El Senado de España reclamó por unanimidad esta semana una moratoria mundial de la pena de muerte como primer paso hacia su total prohibición.
Mientras, centenares de personas se manifestaban frente a la embajada de Estados Unidos de América en esta capital y frente al consulado de ese país en Barcelona, el martes, para exigir la suspensión de la ejecución de la pena capital a la que fue sentenciado el español Joaquín Martínez.
También se celebraron manifestaciones frente a los ayuntamientos de las ciudades de Badajoz, Guijón, Jerez de la Frontera, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Martínez es uno entre 3.500 presos condenados a muerte en Estados Unidos, país donde fueron ejecutadas 77 personas desde enero, según la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
El condenado, de nacionalidad española, nació en Ecuador en 1971, vive en Estados Unidos desde los 19 años de edad, tiene dos hijas y se encuentra en el pabellón de la muerte de la prisión de Railford, en el estado de Florida.
En 1996 fue detenido bajo la acusación de haber matado a dos personas. En el juicio fue presentado una grabación en video registrada por su ex esposa, Slaone Millian, y en el que Martínez, según ella, se declaró culpable. La defensa de Martínez cuestionó el vídeo por inaudible.
La declaración del Senado español y las manifestaciones callejeras coincidieron con el inicio, en Florida, de las sesiones del Tribunal Supremo que deberá decidir sobre la apelación presentada por la defensa de Martínez.
El Tribunal podrá absolverlo, denegar su apelación ratificando la pena de muerte o accediendo al pedido de nuevo juicio planteado por el condenado.
La senadora Rosa Vindel, del gobernante Partido Popular (PP) y autora de la moción aprobada por la Cámara Alta, dijo que el objetivo de esa medida es apoyar una iniciativa adoptada en abril por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En esa ocasión, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución contra la pena de muerte, la primera adoptada en el foro mundial y que será sometida a su Asamblea General, en diciembre.
La iniciativa del Senado español, al igual que la similar adoptada por la Presidencia de la Unión Europea, solicita a los parlamentos nacionales de todo el mundo que se sumen a la solicitud.
Se trata de lograr en primera instancia que se apruebe una moratoria universal provisional para, después, convertirla en definitiva, añadió Vindel.
"La defensa de la pena de muerte, bajo la apariencia de justicia, nos retrotrae a prácticas primarias o regresivas de la especie humana", sostuvo José Antonio Gimbernat, presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Se trata de prácticas "expresadas en la ley del Talión, que no es otra cosa que la fracasada sublimación de instintivos deseos de venganza, que poco tienen que ver con la racionalidad ética de lo que debe ser un código de justicia digno", dijo, en un artículo publicado el martes por el diario madrileño El Mundo.
Las manifestaciones se repetirán todos los martes, hasta que se pronuncie el Tribunal de Florida.
Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales españolas exigen una actitud más firme en materia de pena capital del gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar.
"Pretendemos que nuestro gobierno sea riguroso al defender la vida del español condenado, ya que no podemos aceptar que se ejecute a ningún ciudadano español", dijo Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
El gobierno no ha respondido, pero diplomáticos españoles apoyan en Miami a la familia de Joaquín Martínez. (FIN/IPS/af/mj/hd/99
