MANAGUA – En Nicaragua, a pocos días del inicio de una nueva Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano, la práctica de la fe continúa bajo restricciones crecientes, con celebraciones a puertas cerradas, vigilancia constante y una reducción sostenida de los espacios públicos para la expresión religiosa.
El fenómeno, inusual en América Latina, no es nuevo en el país: deriva de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, cuando manifestantes salieron a las calles para oponerse a la reforma del Seguro Social, en unas protestas que se ampliaron al recchazo contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007. La respuesta fue una inclemente represión.
Desde entonces, el régimen nicaragüense ha desatado una política masiva de anulación, cierre y confiscación de más de 5700 organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas privadas, universidades, partidos políticos y organizaciones religiosas de todo orden.
El mayor castigo político, y el más documentado, lo ha recibido la Iglesia católica, con la expulsión de sacerdotes que luego de ser secuestrados y desaparecidos por meses, han sido enviados en avión a Estados Unidos, Guatemala y al Estado de El Vaticano.
Este país centroamericano, con una población estimada en alrededor de 6,9 millones de habitantes, mantiene una mayoría cristiana: aproximadamente entre 45 % y 50 % de la población se identifica como católica y cerca de 35 % como evangélica, según estimaciones de Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
Sin embargo, ese peso histórico y cultural de la religión contrasta con un entorno cada vez más limitado para su ejercicio público.
Política de Estado
La investigadora nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina, una de las principales fuentes de documentación sobre el tema, dijo a IPS que la persecución religiosa en el país no es un fenómeno aislado, sino “una política sistemática que se ha consolidado con los años”.
En sus informes más recientes, Molina documenta al menos 309 religiosos expulsados, desterrados o forzados al exilio hasta febrero de 2026, en su gran mayoría nicaragüenses.
Ese número incluye obispos, sacerdotes, monjas, seminaristas y diáconos, algunos de los cuales han enfrentado detenciones, interrogatorios o restricciones de movilidad antes de abandonar el país.
La captura, condena, denuncias de tortura y posterior destierro del obispo Rolando Álvarez se cita como uno de los ejemplos más visibles y documentados de la política estatal de persecución en Nicaragua, según coinciden informes de organismos de derechos humanos y análisis de expertos internacionales.
Álvarez fue detenido el 19 de agosto de 2022, tras permanecer sitiado durante días en la curia episcopal de Matagalpa, y el 10 de febrero de 2023 un tribunal lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión en un proceso ampliamente cuestionado por su falta de garantías judiciales.
Posteriormente, el 14 de enero de 2024 fue excarcelado y desterrado al Vaticano, tras un proceso secreto en el que se le anuló la nacionalidad y se ordenó la confiscación de sus bienes propios y familiares.
“No se trata solo de expulsiones, sino de un proceso de desgaste continuo que obliga a salir a muchos religiosos”, señaló Molina.
Dentro de Nicaragua, la vida religiosa se ha transformado hasta una situación de limitada sobrevivencia.
En Managua algunas parroquias continúan celebrando misas, pero lo hacen sin convocatorias abiertas y con asistencia limitada. En varios templos, los fieles entran y salen con discreción, evitando concentraciones visibles.
Un sacerdote que permanece en la capital, y que pidió el anonimato por razones de seguridad, describe un ambiente marcado por la cautela. “La gente viene, pero no quiere acercarse mucho a sus pastores. Hay temor. Muchos sienten que hay vigilancia interna”, explicó a IPS mediante una aplicación de mensajería encriptada.
“No es una prohibición explícita en todos los casos, pero sí hay un control constante que condiciona todo”, aduce.
Fe a puertas cerradas
Las cifras acumuladas reflejan la magnitud de las restricciones. Entre 2019 y la Cuaresma de 2026, se han prohibido más de 27 000 procesiones y actividades religiosas públicas, incluidas festividades tradicionales, misas al aire libre y actos de piedad popular.
Solo en el periodo más reciente de la Cuaresma católica, que comenzó el 18 de febrero y perdura 40 días, se contabilizan miles de celebraciones suspendidas o trasladadas al interior de los templos.
Además, más de 1650 organizaciones religiosas, instituciones educativas vinculadas a iglesias, obras sociales y asociaciones civiles han sido cerradas o confiscadas desde 2018, según registros citados por Molina y organizaciones de derechos humanos.
Este proceso forma parte de una ola más amplia de cancelaciones que afecta a miles de entidades en el país.
