Los espacios verdes en las ciudades de Corea del Sur brindan un refugio reparador a los habitantes de este país, pero sólo son un inconveniente para los constructores de bienes inmuebles que no pueden lucrar con los "cinturones verdes".
A partir de los años 70, los terrenos que el gobierno declaró distritos de desarrollo restringido brindaron a 14 ciudades, entre ellas Seúl y Pusan, "pulmones verdes" diseñados para atenuar la contaminación y dar a las urbes un toque de naturaleza.
Pero el gobierno del presidente Kim Dae Jung pretende relajar estas restricciones para cumplir una de las promesas de su campaña electoral y reducir el número de los distritos protegidos.
Kim sostiene que su intención es reconocer el valor de la propiedad privada y asegurar un uso eficiente del territorio limitado del país. Una investigación para decidir qué hacer con los cinturones verdes comenzará en enero y podría durar hasta marzo del año 2000.
Los propietarios, a los que dejó mal parados la decisión del ex jefe de Estado Park Chung Hee de crear cinturones verdes en las ciudades entre 1971 y 1978, evidentemente están extasiados con la iniciativa de Kim, y esperan que se levante completa e inmediatamente la prohibición de construir en sus terrenos.
Los cinturones verdes abarcan 5.397 kilómetros cuadrados o 5,4 por ciento del territorio de este país. Cerca de 742.000 personas o 1,6 por ciento de la población vive en estos distritos.
Los propietarios aseguran que las restricciones a la construcción impuestas en estos distritos mantuvieron los precios de la tierra a un tercio o incluso un cuarto de su valor real.
"Hace 27 años que esperamos que el gobierno nos devuelva nuestros derechos sobre la propiedad. Lo que necesitamos no son palabras vacías sino medidas concretas para retirar la prohibición de todos los cinturones verdes", dijo un constructor en una audiencia pública sobre el problema.
Habitantes de las zonas verdes también quieren cambios. "Me gustaría tener algunas comodidades, como pequeños supermercados o restaurantes en nuestro vecindario", dijo un vecino en la audiencia pública.
Pero muchos se oponen a los planes del gobierno de permitir el "desarrollo" de los cinturones verdes.
"El costo de levantar las restricciones sobre los cinturones verdes sería elevado para nuestra generación. Y el costo de legar a la posteridad el ambiente destruido sería aun mayor", advirtió Lee Chung Jon, de la Facultad de Ambiente de la Universidad Nacional de Seúl.
En una encuesta realizada por el grupo ecologista Confederación Verde (Noksae Yonhap), seis de cada 10 encuestados se pronunciaron en contra de levantar las restricciones en los cinturones verdes.
Pero la ruidosa presencia de los propietarios molesta a muchos sudcoreanos. "Me preocupa que no se escuche a la mayoría silenciosa, frente a los gritos de la minoría", comentó el periodista Lee Bong Soo.
El gobierno prometió adquirir tierras a los propietarios y preservar ciertas zonas verdes. Pero hay quienes dudan que Seúl consiga los 11.500 millones de dólares que se estiman necesarios para hacerlo.
Numerosos observadores también temen que la adquisición de las tierras sólo provoque especulación y genere precios exorbitantes de los bienes raíces.
Un 44,5 por ciento de las tierras de los cinturones verdes pertenecen a "forasteros", o personas que residen fuera de los distritos protegidos. Estas personas compraron las tierras estrictamente para especular, aseguran.
Pero Seúl sostiene que cuenta con varias medidas que limitarán la especulación en las zonas verdes.
La Oficina Nacional de Administración Impositiva declaró que los negocios especulativos en los cinturones verdes serán sujetos a elevados impuestos y el precio de la tierra será controlado rigurosamente.
Pero los opositores afirman que esfuerzos similares en el pasado no impidieron que muchos buscaran ganancias rápidas. También denuncian las fallas del plan para que los gobiernos locales evalúen la "eficiencia" de los cinturones verdes y luego recomienden mantenerlos o liberar las tierras para otros usos.
Algunos ecologistas afirman que no es probable que un gobierno local necesitado de fondos sea un juez imparcial en el asunto, y que tendría la tentación de autorizar el uso de las tierras para emprender negocios lucrativos.
Los funcionarios de gobiernos locales también podrían estar comprometidos con poderosos terratenientes y constructores de bienes inmuebles que los ayudaron en sus campañas electorales y podrían hacerlo en el futuro.
El gobierno haría bien en seguir el ejemplo de Gran Bretaña, que está aumentando sus cinturones verdes, sobre todo en las grandes ciudades.
"Las zonas de los cinturones verdes en Gran Bretaña ofrecieron un ambiente para que los inversores extranjeros produzcan riqueza", explicó Geoffrey Steeley, director del Comité Ambiental de la británica Real Sociedad de las Artes. (FIN/IPS/tra-en/ap-en/amy/cb/js/aq/en/99
