Organizaciones ecologistas temen que préstamos del Banco Mundial dirigidos a aplicar ajustes estructurales en Papúa Nueva Guinea destruyan las terceras selvas tropicales del mundo en ese país.
Los grupos, dirigidos por Greenpeace-Pacífico y el Foro Eco- Forestal de Papúa Nueva Guinea, lideran una campaña para bloquear la entrega del segundo desembolso de préstamos, junto con la aprobación del Banco Mundial del Proyecto de Conservación y Selvas en ese país.
Las condiciones, impuestas en 1999 a la concesión del préstamo para ajustes estructurales por 90 millones de dólares, requerían que el país decretara una moratoria sobre nuevas concesiones madereras hasta que se llevara a cabo una completa revisión de las existentes.
El país ya tiene casi la mitad de sus selvas accesibles comprometidas a la explotación maderera. Las ONG aseguraron que 30 proyectos relacionados con la madera comprometen la mayor parte del resto.
Lafcadio Cortesi, de Greenpeace-Pacífico, dijo que el banco podría dejar de lado sus compromisos de conservación forestal si otorgaba la segunda etapa del préstamo de ajustes porque la revisión en marcha no ha sido completada.
La moratoria tuvo la intención de facilitar un examen de los problemas existentes en el sector y permitir la implementación de reformas.
"Una vez que se verifique el otorgamiento del préstamo, el gobierno podría ignorar la moratoria e iniciar el despeje de la espesura selvática. El Banco Mundial y el gobierno papuano podrían decidir el empleo de topadoras para desmantelar la selva", dijo Cortesi.
Las ONG quieren que la moratoria siga vigente hasta que sean aplicadas políticas adecuadas, "y la ley forestal, normas y pautas, así como los procesos y estructuras de la Autoridad Forestal, sean actualizados para legitimar y hacer plenamente accesible una administración ecoforestal en pequeña escala".
La campaña también busca un apoyo mayor de las ONG para oponerse al préstamo.
El Banco Mundial apoyó un documento titulado Estrategias para Comunidades de Base Forestales y de Conservaciónn en Papúa Nueva Guinea, que recomendó al gobierno revisar la política nacional sobre selvas que recomienda ecoforestación y explotación maderera en pequeña y mediana escala.
El informe recomendó una amplia gama de medidas de conservación de bosques, destinadas a mejorar el estado de la ecoforestación.
Además, pidió la actualización de mapas madereros que muestren claramente las actuales áreas de conservación, tipos de forestación frágiles, zonas de plantas amenazadas y restringidas, especies animales y napas de agua no disponibles a la actividad maderera.
Sin embargo, existe el temor de que ante la continua presión de funcionarios infieles dentro de la Autoridad Nacional de Bosques, la moratoria pueda ser saboteada y las restantes selvas accesibles destinadas al talado comercial.
Según la consultora independiente Dana Clark, de Estados Unidos, que supervisa las políticas de las instituciones financieras internacionales, a las ONG les preocupa el cumplimiento de las condiciones originales del préstamo, así como "el inminente préstamo del proyecto de selvas y conservación (FCP) que todavía no fue aprobado".
En los últimos años, el banco ha estado desarrollando el FCP, originalmente destinado a ampliar los tipos de administración forestal practicados en ese país, situado en el Océano Pacífico suroccidental, al norte de Australia y al este de Indonesia.
Diversas reuniones entre empleados del banco, representantes del gobierno y ONG fijaron la necesidad de una política forestal y pautas para una actividad maderera ecológicamente sostenible en pequeña y mediana escala.
"En un vuelco asombroso e inexcusable, esos elementos fueron quitados del proyecto con la justificación de que otros donantes los estaban cubriendo", señaló un documento de las ONG. "Eso es falso", aseguraron.
La Unión Europea (UE) y la australiana AID, los otros donantes principales del sector, brindan apoyo en pequeña escala a proyectos comunitarios, pero carece de programas para reformar la Ley Forestal o la Autoridad de Bosques en Papúa Nueva Guinea.
El actual proceso de aportes forestales en ese país de 4,5 millones de habitantes sigue enfrascado en la administración en gran escala de exportación maderera por parte de compañías extranjeras.
Estudios realizados por el ambientalista Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) en Papúa Nueva Guinea demuestran que pese a la moratoria vigente, la Autoridad de Bosques ha seguido procesando diversas áreas para ponerlas bajo su control.
En su discurso sobre el presupuesto, en noviembre de 1999, el primer ministro Mekere Morauta reconoció que "el gobierno ha sido particularmente pobre en el área forestal con el efecto lateral de promover prácticas de corrupción y perjudicar la sustentabilidad ambiental en actividades madereras". (FIN/IPS/trad-eng/gm/da/ego/en-dv/01
