La creación de una corte de apelaciones del Caribe vuelve a interesar a los gobernantes de la región, que no ocultan su molestia por recientes fallos del Consejo Privado Británico limitando la ejecución de sentencias de muerte.
La concepción de una instancia judicial de máximo nivel en el ámbito regional -que supondría cortar, aunque fuera parcialmente, este vínculo con la antigua metrópoli colonial- fue inicialmente lanzada por Trinidad y Tobago en la década pasada, pero más tarde quedó postergada.
Posteriormente, en 1993, el comité judicial del Consejo Privado Británico -último tribunal de alzada para muchos de los países de la región caribeña- emitió un fallo que sentó jurisprudencia para el caso de sentenciados a muerte que hayan pasado más de cinco años sin ser ejecutados.
El Consejo Privado determinó que esas personas tendrán derecho a ser tratadas como víctimas de un castigo cruel y extraordinario si fueren finalmente enviados a la horca, y en consecuencia deberá conmutarse su pena por la de prisión perpetua.
La aplicación de este criterio en diversos casos posteriores disgustó a los gobernantes de algunas de las islas, que tuvieron que aceptar la modificación de sentencias en la corte británica.
Trinidad y Tobago, por ejemplo, ha pensado en aprobar leyes que deroguen la jurisprudencia sentada en Londres en 1993.
Al mismo tiempo que vuelve al tapete la cuestión de una corte caribeña de apelaciones, se reiteran las reservas acerca de la supuesta independencia de ese tribunal en sociedades tan pequeñas como éstas, que podrían amenazar la imparcialidad de los jueces.
Se espera que el gobierno de Trinidad y Tobago presente esta semana una moción -en una reunión de procuradores generales que tiene lugar en St. Kitts-Nevis- recomendando que los Estados aprueben la creación de una corte regional de apelaciones con competencia únicamente en materia penal.
El procurador general de Trinidad y Tobago, Ramesh Lawrence Maharaj, entiende que la materia civil debe continuar en la jurisdicción del Consejo Privado Británico.
La razón de esta distinción hay que hallarla en el hecho de que los titulares de fuertes inversiones extranjeras ven con malos ojos la idea de que una corte regional sea el árbitro final de la justicia, y prefieren que el Consejo Privado Británico siga teniendo la última palabra.
La preocupación que rodea a la necesaria independencia de una corte caribeña de apelaciones fue reforzada en los últimos tiempos por el nombramiento de un ex ministro de Dominica para integrar la Corte del Caribe Oriental, un tribunal subregional.
Los abogados más veteranos se apresuraron a señalar el hecho como una muestra de lo difícil que sería encontrar jueces que mantuvieran una imagen de imparcialidad, por encima de las influencias políticas.
Guyana resolvió la cuestión muy poco después de su independencia, a la que accedió en 1970. El entonces presidente, Forbes Burnham, planteó la necesidad de crear un tribunal regional de justicia, pero su idea fue ignorada por los otros Estados.
Burnham creó entonces la Corte de Apelaciones de Guyana, aboliendo al Consejo Privado Británico como tribunal de última instancia. Sin perjuicio de ello, los jueces de este país citan y aplican la jurisprudencia del Consejo.
Se espera que la reunión de procuradores generales apruebe la propuesta de Trinidad y Tobago. Según su primer borrador, la corte podría quedar establecida tras la ratificación de tres Estados.
Los jefes de Estado y de gobierno de los países del Caribe tendrían oportunidad de aprobar el proyecto en la reunión semestral que celebrarán en Antigua y Barbuda en febrero próximo. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/arl/ip/96
