversión en Washington del grupo ambientalista Amigos de la Tierra.
El derecho internacional a saber simplemente otorgaría a las comunidades locales «acceso directo a la información crítica que necesitan», dijo.
La campaña, relató, se originó en la creciente preocupación porque valores como la protección ambiental y los derechos laborales están siendo superados por los intereses financieros y el comercio mundial.
«Tememos que el libre comercio no siempre produce cambios positivos», manifestó Waskow.
El activista citó el ejemplo de Newmont Mining Corporation, una compañía minera con sede en Denver, Colorado, que ha contaminado importantes recursos hídricos en Indonesia, según grupos ambientalistas locales.
Las organizaciones indonesias sostienen que los residuos de la mina de oro y cobre a cielo abierto de Newmont en la isla de Sumbawa redujeron la población de peces y perjudicaron así a las comunidades pesqueras locales.
Si la mina estuviera en Estados Unidos, sus ejecutivos deberían explicar qué sustancias desecharon, en virtud de la Ley del Derecho Comunitario a Saber de 1986, pero según la propuesta del Derecho Internacional a Saber, Newmont debería brindar la información sin importar en qué lugar del mundo esté la mina, explicó Waskow.
La ley de 1986 hizo que las empresas estadounidenses mejoraran sus prácticas de manera voluntaria, observó.
«Las industrias redujeron sus emisiones tóxicas casi a la mitad desde que comenzó el programa», destacó, sugiriendo que lo mismo podría suceder si la ley se ampliara a las actividades en el extranjero.
La nueva propuesta también exigiría a las firmas con operaciones en el exterior revelar acuerdos de seguridad con fuerzas militares o policiales locales, o bien con grupos paramilitares, señaló Folabi Olagbaju, director del programa de ambiente y derechos humanos de Amnistía Internacional.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que, en algunos casos, tales acuerdos resultaron en graves abusos.
En Nigeria, por ejemplo, la empresa estadounidense Chevron permitió que sus helicópteros fueran utilizados por fuerzas de seguridad del gobierno y por su propio personal de seguridad para atacar a manifestantes desarmados que ocuparon una de sus plataformas de exploración petrolera, según informes.
El ataque produjo dos víctimas fatales y 30 heridos, afirmó Olagbaju.
La propuesta de la coalición también exige a las firmas estadounidenses revelar si tienen una política de derechos humanos y «cualquier juicio o queja de comunidades locales contra ellas por cuestiones de derechos humanos», añadió.
Así mismo, la propuesta tiende a mejorar las prácticas laborales de las empresas en el exterior, explicó Elizabeth Drake, analista de política internacional de la AFL-CIO.
Actualmente, los empleadores estadounidenses deben informar al gobierno sobre los trabajadores heridos o muertos por accidentes de trabajo en este país. Las compañías estadounidenses también deben informar a sus empleados y al gobierno si trabajan con sustancias o materiales peligrosos.
Según la propuesta de la coalición, las compañías deberían revelar la ubicación de sus operaciones en el extranjero. Esto ofrecería a los consumidores estadounidenses una idea mejor de las condiciones laborales en las que se elabora determinado producto, explicó Drake.
«Se podría saber, por ejemplo, si un producto se fabrica en un país donde no se permiten sindicatos», dijo. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/mlm/en-hd-lb/01