Los incidentes documentados incluyen asedios a templos, presencia policial permanente en los alrededores de iglesias, restricciones a actividades pastorales y censura indirecta de mensajes religiosos.
Molina ha señalado que, aunque el número de denuncias ha disminuido en los últimos años, esto no implica una reducción de los incidentes, sino una mayor autocensura por temor a represalias.
En algunas diócesis, como León, a aproximadamente 100 kilómetros al noroeste de la capital y Matagalpa, al noreste de Managua, se han restringido las actividades pastorales puerta a puerta, mientras que en otras regiones se han suspendido ordenaciones sacerdotales, afectando la renovación del clero católico.
También se han cerrado medios de comunicación religiosos, confiscados bienes, templos y cuentas y se han disuelto organizaciones vinculadas a las iglesias.
El impacto de estas medidas se extiende más allá de la Iglesia católica. Comunidades evangélicas, moravas y de otras denominaciones cristianas también han enfrentado limitaciones, especialmente cuando desarrollan actividades comunitarias o expresan posiciones que el gobierno considera críticas.
Desde el exilio, un sacerdote nicaragüense que ahora reside en Costa Rica, y que también pidió mantener su identidad en reserva, describe el proceso como una forma de presión sostenida. “Es un conjunto de medidas que poco a poco reducen el espacio hasta hacerlo inviable”, afirma.
Según su testimonio, muchos religiosos han optado por salir del país no solo por razones personales, sino por la imposibilidad de continuar su labor espiritual. “Cuando no puedes predicar libremente, cuando no puedes visitar a tu comunidad, cuando sientes que cualquier palabra puede tener consecuencias, llega un punto en que no hay margen”, explica a IPS.
Ocho años de persecución
Desde el origen de la crisis 2018, la represión de esas manifestaciones ha dejado más de 300 muertos, por órdenes del exguerrillero izquierdista Ortega y su esposa Murillo -vicepresidenta desde 2017 y declarada copresidenta en 2025, según organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas.
En los últimos ocho años, el dueto presidencial ha afianzado el control total de los poderes públicos, incluidos el judicial, legislativo y electoral, consolidando a Nicaragua como una autocracia familiar.
Durante ese convulso período, la Iglesia católica desempeñó un papel activo como mediadora en el diálogo nacional y brindó refugio a manifestantes en sus templos y edificios. Esa posición marcó un quiebre en la relación entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica, que hasta entonces había mantenido una relación de coexistencia.
Desde entonces, las autoridades sandinistas han acusado a sectores religiosos de actuar con fines políticos, mientras que líderes eclesiales y organizaciones de derechos humanos han denunciado una campaña de restricciones que afecta la libertad de culto y de asociación.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Gheren), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado cientos de incidentes contra instituciones religiosas entre 2018 y 2025, incluyendo detenciones arbitrarias, deportaciones, confiscaciones y campañas de estigmatización.
En sus informes, el Gheren concluye que estas acciones forman parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos y señala que existen elementos para considerar que se trata de un ataque sistemático contra la población civil. También identifica responsabilidades en altos niveles del Estado.
El Vaticano ha seguido de cerca la evolución de la situación, especialmente ante el número creciente de religiosos expulsados o impedidos de ejercer su ministerio. Aunque ha mantenido una postura prudente en el ámbito diplomático, diversas señales indican preocupación por las restricciones a la vida religiosa en el país.
A nivel internacional, la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (Uscirf) recomendó en su informe de 2025, publicado el pasado 14 de marzo, mantener a Nicaragua en la lista de países de “especial preocupación”, debido a lo que describen como violaciones “sistemáticas, continuas y graves” de la libertad religiosa.
Las medidas incluyen sanciones a funcionarios, restricciones migratorias y evaluaciones comerciales vinculadas a derechos humanos.
En paralelo, representantes de gobiernos acreditados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han instado a mantener la atención sobre el país y a promover mecanismos de rendición de cuentas.
Dentro de Nicaragua, sin embargo, el impacto más inmediato se percibe en la vida cotidiana de los creyentes. Las celebraciones religiosas, que históricamente han ocupado espacios públicos y han formado parte de la identidad cultural, ahora se desarrollan en entornos restringidos.
“Para Semana Santa eran romerías de promesantes y fieles a las parroquias. Ahora no ¿quién va querer venir con esas patrullas afuera vigilando quién entre y quién sale?”, se queja el sacerdote en Managua.
En el exilio, la percepción es similar. “Lo que está en juego no es solo la religión, sino el espacio de la comunidad”, señala el religioso católico en Costa Rica.
ED: EG
