Amnistía Internacional demandó a los gobernantes iberoamericanos que fijen una agenda de compromisos colectivos para revertir la grave situación de los derechos humanos en sus países, durante la cumbre que sostendrán en Venezuela el 8 y 9 de noviembre.
La agenda de compromisos incluye la eliminación de la pena de muerte en los 21 países iberoamericanos, así como la liberación de los presos de conciencia, garantías de asilo y poner fin a la impunidad de los violadores de los derechos humanos.
Además pide que se impulsen legislaciones que castiguen en particular las torturas, despariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales e incluyan reparaciones a las víctimas, junto con el reconocimiento de la legitimidad de los defensores de los derechos humanos y el apoyo a su labor.
La organización humanitaria acompañó su demanda -revelada este jueves en Caracas por el diario El Nacional- con un informe que recoge graves denuncias a los derechos humanos, de carácter general o nacional en Iberoamérica, incluidos España y Portugal.
La VII Cumbre Iberoamerica se realizará en la isla de Margarita bajo el tema de los valores éticos de la democracia, en que la defensa y la promoción de los derechos humanos es uno de los seis puntos específicos de la reflexión colectiva.
La cita concluirá con la Declaración de Margarita, en que los 23 jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos -dos en el caso de España y Portugal- asumirán compromisos de principio, que formalmente pretenden impulsar un nuevo modelo democrático asentado en valores.
Los otros apartados de la declaración se refieren a justicia social, administración de justicia, ética y administración pública, partidos políticos, transparencia y procesos electorales y derecho a la información veraz.
Amnistía plantea que desde la primera cumbre, realizada en 1991 en la ciudad mexicana de Guadalajara, los gobernantes iberoamericanos han reiterado su compromiso con los derechos humanos y, en los hechos, ha habido avances notables con el fin de las dictaduras y la pacificación en varios países.
Pero, según sus registros, aún existe "un abismo" entre las buenas intenciones y la inhumana realidad que soportan los ciudadanos de los países latinoamericanos, España y Portugal.
Perú es el país donde mayor número de derechos humanos son violados por los gobiernos, 10 de un total de 11 que detalla Amnistía, seguido de Colombia (nueve), Brasil y México (ocho), Argentina (seis), Ecuador, Venezuela y Chile (cinco) y Guatemala (cuatro).
A las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones, los malos tratos, los asesinatos políticos, la existencia de la pena de muerte, el secuestro o los excesos policiales, se unen además nuevas violaciones vinculadas a las brechas sociales que acentuaron las políticas neoliberales.
En ese sentido, Amnistía apunta la supuesta ejecución extrajudicial de personas calificadas de "desechables", entre ellas niños y niñas, e incluye entre los que cometen ese delito a Venezuela, pero no establece cifras o datos concretos.
También indica que sectores manejados por las autoridades como marginales sociales -entre ellos homosexuales, prostitutas o drogadictos-, son blanco de asesinatos por grupos que se autodenominan de "justicia privada".
El informe señala que las ejecuciones extrajudiciales y las "desapariciones" se mantienen en Brasil, Colombia, Guatemala y México, y cita que en Colombia hubo desde 1986 unos 30.000 asesinatos políticos, mientras en Perú la guerra interna tuvo 27.000 víctimas y los "desaparecidos" fueron 5.000.
En Guatemala, las patrullas de Autodefensa Civil siguen asolando zonas rurales, pese a la firma de los acuerdos de paz al finalizar 1996, y en Brasil los "escuadrones de la muerte" -con policias en activo como integrantes- hacen desaparecer "un alarmante número de niños, jóvenes y adultos, cada año.
También en Argentina mueren decenas de jóvenes cada año, supuestamente a manos de la policía.
En cuatro países latinoamericanos -Chile, Guatemala, México y Perú- se mantiene la pena de muerte, y Amnistía resalta que en Perú se extendió su aplicación, mientras que en Guatemala fueron muertos en septiembre de 1966 dos ciudadanos, en un acto que tuvo más de ajusticiamiento público que de ejecución legal.
Cuba, el único país en no ser gobernado por un régimen democrático, es señalado por el informe de manera expresa por la exitencia de unos 600 presos de conciencia, con penas de hasta 15 años por delitos vinculados a la libertad de expresión, reunión y asociación.
España y Portugal son acusados por Amnistía de mantener como prácticas comunes las torturas y malos tratos, junto con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Particularmente en Portugal el maltrato a las personas bajo custodia policial es "relativamente corriente", se resalta.
También critica las detenciones y el procesamiento contrario a las normas internacionales de derechos humanos que Brasil ha dado a los integrantes del movimiento de los Sin Tierra y la existencia en Colombia y Perú de tribunales especiales para juzgar a supuestos "subversivos".
La creciente conflictividad social y laboral también pasó a ser respondida en muchos países con el uso abusivo de la fuerza contra de manifestaciones cívicas, denuncia Amnistia.
Entre los países que más incurren en esa práctica, el informe señala a Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y República Dominicana. (FIN/IPS/eg/dg/ip-hd/97
