La primera jornada de la huelga indefinida iniciada hoy por los trabajadores estatales de Colombia dejó abierta la posibilidad de una repertura del diálogo entre el gobierno y los sindicatos.
"Este es un paro para negociar y en esa dinámica tanto el gobierno como los sindicatos tendrán que volver a la mesa", dijo a IPS Oscar Angel, del izquierdista Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
En la jornada, durante la que se realizaron marchas en las principales ciudades, no se registraron desórdenes, salvo el incendio de un autobús en un área rural y pedreas entre manifestantes y policías en el centro de Bogotá.
En el sector privado, las actividades sólo se vieron afectadas por la reducción del transporte público en 25 por ciento, mientras en las entidades estatales de servicios públicos las labores se vieron afectadas por las asambleas informativas que realizaron los trabajadores que no pueden realizar huelgas.
Los vuelos nacionales e internacionales desde los aeropuertos de Bogotá, Medellín (noroeste) y Cali (oeste), que son operados por la estatal Aeronáutica Civil, sufrieron atrasos debido a las asambleas realizadas por los trabajadores.
El ministro del Trabajo, Orlando Obregón, dijo que los servicios públicos esenciales (acueducto, energía y telefonía local) "se prestaron en un ciento por ciento".
Según el ministro, en este primer día de huelga las empresas estatales más afectadas fueron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) en los servicios prestados por operadora, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y las entidades del sector central.
El presidente de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Garzón, afirmó que las centrales están dispuestos a reanudar el diálogo con el gobierno y de las propuestas que presente el Poder Ejecutivo dependerá el levantamiento de la protesta.
"El paro ha sido un éxito porque todos los sectores convocados participaron, se despert la solidaridad de la ciudadana y pese a la militarizacin y no se registraron graves enfrentamientos con la policía, dijo Garzón.
Los sidicalistas piden al gobierno un reajuste de 21,6 por ciento, la suspención del proceso de privatización de Ecopetrol y Telecom y la revisión de artículos del Código Penal cuya interpretación ha servido para penalizar la protesta social. (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
