Scott Outterson, de 28 años, desea votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo martes 5 de noviembre, pero no se le permitirá hacerlo.
Cuando salió de la cárcel de Florida, hace dos años, pensó que era libre para gozar de todos sus derechos fundamentales como ciudadano, pero pronto se dio cuenta de que había perdido su derecho al sufragio.
"No entiendo nada de esto", manifestó mientras miraba por televisión un debate de los candidatos. "Cualquiera haya sido el delito que cometí, ya fui castigado", agregó.
Pero Outterson no es el único. Decenas de miles de ciudadanos estadounidenses se verán obligados a permanecer en sus hogares el próximo martes mientras el resto de los ciudadanos vota, por el hecho de haber estado en prisión en algún momento de sus vidas.
Algunos estados garantizan a los ex convictos el derecho al sufragio, pero otros no. Un estudio del Departamento de Justicia reveló que en 12 estados los ex reclusos no pueden votar, lo cual preocupa a las organizaciones defensoras de los derechos civiles.
"Esto atenta contra el espíritu de la Constitución de Estados Unidos", afirmó Steve Hawkins, de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte, con sede en Washington.
Sin embargo, aunque la Constitución establece que "el derecho de los ciudadanos a votar no podrá ser negado o restringido (…) por cuestiones de raza, color, sexo, o previa condición de esclavitud", no contiene ninguna previsión especial sobre los ex convictos.
Los activistas que reclaman la revocación de las restricciones argumentan que ningún estado tiene justificación para impedir a ex reclusos que ejerzan su derecho a trabajar y a elegir a sus gobernantes.
"¿Cómo se les puede negar el derecho al sufragio, cuando pagan sus impuestos y parte de ellos se destina a las campañas presidenciales?", preguntó Hawkins.
Los ex convictos no sólo son privados de su derecho a votar en algunos estados, sino también a integrar un jurado y a ocupar un cargo público.
En Florida, Nuevo México, Utah, Vermont, Virginia, Wyoming, Iowa, Alabama, Kentucky, Maine, Mississippi y Nevada, los ex reclusos pueden recuperar su derecho al voto si el gobernador del estado les otorga un perdón.
Pero la tramitación del perdón es tan complicada que la mayor parte de los afectados ni se molestan en intentarlo. Además, en la mayoría de los casos, si el crimen fue un delito federal no es pasible de perdón.
Grupos de derechos civiles creen que las leyes cuestionadas no son más que intentos deliberados de restar derechos a grupos minoritarios, destacando que un tercio de todos los presos en cárceles federales y estaduales son de origen africano.
Se trata de leyes "discriminatorias, porque la mayoría de los perjudicados por ellas son negros o latinoamericanos", señaló Jenni Gainsborough, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Los activistas subrayan la imposibilidad de desafiar leyes estaduales a nivel nacional. "Debemos abordar este tema estado por estado, lo cual es realmente difícil", destacó Gainsborough.
Los ex convictos no sólo son privados de sus derechos civiles, sino también aislados social y económicamente del resto de la sociedad, ya que es muy improbable que obtengan empleo tras haber cumplido su pena.
"Los empleadores no los aceptan y muchos estados no reconocen sus derechos civiles, por lo tanto terminan nuevamente en la cárcel", observó Jack King, de la Asociación Nacional de Abogados Defensores.
Los activistas consideran que las leyes que impiden votar a ex reclusos constituyen presagios de la época del dominio colonial británico.
"Son totalmente anticuadas. No sé qué razón existe para no devolverle el derecho al voto a un ex convicto que ya se reestableció como miembro productivo de la sociedad", expresó King. (FIN/IPS/tra-en/hr/yjc/ml/ip/96
