El descontento en la Policía Militar Ambulante (PMA) de Guatemala persistía hoy pese a la aparente solución del conflicto protagonizado por unos 1.000 miembros del cuerpo, que se insubordinaron el miércoles en reclamo de indemnizaciones ante su próxima desmovilización.
Los agentes depusieron las armas al mediodía del domingo, poniendo fin al primer conflicto grave surgido tras la firma de la paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de diciembre pasado.
El ministro de Defensa, general Julio Balconi, anunció el domingo por la noche que una comisión gubernamental se encargará de elaborar un programa de reinsersión productiva. Dicho programa podría incluir indemnización y condiciones similares a las establecidas para los guerrilleros, aunque no dio detalles.
El descontento dentro de la PMA se atribuyó a que muchos de sus miembros consideran que los guerrilleros recibirían mejor trato que ellos tras la desmovilización.
El inspector general del ejército, general Otto Pérez Molina, ex negociador gubernamental en el diálogo de paz, rechazó el señalamiento en declaraciones al matutino El Periódico.
El jefe militar indicó que hay un programa para todas los miembros del ejército, incluidos los de la PMA, donde se contempla el pago de una indemnización acorde con el tiempo de servicio prestado por cada efectivo.
En la mañana del domingo, varios helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron el área y realizaron maniobras sobre el edificio de la PMA. En el exterior se colocaron varias ametralladoras de asalto, así como cañones 50 milímetros que apuntaban el edificio donde se atrincheraban los insubordinados.
Balconi dijo que se movilizaron soldados y equipo militar alrededor de las instalaciones de la PMA fue para evitar que los insubordinados provocaran intranquilidad en la población, pero admitió que también fue una medida de presión para demostrar que el ejército no está dispuesto a aceptar las medidas de hecho.
Los efectivos de la PMA se rebelaron el miércoles pasado, tras haber sido notificados que muchos de ellos serían desmovilizados como parte de los acuerdos de paz, por lo que decidieron atrincherarse en su sede y pedir una indemnización equivalente a 10.000 dólares.
Balconi dijo que tras la solución del conflicto se procederá a establecer responsabilidades "por los varios delitos evidentemente cometidos" y añadió que "mientras existan medidas de hecho, el gobierno no puede ni siquiera plantear públicamente el programa de beneficio para los agentes".
Entre los acuerdos firmados por el gobierno y la URNG en los casi seis años de negociaciones figura el de fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática, el que se estableció una disminución de 33 por ciento de los efectivos de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa negó que en bases militares del interior se hayan producido hechos similares al de la PMA, la única unidad que debía desmovilizarse por completo tras la firma de la paz. En los otros casos, la reducción se hará en forma progresiva.
Este domingo, el presidente Alvaro Arzú no pudo ignorar el conflicto planteado en la PMA en el discurso pronunciado durante el acto con que el ejército celebró la finalización de 36 años de enfrentamiento armado interno y advirtió que no tolerará nuevas insubordinaciones.
La PMA, que actualmente cuenta con unos 4.000 miembros, fue creada en los años 60 para apoyar a las fuerzas civiles de seguridad, pero cobraron protagonismo por su participación en la lucha contrainsurgente durante las décadas del 70 y 80.
Desde su creación se dividió en dos fuerzas. Una apoyaba a la Guardia de Hacienda y a la Policía Nacional, y otra, denominada PMA Extraordinaria, prestaba servicios de seguridad pagados a entidades privadas, como bancos y comercios. (FIN/IPS/cz/ag/ip/97
