La violencia familiar en Perú tal vez disminuye como resultado de la campaña oficial para combatirla, pero en las estadísticas sube porque las mujeres víctimas han comenzado a hablar.
"Las leyes para sancionar a los agresores domésticos y las instrucciones para que la policía acoja las denuncias y otorgue protección a las mujeres golpeadas no sirven de mucho si las agredidas callan, por miedo, vergüenza o falso amor", dijo la militante feminista Esther Gadea.
Según la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, promulgada en 1994, que la agresión física y los daños o lesiones hayan sido ejecutados en el ámbito familiar constituye un agravante y en ningún caso un atenuante.
En los dos primeros años, el número de denuncias eran muy bajas, lo que se atribuye al desconocimiento de las mujeres de la legislación promulgada en su favor.
En 1997, las denuncias a escala nacional se elevaron a 9.450, pero en 1998 bajaron a 8.774, para volver a aumentar significativamente en este año.
La ministra de la Mujer, Luis María Cuculiza, informó que en los últimos siete meses su despacho ha recibido 7.200 denuncias de mujeres maltratadas en sus hogares, cifra que refleja un incremento de casi 50 por ciento respecto del año anterior.
"Estoy segura que la violencia doméstica debe estar disminuyendo porque los agresores saben que serán castigados si son denunciados, pero el número de casos conocidos aumenta porque las mujeres se sienten respaldadas, confiadas en que sus denuncias no serán objeto de escarnio y burla", afirmó Cuculiza.
"Aunque todavía muchas callan", comentó la abogada Carmen Gutierrez, quien trabaja para una Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente en el Municipio de Villa María del Triunfo, un barrio marginal de Lima.
La ministra Cuculiza, la abogada Gutierrez y la militante feminista Gadea coincidieron en atribuir el incremento del número de denuncias a una estrategia para que las agredidas hablen.
La estrategia está basada en la creación de los llamados "modulos de emergencia", impulsados por el Ministerio de la Mujer, y en la incorporación de mujeres de la comunidad en la tarea de protección a las víctimas de agresión familiar.
Los módulos de emergencia reúnen en una misma sede a siete servicios de asistencia para mujeres golpeadas: atención policial, fiscalía, oficina de conciliación, medicina legal, asesoría legal y asistencia psicológica.
Las mujeres que concurren a estos módulos son recibidas por mujeres de su comunidad, activistas voluntarias capacitadas para atender las denuncias de sus vecinas, derivarlas a la sección pertinente y promover la solución de sus problemas.
"Está claro que la disminución real de la violencia familiar se logrará con el trabajo conjunto de las autoridades, los gobiernos locales y los sectores de la sociedad civil", comentó Cuculiza.
"Pero no sólo se certifican y sancionan los daños físicos, ocasionados por golpizas de maridos iracundos, también los daños psicológicos provocados por agresores que utilizan los maltratos morales para lesionar la autoestima de sus esposas, convivientes o hijos", añadió.
Se estima que más de la mitad de las mujeres, en especial en las zonas rurales y las áreas urbanas marginales, desconocerían la existencia de una ley que las protege contra la violencia doméstica y que un gran porcentaje de las que la conocen no utilizan sus procedimientos por inseguridad.
Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre 2.500 mujeres entre 15 y 65 años, el 37,5 por ciento de las mujeres de Lima metropolitana son maltratadas o han sido víctimas de maltratos en sus hogares.
Los temas investigados fueron importancia de la familia, violencia contra la mujer, conocimiento de la legislación y de los dispositivos contra la violencia de la mujer y práctica de violencia doméstica.
El consumo de alcohol o de drogas por los hombres agresores es señalado por el 30 por ciento de las mujeres víctimas como causantes de la agresión y el 38 por ciento piensa que fueron golpeadas por machismo, pues aseguran que sus maridos no necesitan estar borrachos ni drogados para golpearlas.
El 14 por ciento respondieron que consideraban que el desempleo y la incapacidad de ganar lo suficiente para sus hogares torna violentos a sus maridos.
El 27,5 por ciento de las mujeres maltratadas admitieron que ellas se vuelven violentas y maltratan a sus hijos, y el 57,4 por ciento opina que deben crearse escuelas para padres.
Consultadas sobre la razón por la que continúan viviendo con las personas que los maltratan, 63,4 por ciento contesto por los hijos, 56,7 por ciento por falta de ingresos propios, 24,3 por ciento por falta de otro lugar a donde ir y 17,1 por ciento opinó que "los abusos de los maridos son normales".
Las activistas que colaboran con las Defensorías de la Mujer, el Niño y el Adolescente suelen extender sus funciones a otras esferas de la orientación legal a favor de sus vecinas y también brindan apoyo en casos de juicios por alimento y abandono del hogar por maridos que quieren evadir sus responsabilidades.
En Villa El Salvador, una barriada limeña considerada modelo en Perú por su desarrollo social, la estudiante de Derecho Clelia Rodríguez preside la Asociación de Mujeres Orientadoras, que además proporciona asistencia gratuita en la elaboración de contratos y la formulación de quejas contra las autoridades.
Una de sus colaboradoras, Claudia Quiñones, narra cómo se integró al grupo: "Me casé joven y mi pareja me maltrataba. Gracias a los conocimientos me volví más fuerte y segura, y eso cambió mi vida y la relación con mi familia". (FIN/IPS/al/ag/hd/99
